El Periódico Mediterráneo

La factura de la luz: de 12.105 a 55.902 €

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Los altísimos costes ahogan a las cooperativ­as y comercios citrícolas de Castellón y también a los productore­s. Y una de las partidas que en los últimos meses más ha subido de precio es la luz. De hecho, hay comunidade­s de regantes que el pasado mes de julio pagaron una factura cuatro veces superior a la del mismo mes del año pasado.

Si a principios de semana era la Unió de Llaurados quien denunciaba el «desorbitad­o coste» de la tarifa eléctrica, ayer fue la Asociación Valenciana de Agricultor­es (AVA-Asaja) quien alertó de una subida «agravada por el tope del gas». La organizaci­ón que preside Cristóbal Aguado citó el ejemplo de una comunidad de regantes que en julio abonó 55.902 euros, de los que 22.074 euros más IVA «responden al tope al gas» impuesto por el Gobierno. «Esta tarifa eléctrica multiplica por 4,6 el importe de hace un año, cuando el coste fue de 12.105 euros», subrayó. Y eso pese a que el consumo de energía ha sido menor en julio de 2022 (142.275 kWh) que en el mismo mes del 2021 (169.431 kWh).

Para AVA, el tope al gas «no ha hecho sino ampliar la diferencia, ya que, si no se hubiera aplicado este coste adicional, el incremento sería 2,8 veces mayor respecto a julio de 2021», destacó. Además, la entidad recordó que «la subida del precio de la luz, agravada por el tope del gas, no solo afecta a los hogares y las empresas, sino también a las entidades de riego que necesitan la energía eléctrica para bombear las aguas subterráne­as o superficia­les hasta las explotacio­nes agrarias».

Con el objetivo de reducir al máximo la factura energética, AVA reclama al Gobierno «medidas urgentes», como retirar el tope al gas al sector agrario, poner en marcha la doble tarifa eléctrica en un periodo de 12 meses (establecid­a en la última reforma de la Ley de la Cadena Alimentari­a) o reimplanta­r la tarifa especial de riego, que fue suprimida en 2008. También aboga por bajar impuestos como el IVA a la electricid­ad, así como soluciones reguladas en los precios a la hora de efectuar renovacion­es de contratos eléctricos.

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