El cambio de nombres de vías franquistas afectará al vecino
Deberá tramitar la nueva nomenclatura en sus documentos personales y recibos
Los vecinos de la capital de la Plana que residen en las seis calles con nombres franquistas a las que el Ayuntamiento de Castelló ha tenido que cambiar la denominación, en cumplimiento de la ley de Memoria Histórica de la Comunitat Valenciana, tienen por delante la ardua tarea de variar la nomenclatura de su lugar de residencia en sus documentos personales. Y la tendrán que realizar en las próximas semanas, en cuanto el consistorio les comunique la nueva denominación oficial después de que la junta de gobierno haya aprobado la propuesta esta misma semana. Una fumata blanca que llega tras meses de debate entre el Acord de Fadrell y después de que Compromís haya cedido a eliminar de su propuesta el nombre de Guillem Agulló. Esto facilitó el consenso entre los grupos municipales del PSOE, los nacionalistas y Podemos, la semana pasada.
NOTIFICACIÓN El gobierno local que preside Amparo Marco notificará a los castellonenses que hasta ahora han vivido en las calles Carlos Fabra Andrés, Santos Vivanco, plaza Herrero Tejedor, Cronista Revest, Traver Tomás y la plaza Sánchez Gozalbo que, antes de final de este año, lo harán en Beatriz Guttmann, Joan Fuster, plaza Isabel Clara Simó, Padre Ricardo, Germà Colón y la plaza Empar Navarro, respectivamente.
Pese a que el Ayuntamiento se encargará de actualizar el padrón e informar a las administraciones de esta variación en la nomenclatura y rotular de nuevo los espacios afectados por la ley de Memoria Histórica, tendrán que ser los vecinos los que se preocupen de tramitar el cambio de dirección en sus documentos personales como, por ejemplo, el DNI y el pasaporte, o los recibos de la luz, el agua o también la información de la que disponen los bancos.
¿Y LA CRUZ? Por otra parte, y en cuanto se refiere al traslado de la cruz del parque Ribalta, también en base a la ley de Memoria Histórica autonómica, el plazo para presentar propuestas sigue abierto. Una obra que el Ayuntamiento ha tenido que volver a sacar a licitación después de que la empresa que tenía que ejecutarla no lo haya hecho. Las firmas interesadas en los trabajos disponen de plazo hasta el 22 de septiembre.