El Gobierno defiende ante Europa el sistema de elección en el CGPJ
La Abogacía del Estado presenta alegaciones en el tribunal de Estrasburgo
El Gobierno defiende el actual sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el parlamento frente a las posturas de otros grupos políticos, entre ellos el PP, que buscan que sean los propios jueces los que designen a sus representantes de origen judicial en este órgano. La defensa se realiza en todos los ámbitos, la última a finales de la pasada semana ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en respuesta a una demanda presentada por seis magistrados que integran la lista de candidatos que lleva paralizada en el Congreso de los Diputados desde hace cuatro años.
El Periódico de España --medio de Prensa Ibérica, el mismo grupo al que pertenece Mediterráneo-- ha tenido acceso a esas alegaciones, en las que los servicios jurídicos del Estado rechazan que la situación vulnere derechos fundamentales de los candidatos demandantes --pertenecientes a la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (AJFV)--, que solicitan amparo frente a la inactividad mostrada por las Cortes Generales en la designación parlamentaria de los vocales del CGPJ.
El escrito, que firman los letrados Alfonso Brezmes Martínez de Villareal y Luis E. Vacas Chalfoun como agente y coagente del reino de España ante la corte de Estrasburgo, respectivamente, subraya que la mayoría reforzada que se regula en el artículo 567.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) --donde se dice que cada una de las cámaras elegirá a diez vocales, cuatro entre juristas y otros seis pertenecientes al turno judicial-- «conlleva una garantía en la objetividad del nombramiento, evitando imposiciones partidistas y, por ende, constituyendo una garantía adicional en la independencia de los vocales una vez designados».
Reconoce no obstante que «esta garantía, a su vez, de objetividad y ulteriormente de independencia», lleva consigo inherente «una mayor dificultad en la obtención de mayorías y por consiguiente la mayor probabilidad de que el proceso se dilate en tanto en cuanto los parlamentarios no alcancen un consenso suficiente». No obstante, insiste el Gobierno que ello no supone una lesión desproporcionada a un supuesto derecho a ocupar la plaza del consejo (que no existe) toda vez que los candidatos siguen ostentando la condición de tales y los que sean elegidos desempeñarán con plenitud sus funciones de vocales.