Atasco en el juzgado de las agresiones del 9 d’Octubre de 2017
A punto de que se cumplan cinco años, no se atisba el juicio hasta el otoño del 2023
La instrucción acabó en enero del 2021 con el procesamiento de 28 personas
La causa judicial contra los 28 ultras que han podido ser identificados y que protagonizaron decenas de agresiones y otros incidentes el 9 d’Octubre de 2017 cumple cinco años atascada en los juzgados y podría cumplir seis a la espera de que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial señale un juicio cuya celebración no se atisba hasta el otoño de 2023. La instrucción, que ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 15 (el mismo del caso Emarsa o el de la causa contra la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra), concluyó en enero de 2021 con el procesamiento de 28 personas, pero los recursos y la dificultad para analizar la causa y poner de acuerdo a las partes retrasan el juicio.
El origen del proceso judicial está en las agresiones y amenazas que protagonizó un grupo de ultras que trató de reventar la manifestación vespertina de la Comissió 9 d’Octubre y que se produjo en un contexto de tensión política por el proceso independentista catalán iniciado tras el referéndum del 1 de octubre. Algunos de los investigados accedieron a la plaza de San Agustín de València en aparente formación, coreando cánticos y gritos y, en algunos casos, realizando el saludo fascista, según se refleja en el auto de procesamiento. Muchos formaban parte de la extinta Peña Yomus, de aficionados ultra del Valencia CF, y exhibían simbología neonazi.
La fiscal especializada en delitos de odio, Susana Gisbert, ha pedido para los procesados unas condenas que van desde los tres hasta los siete años y medio de prisión.