Frente común en la Diputación para la defensa del litoral sur de Castellón
Luz verde a instar al Gobierno a paralizar el reglamento de Costas y a urgir actuaciones Unanimidad en la condena de la agresión a La Cosa Nostra la pasada Magdalena
Frente común para la defensa del litoral sur de la provincia de Castellón y la condena por los ataques contra La Cosa Nostra las pasadas fiestas de la Magdalena. En su sesión plenaria de marzo, la Diputación provincial aprobó ayer por unanimidad una moción presentada por el PP y respaldada por toda la corporación provincial que insta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a que «desista de la aprobación de un nuevo real decreto para la modificación del reglamento de Costas que aumente la arbitrariedad en la determinación de deslindes y en los otorgamientos de las concesiones administrativas en dominio público».
Asimismo, la iniciativa reclama al Gobierno central que ejecute, «con urgencia las actuaciones programadas en 2015 para el tramo comprendido entre el puerto de Castelló y el de Sagunto». «De las 30 obras aprobadas, en casi 10 años solo se han ejecutado cuatro, y mientras tanto, el litoral sur de Castellón se encuentra cada vez más deteriorado y con el paso de cada temporal, las afecciones son más graves», según el documento.
La Diputación solicitará al Ministerio que se «atiendan las peticiones de la sociedad civil y los territorios antes de aprobar cualquier normativa». Y, según reitera la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, requieren una reunión con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para trasladarle «en primera persona» las necesidades del litoral de la provincia. «Es una moción más que importante», en defensa de «toda la costa, como motor económico y turístico», subrayó.
En el debate, el diputado del PP, José María Andrés, puso el dedo en la llaga del PSPV al señalar que «a Sánchez le exigimos un nuevo reglamento de Costas que preserve el litoral, no que derrumbe sus casas». «Pedimos una modificación de la ley de Costas, de 1988, que permita mejorar la conciliación entre la protección del dominio público marítimo terrestre con los derechos consolidados de los ocupantes y el reconocimiento del valor etnológico, cultural e histórico de los núcleos de población tradicionales para poder otorgarles protección».
La socialista María Jiménez, que visibilizó «actuaciones ya realizas y otras previstas por parte del Gobierno central». Y David Guardiola, de Compromís, puso nombre y apellidos a las obras, necesarias en Almassora, Torre la Sal, Nules, Almenara o Moncofa como ejemplos, y reclamó «que el Estado pague las consecuencias de la afección de sus infraestructuras», apelando a la «defensa del territorio más allá de las siglas».
La unanimidad se fraguó también en modo de declaración institucional, presentada conjuntamente en el último minuto, por la que la Diputación «condena los ataques por minorías radicales extremistas ocurridos contra La Cosa Nostra de Castelló y se manifiesta públicamente contra cualquier tipo de homologación institucional de los discursos de odio y se declara comprometido con el fin de evitar la proliferación de esta clase de discursos y actuaciones».
«Con todo ello, la Diputación Provincial de Castellón busca evitar la deshumanización de quien piensa diferente y, como consecuencia, la banalización de la violencia política», según reza el documento, que votaron favorablemente los cuatro partidos apenas 24 horas después del veto a la violencia extremista del pleno del Ayuntamiento de Castelló tras los hechos ocurridos el pasado 2 de marzo, durante la Magdalena.
ATAQUES DE LA ULTRADERECHA MÁS FONDOS PARA CONTINGENCIAS //
La Diputación, además, dio luz verde, por unanimidad, a la modificación de la ordenanza general de subvenciones, por las que se crea un fondo de contingencia de 200.000 euros cara a posibles catástrofes que afecten a los municipios de Castellón. Se trata de un cambio de filosofía, según apuntó el vicepresidente Héctor Folgado, que explicó que «no habrá que esperar a que pase una desgracia, sino que se crea un protocolo, con una línea de ayudas a zonas especialmente dañadas (ZED) con ayuda inmediata desde el minuto cero, y no a posteriori, como sucedía hasta ahora».
En otro orden de cosas, la sesión también aprobó una moción presentada por PP y Vox por la que Diputación respalda la proposición de ley orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, aprobada recientemente en el Senado, con la abstención del PSOE y el no de Compromís.