La okupación de casas se duplica en solo tres meses en Castellón
Los casos registrados de enero a julio fueron 182, una cifra próxima a los 224 de todo el año pasado Los afectados lamentan la dilación del desahucio y que tenga «más protección el okupa que el dueño»
Sin freno. Así se encuentra el fenómeno de la okupación en la provincia. Y es que los casos de usurpación de inmuebles se han duplicado prácticamente en solo tres meses, pasando de 98 denuncias entre enero y abril a 182 hasta el mes de julio, según los datos del Ministerio del Interior.
Este 2022 se vislumbra como el ejercicio que marcará un nuevo récord en okupación de viviendas en Castellón, pues el balance de los primeros siete meses del año ya supera el 80% de los casos contabilizados en todo 2021, cuando la cifra anual fue de 224. El número de asuntos de los que ha tenido conocimiento tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil ha ido in crescendo en los últimos cinco años, siendo de 78 en 2017, 82 en 2018, 81 en 2019, 134 en 2020 y 224 en 2021.
Los afectados lamentan la dilación de los procesos judiciales para conseguir el desalojo de sus casas y la sensación general es que hay «más protección al okupa que al legítimo propietario». Así lo perciben víctimas como la castellonense Sara García, quien tiene una casa de veraneo en Extremadura. Recientemente, en una visita a su segunda residencia, descubrió que la habían okupado y, tras recibir asesoramiento legal sobre los pasos a seguir y los plazos para una resolución favorable, tomó la determinación de contratar a una empresa de desokupación.
«PAGUÉ A UNA EMPRESA» «No estaba del todo segura de mi decisión, pero viviendo en la otra punta de España, el procedimiento se me hacía aún más complejo. Pagué a la empresa unos 3.000 euros y en menos de una semana mi casa quedó liberada», relataba la afectada a este diario. Aun así, García es consciente de que nada garantiza que la situación pueda repetirse en un futuro y reconoce que vive «con miedo» a verse de nuevo en aquella «auténtica pesadilla».
La Comunidad de Madrid puso en marcha el pasado 12 de julio el llamado servicio 112 Ocupación para gestionar avisos de ocupación ilegal de viviendas en la región con el objetivo de resolverlas en las primeras horas tras su notificación. Y es que, como indican los expertos, los tiempos de actuación resultan «clave», cambiando sustancialmente el escenario si transcurren más de 48 horas.
Abogados consultados por Mediterráneo advierten de que hay que acudir a la vía judicial para resolver este tipo de conflictos, aunque admiten que la justicia «es más lenta de lo deseable».
TRES TIPOS DE OKUPACIÓN Ateniendo a los tipos de okupación, pueden distinguirse tres casos. Por una parte, está la directa, cuando se produce la llamada patada en la puerta o rotura de bombín (cuando el afectado no tiene acceso a su vivienda). En segundo lugar está la okupación indirecta, en la que se accede a una casa que está vacía o que es propiedad de un banco. Y finalmente, existe un fenómeno cada vez más en auge que es el de la inquiocupación, cuando un alquilado deja de pagar tras haber firmado un contrato (al alza desde la pandemia).
La Generalitat tampoco se libra de las okupaciones y es que, según la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda, hay 1.600 viviendas del parque público con inquilinos irregulares en la Comunitat.