Los okupas del PAU Lledó tienen cámaras enfocadas a la calle
Los vecinos denuncian que es una instalación ilegal y alimentada con placas
La red okupa que causa malestar en el PAU Lledó de Castelló y ha provocado la reunión de los vecinos con la alcaldesa, Amparo Marco, para pedir protección ante los problemas de convivencia, parece tener más que controlado lo que sucede en el barrio. Además de peinar de madrugada las calles en busca de otros objetivos inmobiliarios que invadir, como viene publicando Mediterráneo, algunos de los intrusos cuentan también con cámaras ilegales, instaladas aparentemente de forma clandestina y con las que podrían incurrir en numerosas prohibiciones, según ha podido comprobar este periódico in situ. Este tipo de instalación debe realizarse a través de una empresa autorizada, así como colocar los correspondientes carteles que avisen de la videovigilancia. Las imágenes deben grabar el interior de la parcela, pero no pueden recoger imágenes de terceros en la vía pública. En el caso de las cámaras colocadas por los okupas, parecen alimentarse de unas pequeñas placas solares y estar enfocadas a la calle, según han puesto de manifiesto otros residentes en Lledó.
Por su parte, los legítimos propietarios de casas en la zona también han comenzado a instalar cámaras de videovigilancia por temor a sufrir allanamientos, aunque en su caso con todas las garantías. La situación de «inseguridad» ha provocado un creciente malestar en el barrio y algunas familias están ya barajando la posibilidad
de poner en venta sus domicilios por rechazo al clima generado por los okupas y el miedo a que el PAU Lledó, un barrio tradicionalmente asociado a un poder adquisitivo elevado, comience a devaluarse.
La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, se reunió esta semana con representantes vecinales y el nuevo comisario de la Policía Local, Antonio Collado, para abordar la conflictividad en el barrio.
La munícipe prometió a los afectados trabajar para mejorar la seguridad en la zona del barrio de Lledó ante la reivindicación de los vecinos de más patrullas policiales.
Los afectados aseguran que las entidades bancarias propietarias de la mayoría de los chalets asaltados por okupas no se han hecho cargo de la situación, pese a los avisos emitidos por las comunidades de vecinos a las financieras.