España se atraganta con el tabaco
Tres ministros de Sanidad han querido endurecer la ley de 2010
La reforma sobre la materia no está todavía en el horizonte
Cataluña ha anunciado que prevé prohibir fumar en terrazas, marquesinas de autobuses y las entradas de escuelas y centros sanitarios. El Govern de la Generalitat catalana se adelanta así al Gobierno central, que lleva planeando endurecer la ley del tabaco desde hace cuatro años, pero el cambio legal ni está ni se le espera (en un futuro inmediato). De hecho, han sido tres los ministros de Sanidad que han anunciado su intención de ampliar la ley del tabaco, que se aprobó en 2005 y luego fue endurecida, con la prohibición de fumar en todos los bares y restaurantes, en el año 2010, con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno.
En primer lugar, manifestó su intención de reformar la ley María Luisa Carcedo (ministra de 2018 al 2020), al plantear en 2019 la necesidad de liberar de humo las terrazas de los bares y restaurantes e incluir en la norma a los cigarrillos electrónicos y a las nuevas formas de consumir nicotina. El anuncio vino motivado porque, tras la aprobación de la norma, se produjo un ligero descenso en el número de fumadores, como suele ocurrir cada vez que se aprueban o amplían las leyes contra el tabaco, pero en 2017 el consumo experimentó un nuevo repunte (el consumo diario entre los españoles pasó de 31% en 2009 al 34%).
Y es que la ley española fue pionera en Europa a la hora de despejar de humo bares, aviones, centros de trabajo o discotecas, pero a día de hoy se ha quedado obsoleta y es una de las más laxas del entorno europeo en la protección al fumador pasivo, según denuncian médicos y sociedades científicas.
NIVELES PREOCUPANTES De hecho, los datos de consumo se aproximan de nuevo a los previos a la ley antitabaco tras diez años sin actualizarse la norma. Así, el último estudio de consumo de tabaco que maneja el Ministerio de Sanidad, elaborado días antes de que estallara la pandemia de covid, cifra en un 32,2% el porcentaje de españoles de entre 15 y 64 años que consumía tabaco a diario. Una cifra preocupante: cercana a niveles previos a la ley antitabaco de 2005 (32,8%) y lejos del mínimo de dos años después (29,6%).
Tras Carcedo, llegó Salvador Illa (ministro de 2020 a 2021), que al principio de su mandato puso el tabaco en su diana y mantuvo dos reuniones con el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), que reúne a las 46 organizaciones más relevantes en la prevención contra este hábito, y se vio incluso con las tabacaleras, con la intención de aprobar una normativa que ampliara los espacios libres de humo, equiparara todas las formas de inhalar productos tóxicos al cigarrillo convencional y revisara al alza la fiscalidad del tabaco. Pero llegó el covid y sus planes en este ámbito se paralizaron, al igual que muchos otros que estaban previstos. No obstante, durante la pandemia una de las decisiones puntuales que se tomaron fue la evitar el humo en las terrazas, debido al incremento de posibilidades de contagio por los aerosoles.
Su sucesora, Carolina Darias, que tomó posesión en enero de 2021 tras la decisión de Pedro Sánchez de que Illa fuera el candidato del PSC en las elecciones catalanas, también se centró en los primeros meses en la lucha contra la pandemia. Pero, en otoño de 2021, Sanidad difundió que empezaba a «rescatar» temas pendientes y elaboró un borrador del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2021-2025, que fue consultado con las comunidades y las sociedades científicas en el último trimestre del año.
AUMENTO DE IMPUESTOS El plan es muy ambicioso y contempla medidas en varias direcciones, que competen a varios ministerios y que implican aumentar los impuestos del tabaco, equiparar to
dos los productos, ampliar los espacios sin humo, el empaquetado neutro de las cajetillas para que no haya marcas visibles y ampliar el número de tratamientos para dejar de fumar financiados por el sistema nacional de salud.
En abril de 2022, el subdirector General de Promoción de la Salud y Prevención de Ministerio, Jorge del Diego Salas, precisamente en el Congreso anual del CNPT, aseguró que «en las próximas semanas» habría «buenas noticias» sobre el plan integral, pero que no podía dar una fecha exacta de aprobación porque faltaba «un pequeño trámite administrativo». El alto cargo de Sanidad aseguró que la idea era vincular el plan a la modificación de la ley, porque el primero serviría de «paraguas» a la reforma legal y ambos se trabajarían de «manera paralela». Pero, cinco meses después, no ha llegado un plan cuya vigencia debería haber comenzado en 2021 y tampoco hay un horizonte temporal sobre la reforma legal.