Un centenar de españolas viaja a Bélgica cada año para abortar
La reciente reforma sigue sin amparar a una parte de las mujeres que reciben un mal diagnóstico tardío En España solo se permite abortar a partir de las 22 semanas cuando hay riesgo para la madre
Cerca de un centenar de españolas acuden cada año a abortar a Bruselas, según cifras del Centro Hospitalario Universitario de la capital belga. Es un hospital público. Y ellas, mujeres que ya han pasado la semana 22 de gestación y que deciden abortar porque les llega un diagnóstico tardío de malformación del feto. Para poder interrumpir el embarazo en España, deben pasar por un comité clínico hospitalario que no siempre les da luz verde. Es ahí cuando muchas deciden viajar al extranjero para abortar. Bélgica (en concreto su Hospital Público Universitario), pero también Francia o EEUU, son algunos de los destinos.
Existen entidades que acompañan a estas mujeres, tanto a nivel emocional como informativo en el proceso de la interrupción del embarazo, ya sea en España u otro país. La ley del aborto de España, una de las más progresistas del mundo, permite el aborto libre hasta la semana 14. A partir de ahí y hasta la 22, la mujer, para interrumpir el embarazo, necesita un informe médico que certifique que hay un grave riesgo para la vida o salud de la embarazada o anomalías incompatibles con la vida. A partir de la semana 22, entran en juego los comités clínicos de los hospitales.
NUEVA LEY La reciente modificación de esta ley, que le ha dado un cariz aún más reformista (principalmente porque las menores de 16 años pueden poner fin al embarazo sin consentimiento paterno o materno), sigue sin amparar a aquellas mujeres que deciden abortar más allá de las 22 semanas porque el diagnóstico es tardío (hay enfermedades que no se detectan hasta el tercer trimestre) pero también decisivo: el feto tiene una malformación que, aunque es compatible con la vida, hace que su pronóstico vital, de nacer, sea muy dudoso. Los expertos advierten, además, de lo confuso del término «compatible con la vida», dado que, en la actualidad, prácticamente todas las malformaciones, incluso las consideradas «gravísimas», lo son.
«La ley belga es muy parecida a la española, pero difiere en un punto. Aquí dice que puedes abor
tar cuando la anomalía es grave para el feto [en España, a partir de las 22 semanas, solo si es incompatible con la vida] y para la madre», señala Teresa Cos, ginecóloga catalana del Centro Hospitalario Universitario de Bruselas que atiende a El Periódico por videollamada. «Me vienen al mes unas dos españolas y unas cuatro o cinco italianas. Son mujeres que lo pasan muy mal, que quieren ser madres pero que deciden abortar al
conocer el estado de salud del feto. Tienen que viajar... Es muy duro», dice. Esta ginecóloga alerta, además, de la desigualdad territorial en España: en algunas autonomías es mucho más fácil abortar que en otras. Por ejemplo, Cataluña y Baleares son de las «más abiertas», mientras que en otras, como la Comunidad de Madrid, la mujer solo puede poner fin al embarazo en clínicas privadas.
Ni en las comunidades ni a nivel estatal hay un registro global de mujeres que se marchan al extranjero a abortar. Tampoco de a cuántas se les deniega el aborto.
LA SITUACIÓN EN ESPAÑA La situación en el conjunto de España es más compleja. «El 80% de los ginecólogos españoles --dice-- son objetores de conciencia. No necesariamente por creencias, sino porque no quieren hacer abortos, no quieren que los tachen de abortistas. En los centros privados que hagan lo que quieran, pero en los públicos el Estado tendría que obligar a hacer abortos. Si no, no seas ginecólogo», opina Cos. La ginecóloga advierte de que hay malformaciones que aunque inicialmente son compatibles con la vida, abocan al niño o niña y a sus familias a vidas «muy dolorosas». No siempre hay instituciones que se encarguen de los elevados costes que tienen los tratamientos. «A ninguna mujer le gusta abortar, ni siquiera en el primer trimestre», asevera.