El golpe policial a la compra de votos en Melilla se salda con 10 detenidos
El número tres de Coalición por Melilla y el yerno del líder del partido pasan a disposición judicial Están acusados de un delito electoral y otro de pertenencia a grupo criminal
La Policía Nacional dejó libres tras detenerles al número 3 de las listas de Coalición por Melilla (CPM) a las elecciones del domingo, Mohamed Ahmed Al-lal, y al yerno de su líder, Mustafá Aberchan, conocido como Abdul Lobo, en el marco de la investigación judicial por una presunta compra de votos por correo en la ciudad autónoma. Así lo indicaron fuentes próximas a la investigación, que añadieron que los mencionados son dos de los diez imputados en esta operación dirigida por un Juzgado de Melilla por un delito electoral y otro de pertenencia a grupo criminal.
Mohamed Ahmed Al-lal es además consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana en el gobierno melillense y fue viceconsejero de Nuevas Tecnologías. Declinó declarar ante la juez por recomendación de su abogado y entregó su teléfono y su pasaporte a esperas de novedades.
Fuentes próximas a la investigación indicaron a la Agencia Efe que después de prestar declaración los agentes dejaron en libertad a los nueve detenidos –siete arrestados ayer y tres el lunes–, que serán citados por la jueza que instruye las pesquisas sobre esta presunta trama.
Agentes de la Policía Nacional con pasamontañas registraron una decena de puntos, especialmente en las afueras de la localidad norteafricana. El despliegue se centró en la carretera de Farhana y en la Cañada de Hidum, dos de los puntos de mayor marginalidad. Uno de los puntos fue la sede del gabinete de comunicación de Coalición por Melilla, el principal partido del gobierno melillense.
FAMILIAS EMPOBRECIDAS La investigación se centra en ambientes relacionados con el narcotráfico local. De dos bandas habrían salido los peones de la trama, delincuentes melillenses encargados de ofrecer a familias empobrecidas entre 50 y 200 euros –«para el Mercadona», decía uno de los compradores– y de prometer puestos de trabajo cuando se formara un nuevo gobierno local.
Según fuentes cercanas a la operación –y sin confirmación oficial– la red estaría ligada a dos cabecillas del menudeo de hachís, ambos marroquíes, que ofrecían dinero entre población migrante con doble residencia, a este y el otro lado de la frontera con Marruecos, y con derecho a voto por empadronamiento en territorio español. La operación, a cargo de agentes de Información de la Policía Nacional, trata de esclarecer si los camellos ofrecieron sus servicios a CpM o fue esta fuerza política la que realizó el encargo.
El pago que la red ofrecía a votantes era superior cuantos más
miembros de una misma familia pudieran aportar. Así, con los precios bajos se tentaba a los votantes aislados, y con hasta 200 euros por cabeza a familias que tuvieran cinco o seis votantes. «Cobrar 1.200 euros por algo tan fácil era muy tentador para estas familias», relata una de estas fuentes. Ir a por las familias era clave para la red, y para ello era crucial convencer a gente bien relacionada en los barrios. La Policía investiga también ese papel de algunos intermediarios.
LAS DETENCIONES La operación se ha desarrollado bajo el secreto dictado por la autoridad judicial. No ha habido confirmación sobre si los antecedentes que tienen los detenidos abarcan también participación anterior en la trama de compra de votos juzgada en 2008, que costó la inhabilitación al líder de Coalición por Melilla, Mustafá Aberchan. El propio Aberchán difundió ayer un mensaje a sus allegados asegurando que la trama en realidad es obra del Partido Popular.
Junto a la línea principal de la investigación, los agentes de información de la Policía no han abandonado otra de carácter preventivo para esclarecer qué relaciones con Marruecos –más allá de su origen– tendrían algunos de los investigados. Las pesquisas tienen en el foco a más de un centenar de personas. Y se han trasladado también a otras ciudades, entre ellas Barcelona, en donde se detectó una entrega de papeletas de la circunscripción de Melilla en una oficina de Correos.
VOTOS POR CORREO De momento, se sabe que la cifra de votos por correo realmente emitidos ha sido baja y eso limita el posible impacto en las elecciones. Por el contrario, hasta este lunes se habían solicitado más de 11.707 votos por correo (una cifra anormalmente alta, uno de cada cinco inscritos en el censo y unas diez veces superior al resto de España). Pero solo 1.302 se han emitido realmente, el 11%. Incluso aunque todos fueran fraudulentos, el impacto en escaños en las elecciones sería limitado.
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla investiga un presunto fraude electoral en el voto por correo en la Ciudad Autónoma después de que se conocieran los asaltos a empleados de Correos portadores de la documentación electoral. La Policía puso en conocimiento de la jueza Carmen María Perles el contenido de las diligencias de investigación que había abierto, en las que se apunta a la actuación presuntamente irregular de decenas de personas. Las alarmas saltaron hace una semana, cuando tres carteros en la misma franja horaria pero en distintos puntos de la ciudad fueron asaltados y se les sustrajo documentación electoral, un incidente que volvió a repetirse dos días después. A partir de ese momento es cuando se decidió que cada cartero estuviera acompañado por agentes de la Policía Nacional, Local o Guardia civil para proceder a la recogida y entrega de documentación electoral.
VIGILANCIA Desde la Delegación del Gobierno pusieron vigilancia policial en la oficina de Correos de Melilla y dotar de protección policial a «cada uno de los carteros» encargados de la entrega de la documentación electoral. También en la frontera terrestre con Marruecos, y en puertos y aeropuertos, para evitar el contrabando de las papeletas. La Junta Electoral de Zona emitió la orden de solicitar identificación a la hora de emitir el voto. La Junta Electoral Central dio el visto bueno a esta decisión, y la amplió a toda España: se exige el DNI o documento similar para emitir votos desde cualquier punto del país con destino a las mesas electorales de la ciudad autónoma.
Las prevenciones surtieron un efecto casi inmediato. El número de peticiones de voto por correo se detuvo en seco, y el grueso de los sufragios solicitados no han llegado a emitirse, lo que es indicativo de la existencia de una trama real y a gran escala para la compra de votos, cuyos detalles aún están por esclarecer. La Asamblea de Melilla tiene 25 escaños. Los 11.000 votos supondrían entre seis y ocho escaños, pero los 1.300 emitidos no alcanzarían uno, dependiendo de la participación.
Según fuentes cercanas a la investigación la red estaría ligada a dos cabecillas del menudeo de hachís