El Gobierno pide que el catalán pueda usarse en la Eurocámara
El Gobierno central dio ayer un paso para atender una de las más antiguas reclamaciones de la Generalitat catalana (fuese del color político que fuese) y de la mayoría de partidos de esta comunidad: la posibilidad de utilizar la lengua catalana en el Parlamento Europeo. Mediante una solicitud formal por carta a la Eurocámara, la Moncloa cumple uno de los compromisos que alcanzó con el Ejecutivo de Pere Aragonès en la última reunión de la mesa de diálogo en relación con el fomento de los idiomas cooficiales de España, pues la petición se extiende al gallego y al euskera.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, responsable del Consejo de Lenguas, anunció que ha remitido una carta a la presidencia del Parlamento Europeo en la cual se insta a que el catalán, el gallego y el euskera, además del castellano, puedan ser lengua de uso en los plenos de la Eurocámara, tal como se acordó en la mesa de diálogo.
La petición realizada a Bruselas incluye también el gallego y el euskera
El anuncio se oficializó tras una reunión mantenida ayer por Rodríguez con la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, y el Gobierno central se ha comprometido a asumir los gastos de la iniciativa y a negociar los detalles de su puesta en marcha en caso de que la respuesta de Europa sea positiva.
En la carta, remitida por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, el Gobierno de Pedro Sánchez argumenta que, en el actual contexto de mayor demanda de transparencia y de mejoras en la participación ciudadana en las instituciones europeas, considera que «se dan las condiciones para reiterar la petición» de «posibilitar el uso en el pleno del Parlamento Europeo de las lenguas españolas distintas del castellano que gozan de estatuto oficial en España». El acuerdo en la mesa de diálogo preveía la presentación de una solicitud ante la Mesa del Parlamento Europeo, junto con «una propuesta para que sea técnica y financieramente viable». La misiva deja claro que España asumiría los costes correspondientes a la puesta en práctica de esta iniciativa.