Radiografía de la disparidad fiscal entre comunidades
El impuesto de un patrimonio de 800.000 euros implica cero euros en Madrid y 769 en Cataluña El fuerte crecimiento de los ingresos alienta a las autonomías del PP a bajar o suprimir impuestos
La decisión del presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla (PP), de bonificar ya desde 2022 el 100% del impuesto sobre patrimonio en su comunidad –siguiendo la estela de la decisión adoptada en Madrid en 2011– ha revolucionado el debate sobre la competencia fiscal entre las autonomías. Y lo ha revolucionado por dos motivos. Primero, porque al ser la segunda región con menor renta per cápita (después de Canarias) y la que menos recursos por habitante recibe del sistema de financiación autonómica (junto con Valencia y Murcia) era difícil imaginar que Andalucía se iba a permitir bonificar un impuesto que hasta ahora reporta 93 millones a sus arcas autonómicas. Segundo, porque Moreno ha reconocido abiertamente que lo que busca es robar contribuyentes ricos de otras comunidades y ha apelado directamente a los que residen en Cataluña.
La mejora de los ingresos tributarios que la recuperación económica posterior al covid y la inflación están proporcionando a las comunidades autónomas parece favorecer ahora la toma de decisiones que en otros momentos hubieran sido sumamente arriesgadas. Con datos hasta el mes de junio la recaudación de impuestos de las comunidades ha crecido el 10,7%, aportando 3.525 millones más al conjunto de las arcas autonómicas.
En concreto, la recaudación fiscal en Andalucía ha crecido el 8,1% hasta junio (302 millones más que en igual que periodo de 2021); el 8,5% en Cataluña (623 millones adicionales) y el 8,6% en Madrid (614 millones más). En Murcia, que acaba de anunciar que rebajara su tramo autonómico del IRPF en un 4,1% para corregir la inflación, la recaudación por sus impuestos sube el 14,5% (93 millones) y en Galicia, cuyo gobierno ha comprometido una bonificación adicional del 25% en el impuesto sobre patrimonio, hasta el 50%, sus ingresos tributarios suben el 9,8% (142 millones adicionales hasta junio).
La competencia fiscal entre las comunidades autónomas no es nueva. En mayor o menor medida, las comunidades han hecho uso de su capacidad de subir o bajar los impuestos sobre los que tienen cierta capacidad normativa, pero estas prácticas se acentuaron sobre todo a partir de 2008, con la crisis económica y la necesidad de mayores ingresos.
Después de eso, la tendencia a subir impuestos cedidos se mezcló con una competencia a la baja en la que la Comunidad de Madrid, con su entonces presidenta Esperanza Aguirre (PP), entró a saco, a través de sus impuestos sobre la renta, sobre sucesiones y sobre patrimonio (que lo suprimió en 2011). El resultado es una disparidad creciente entre los impuestos que se acaban pagando en una comunidad u otra, según los casos. Cálculos realizados por la doctora en Ciencias Económicas Maite Vilalta Ferrer en el volumen Desafíos pendientes de la descentralización en España, con datos sobre 2017, estiman que las decisiones tomadas por el conjunto de los gobiernos autonómicos supusieron entonces una pérdida de recaudación de 1.695 millones de euros (el 1,7% del total de sus ingresos potenciales) respecto a lo que hubieran podido recaudar sin haber ejercido sus competencias autonómicas. En Madrid, los cambios supusieron una pérdida del 14,1% sobre su recaudación potencial. Mientras, en Extremadura permitieron casi duplicar su recaudación (con un aumento del 98,6%).
El juego que han practicado unas y otras comunidades sobre los diferentes impuestos dan como resultado que los contribuyentes no paguen el mismo nivel de impuestos en unas comunidades que en otras. Así, por ejemplo, se ha llegado a 2022 con tipos mínimos en el tramo autonómico del impuesto sobre la renta que oscilan entre el 8,5% de Madrid y el 10,5% de Cataluña y tipos máximos entre el 20,5% (Madrid) y el 29,5% de Valencia (para rentas a partir de 175.000 euros).
Sumando el tramo estatal y teniendo en cuenta las haciendas forales, el tipo mínimo del IRPF oscila entre el 13% que se paga en Navarra y el 23% del País Vasco (en Madrid, el 18%. El tipo máximo bascula entre el 45% resultante en Madrid y el 54% que resulta en la Comunitat Valenciana, según datos recopilados en el informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2022, del Registro de Economistas Asesores Fiscales, del Consejo General de Economistas.
Cataluña despunta como la comunidad con el impuesto sobre la renta más caro para contribuyentes con salarios brutos de entre 20.000 y 30.000 euros. Para el ejemplo de un contribuyente ca
talán soltero con un sueldo de 30.000 euros, la diferencia es de 358 euros de mayor tributación respecto a Madrid. La diferencia entre el IRPF más caro y el más barato se acerca a los 45.000 euros si se compara el caso de un contribuyente valenciano con rentas del trabajo de 600.000 euros, frente a uno similar en Madrid.
En el caso del impuesto de patrimonio la diferencia va entre la tributación cero de Madrid (y, a partir de ahora, de Andalucía) y los 1.164,37 euros que tendría que tributar en Aragón un contribuyente con un patrimonio de 800.000 euros (sin contar el valor de la vivienda habitual hasta 300.000 euros).
Con carácter general –según corrobora el análisis de Alberto Monreal, socio de PwC Tax & Legal– la menor factura fiscal la obtienen los contribuyentes de Madrid, seguidos de los de Canarias y Ceuta y Melilla. En el pelotón de las comunidades más gravosas para los contribuyentes casi siempre está Cataluña, junto con Aragón, Asturias, Castilla La Mancha y Comunidad Valenciana. La cuestión es si tales diferencias son capaces de provocar el éxodo de contribuyentes a otras comunidades, pero apenas hay datos que ofrezcan una respuesta.