El Consell mantendrá el banco de ADN
La proposición de ley sobre concordia ha levantado polvareda, al suponer la derogación de la ley de memoria democrática del Botànic, y que supone una revisión del marco cultural e histórico oficial. De las cinco leyes presentadas, esta es la que con más nitidez muestra la mano de Vox. Este partido, de hecho, llevaba la propuesta en su programa. El PPCV, en cambio, ni una referencia en su documento electoral.
Así las cosas, Presidència de la Generalitat trata de reconducir el mensaje que salió de la presentación de la batería legislativa, así como garantizar que lo sustancial de la reparación de la memoria de víctimas de la guerra civil y la dictadura se va a respetar. Desde la Generalitat confirman que mantendrán los trabajos para completar la recuperación de los restos, y también continuarán las ayudas a Fisabio, que creó un banco de ADN imprescindible para identificar a las víctimas y los casos de bebés robados.
El contenido de la ley, sobre todo en su exposición, es duro con el Botànic. Cuestiona «la interpretación sectaria e interesada de los acontecimientos históricos». Por otro lado, el texto abunda en ideas como la falta de «un relato consensuado» en torno a la Segunda República, la guerra y el franquismo.
Habla directamente de «víctimas de la Segunda República» o se refiere a la «convulsa Segunda República», como estación inicial de todo lo que vino después.
Desde la Generalitat apuntan, de hecho, que el contenido de la proposición de ley no significa una ruptura total con la ley aprobada por el anterior Consell en 2017, ya que aquella también se retrotrae a 1931, año de proclamación de la Segunda República. Pero los matices son importantes. El Botànic pone el contador en marcha el 14 de abril de 1931, pero como inicio de un periodo cuyos valores democráticos se propone recuperar y preservar. En lo que se refiere a las víctimas, la ley de 2017 es clara: desde la guerra hasta la Constitución de 1978. Frente a esto, la proposición de ley de PPVox sí asume la proclamación de la República como inicio de un periodo de represión.
La Generalitat quita hierro a la ley y asegura que la del Botànic se remonta también al año 1931