El Consell exhibe una reforma tributaria en plena ofensiva del PP
Hacienda airea un informe que propone menor presión impositiva para las rentas bajas y medias Pide al Estado medidas contra el ‘dumping’ fiscal en el impuesto de sucesiones y donaciones
El Consell del Botànic agitó ayer aún más la coctelera de los impuestos al exhibir una propuesta de reforma fiscal de gran calado que afecta de diversa forma a la mayoría de los tributos cedidos (renta, sucesiones y transmisiones patrimoniales) e incluye nuevos impuestos medioambientales y relacionados con la salud, entre ellos la tasa del azúcar. El estudio, que fue encargado hace más de un año a una comisión de personas expertas, pasó ayer por el pleno del Consell, pero, como subrayó la portavoz Mónica Oltra, no es un proyecto de ley, sino un dictamen que el Botànic tendrá que estudiar y decidir si ejecuta o no. Fuentes de Hacienda, por su parte, precisaron que hay de tiempo hasta 2023, aunque algunas cuestiones sí podrían abordarse en el trámite parlamentario. Cabe recordar que hace justo una semana, el Consell dio luz verde al anteproyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat de 2022, una ley pensada para incorporar medidas fiscales y que no incluye de partida ninguna de las cuestiones de este informe.
El momento elegido por el Consell para airear este informe no parece casual. Tiene lugar en medio de la ofensiva del PP de Carlos Mazón que hace un mes presentó una propuesta de rebaja profunda de impuestos en la línea de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un documento que los populares han convertido en el centro de su estrategia y que esta misma semana encontró gran acogida por parte de la patronal.
NEGOCIACIONES El dictamen de la comisión para la reforma tributaria llega además cuando los socios de Gobierno negocian los presupuestos de la Generalitat y hay desacuerdos respecto a la fiscalidad, sobre todo, respecto a la tasa turística que el PSPV es reticente a regular frente a la presión de Compromís y Unidas Podem.
Pero, precisamente, la controvertida tasa a las pernoctaciones es la gran ausente en un dictamen de más de 200 páginas. Sí hay ideas para avanzar en los tributos propios «extrafiscales» para garantizar la suficiencia financiera de la Generalitat y financiar las políticas verdes. Así, se proponen impuestos sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica, sobre la emisión de gases de efecto invernadero y sobre grandes establecimientos comerciales.
La comisión corrige al Consell respecto al impuesto sobre viviendas vacías (aún por aplicar) y cree que hubiera sido menos complejo que fueran los ayuntamientos quienes lo aplicaran con recargos sobre el impuesto de bienes inmuebles. Además, se abre a establecer un impuesto valenciano sobre bebidas con azúcares añadidos que fuera acompañado de otras políticas de salud pública para reducir la obesidad.
Otro de los platos fuertes de la reforma son los tributos cedidos que en la línea de la progresividad sigue dos direcciones: aliviar la carga fiscal para las rentas bajas y medias e incrementarla en las altas. El informe en manos del Consell plantea no tocar el impuesto de patrimonio que grava las grandes fortunas y que el PP quiere eliminar, pero sí generalizar las bonificaciones fiscales en el impuesto de sucesiones y donaciones. Además, y, coincidiendo con la propuesta popular, se propone en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados tipos de gravamen más reducidos para algunos casos concretos como transmisiones de bienes en municipios en riesgo de despoblación o la bonificación completa por adquisición de viviendas en esos municipios.
La tercera pata de esta reforma también tiene lectura política ya que la comisión propone al Estado que se establezca límites mínimos y máximos para que las comunidades autónomas eviten el «dumping fiscal» en el impuesto de sucesiones y donaciones y posibles «conductas de deslocalización de residencia» a efectos de lograr una menor tributación.
En plena disputa con la Comunidad de Madrid a la que el Consell acusa de competencia desleal, los expertos y expertas tributarias se pide también que el Estado armonice y limite determinadas potestades normativas en el impuesto sobre Patrimonio.