El arreglo de una fachada en Borriol acaba en los tribunales
El Ayuntamiento actuó «por la inacción» del dueño, algo que el propietario rebate
El arreglo de la fachada de un céntrico edificio de Borriol acabará finalmente en los tribunales. El propietario del inmueble, situado en la calle del Raval, ha presentado un contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento por, entre otros motivos, su disconformidad a tener que pagar el importe total de las obras que pagó el consistorio para poner solución al riesgo de derrumbe que presentaba la estructura. En su momento, el alcalde, Hèctor Ramos, esgrimió que el consistorio había tenido que intervenir por «la inacción» del dueño, algo que él niega
y asegura que no está dispuesto a abonar esa cantidad porque el edificio (el antiguo Cine Cervantes) cuenta con un grado de protección, de manera que el Ayuntamiento «no se puede lavar las manos y eludir su responsabilidad».
El origen del conflicto se remonta al 2 de septiembre, cuando la DANA provocó el derrumbe de la cubierta de ese inmueble, que albergaba los vestuarios de la Policía Local y la sede del PP. Ahí es cuando empezaron las discrepancias entre el propietario y el consistorio. Al no llegar a un acuerdo para ejecutar las obras, el Ayuntamiento se vio obligado a intervenir de forma subsidiaria a mediados de diciembre para lograr reabrir esa estrecha calle, que llevaba tres meses cerrada y vallada por el riesgo de desprendimiento.
VERSIÓN DEL DUEÑO El propietario rebate especialmente el supuesto desinterés que le achacó el alcalde, ya que asegura que se preocupó y trató de encontrar una solución «desde el minuto uno». Cuenta que mantuvieron muchas reuniones para solucionar el asunto, pero que el consistorio ponía pegas a todas las posibilidades y alternativas que planteaban. «El Ayuntamiento ha tenido tres meses la calle cerrada porque ha querido cuando nosotros se lo proponíamos desde el primer momento (por lo que lo ha acometido tarde y dándonos la razón), y al final ha arrasado y ha hecho lo que ha querido cuando nos exigía al principio conservar y proteger los elementos patrimoniales del edificio», lamenta a Mediterráneo.
Además, no entiende por qué le instan a pagar 71.707 euros (según reflejan los requerimientos de pago que ha recibido del Ayuntamiento durante estos meses), cuando las obras costaron realmente 39.854 euros, que fue el presupuesto por el que adjudicaron los trabajos a la empresa.
Como réplica, el alcalde insiste de nuevo en que tuvieron que intervenir «por la inacción del propietario». «Los problemas en el edificio nos obligaron a cortar una de las principales calles del pueblo y bloquear el centro histórico. Era un peligro porque la fachada podía caer en cualquier momento», responde Hèctor Ramos, por lo que no les quedó otra que «actuar ya».
«Sí, tuvimos muchas reuniones, pero todo eran palabras y a la hora de la verdad no movió ni un dedo», afirma. Dada la presión de los vecinos tras llevar tres meses la calle cerrada y la necesidad de reabrirla al tráfico para poder instalar una carpa navideña en la plaza de la Font, Ramos añade que tuvieron que actuar de forma subsidiaria: «Era un cúmulo de circunstancias que hacía que no pudiésemos esperar más, ya le habíamos dado al dueño tiempo suficiente para solucionarlo, y no hizo».