PSOE y Podemos salvan la ley de vivienda en plena batalla interna
Los socios cerraron el viernes el proyecto de ley pese a la tormenta sobre la reforma laboral Las autonomías gestionadas por el PP ya han avanzado que no aplicarán la normativa
La coalición del PSOE y Unidas Podemos vivió el pasado viernes una jornada tensa y contradictoria. El partido morado anunció que se querellaría por prevaricación contra la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, quien había retirado el escaño al diputado Alberto Rodríguez, condenado por pegar una patada a un policía en 2014. También exigió en público una reunión por las presuntas «injerencias» de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en la reforma laboral, prefigurando la que será la principal batalla dentro del Gobierno central. Sin embargo, mientras caía toda esta tormenta, hubo un importante avance. Los socios cerraron la ley de vivienda, uno de los asuntos que más les ha enfrentado durante la legislatura, y la norma dará su primer paso en el Consejo de Ministros de mañana.
A primera hora del pasado jueves, socialistas y morados seguían afanados en la redacción del texto –al que ha tenido acceso este diario– y había quienes auguraban un fin de semana largo de negociaciones. Sin embargo, el acuerdo definitivo llegó el viernes. Las conversaciones finales quedaron al margen de la batalla interna en el Ejecutivo. El borrador de la ley recoge todas las medidas que ya se habían avanzado, en un claro ejemplo de que los puentes continúan funcionando: límites a los alquileres de empresas que tengan más de 10 inmuebles, incentivos para que los pequeños propietarios los bajen, sanciones para quienes tengan casas vacías en las consideradas zonas tensionadas y destinar el 30% de las nuevas construcciones a vivienda protegida, aunque aquí los ayuntamientos tendrán que compensar a los promotores.
El Consejo de Ministros dará el visto bueno al anteproyecto de ley, iniciará así el trámite de consulta pública y será después cuando llegue al Congreso de los Diputados. En el Gobierno confían en que su aprobación definitiva llegue a finales de 2022. En todo caso, se aplicará solo en aquellas comunidades y municipios que así lo decidan, lastrando su capacidad para cambiar el mercado. Madrid y Galicia, por ejemplo, ambas gobernadas por el PP, ya han anunciado que se desentienden de la norma. A esto se suma que algunas de las medidas más contundentes no se podrán desplegar hasta la primavera de 2024. Para entonces, ya se habrán celebrado elecciones generales y habrá un Gobierno nuevo en la Moncloa, sea cual sea su color.
«PRIMERA DE LA DEMOCRACIA» «Por fin, después de más de 40 años, se aprobará la primera [ley de vivienda] de la historia de la democracia», dijo Pedro Sánchez ayer, durante la clausura del congreso del PSOE extremeño, una cita en la que el presidente del Gobierno anunció que el próximo Consejo de Ministros aprobará también 100 millones adicionales para ayudar a los hogares vulnerables.
Pocos asuntos han provocado tantas discusiones entre el PSOE y Podemos como la ley de vivienda. Su capacidad para tensar el Ejecutivo solo es superada por la reforma laboral, la gran pugna que se avecina, con Díaz asegurando que