Crisis de PSOE y Podemos
Dos cuestiones han abierto una crisis grave entre el PSOE y Unidas Podemos (UP): la reforma laboral y la retirada del escaño al diputado de UP Alberto Rodríguez. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, aseguró ayer que el Ejecutivo va a derogar la reforma laboral del PP, «a pesar de todas las resistencias, que las hay y son muchas», dijo en la clausura del congreso de CCOO. Sus palabras reafirman su postura ante el conflicto surgido en la coalición de gobierno a propósito de quién dirige las negociaciones sobre la derogación de la reforma.
Díaz ha encabezado las negociaciones con patronal y sindicatos desde marzo, pero, llegado el momento decisivo --debe aprobarse antes de fin de año--, Pedro Sánchez en persona ha dado instrucciones de que un tema que afecta al menos a cinco ministerios --Trabajo, Economía, Hacienda, Inclusión y Educación-- sea coordinado por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, cuyas discrepancias de fondo con Díaz sobre la reforma son patentes. Calviño nunca ha aceptado la «derogación» total, y prefiere más bien cambios en las cuestiones más lesivas para los trabajadores.
La instrucción del presidente del Gobierno es impecable porque es una reforma tan importante que afecta a todo el Gobierno, y es lógico que la responsable de la política económica, Calviño, coordine los trabajos. Por eso están fuera de lugar las acusaciones de «injerencia» del Ministerio de Economía en el de Trabajo que ha lanzado UP.
La reforma laboral es un tema del que está muy pendiente la Comisión Europea, alineada con Calviño, y Sánchez no se puede permitir que la UE se fije más en las discrepancias internas que en las cuestiones de fondo, que afectan especialmente a la duración temporal de los convenios y a la preeminencia de los sectoriales sobre los de empresa, que el PP situó por encima de los de sector. En estos puntos, que centran las divergencias entre Díaz y Calviño, Trabajo mantiene las posiciones más radicales. Los cambios deberían aprobarse cuanto antes para que la discusión no se enquiste.
La otra cuestión --más grave porque se anuncia una querella de una parte de la coalición contra la otra, algo inédito --se refiere a la decisión de Meritxell Batet de retirar el escaño al diputado de UP Alberto Rodríguez siguiendo las instrucciones del Tribunal Supremo--. Rodríguez recibió una condena de un mes y medio de prisión --sustituida por una multa de 540 euros-- por agredir a un policía. UP siempre ha dicho que fue condenado sin pruebas y se opone a la retirada del escaño, lo que han corroborado los letrados de la Cámara. Pero el Supremo entiende que la pena de «inhabilitación especial por pérdida del derecho al sufragio pasivo», accesoria a la de cárcel, no ha decaído al pagar la multa, se mantiene la inhabilitación y debe dejar de ser diputado.
Batet pidió aclaraciones al Supremo y el alto tribunal contestó que la inhabilitación era «obligada», por lo que la presidenta del Congreso retiró el escaño. En el cumplimiento de las sentencias no puede haber dudas y menos en un tema tan delicado como es la retirada de la condición de un cargo electo. Por eso hizo bien Batet en pedir aclaraciones antes de actuar, a riesgo de afrontar una querella de UP por presunta prevaricación, decisión sorprendente entre dos partidos que gobiernan juntos.
La reforma laboral y la retirada del escaño al diputado de UP Alberto Rodríguez vuelven a enseñar las grietas en la coalición de gobierno