El TSJ reconoce el derecho a saber quién se vacunó de forma irregular
Admite el recurso del PP, a quien Sanitat negó los nombres por «protección de datos» Puig dice que se cumplirá la sentencia y los populares hablan de «opacidad»
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana reconoce el derecho al PP a obtener de la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública documentación sobre la administración o no de la segunda dosis de la vacuna contra el covid-19 a las personas a las que se les había administrado de forma irregular la primera.
Así lo establece en una sentencia de la Sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de fecha 13 de octubre, y que estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el diputado del Grupo Popular de Les Corts Valencianes José Juan Zaplana, contra una resolución del 20 de abril de la consellera de Sanitat Universal y Salut Pública sobre la petición de información sobre el expediente.
Zaplana solicitó que le fuera trasladada una copia de todos los informes que tenga la Conselleria sobre la administración o no de la segunda dosis a las personas a las que se les ha administrado irregularmente. El presidente de Les Corts trasladó la petición a la Generalitat y Sanitat adujo la negativa a facilitar la información a una serie de consideraciones jurídicas y al carácter «íntimo» de los datos en base al Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Derechos Humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina y la ley Orgánica de Protección de Datos.
El diputado popular recurrió al considerar que los datos solicitados «no son relativos a la salud de las personas, sino al procedimiento de vacunación seguido por la Administración y en qué medida se habría facilitado la vacunación ilegal de personas de responsabilidad pública». El Ministerio Fiscal suscribió la estimación de la demanda sobre la vulneración del derecho.
La sentencia recoge que asiste la razón a la Generalitat en su alegato de que «cabe la denegación de acceso a la documentación interesada por un parlamentario cuando existan razones fundadas que así lo justifiquen, pues no se trata de un derecho sin límites».
Tras conocer la decisión judicial, Zaplana dijo que los tribunales «condenan la actitud del gobierno de Puig al esconder su pésima gestión de la pandemia y al intentar camuflar las pifias de su consellera de Sanitat» y criticó la «opacidad» del departamento que encabeza Ana Barceló.
Por su parte, el president de la Generalitat, Ximo Puig, afirmó que la Administración autonómica «cumplirá» la sentencia del TSJCV. «Si así lo ha dicho la justicia, es bueno saber exactamente quiénes son las personas que en un momento dado no cumplieron los protocolos que correspondían», afirmó. También la portavoz socialista de Sanitat en Les Corts, Carmen Martínez, se pronunció sobre el asunto: «La respuesta de la Conselleria a la petición de información se ajustó estrictamente a la normativa vigente de protección de datos». Además, lamentó que los populares «inviertan siempre toda su energía en crispar y enfrentar a la sociedad valenciana».