Antifraude ultima la investigación sobre la compra de mascarillas
Fiscalía devuelve toda la documentación a la Agencia al no encontrar «conductas delictivas» Indagaron en 11 adjudicaciones de suministro de material sanitario del 2020, por 18 millones de €
La Fiscalía no ha apreciado conductas delictivas en los contratos de compra de material sanitario que reclamó a la Agencia Valenciana Antifraude para buscar posibles ilegalidades en las transacciones firmadas por el Botànic durante lo peor de la pandemia y en los que ha indagado durante años. Ahora esa documentación vuelve al órgano fiscalizador autonómico, que según adelantó ayer el director general de la entidad, Joan Llinares, está ultimando su análisis, en este caso en busca de «irregularidades administrativas».
Llinares, en la rueda de prensa posterior a la presentación de la Memoria de 2023 en Las Corts, explicó que Antifraude abrió de oficio una investigación, pero que la tuvo que interrumpir «largo tiempo» porque la Fiscalía «reclamó» toda la documentación y asumió las pesquisas de este asunto.
MÁRGENES Una primera parte de esos documentos fueron devueltos a la agencia valenciana tras no hallar el ministerio público conducta delictiva en las operaciones del Consell. Con esos datos, Antifraude sí elaboró un primer informe en el que, en verano de 2022, constató irregularidades como la firma de contratos con «empresas
que no tenían preparación ni habilitación para contratar con la Administración» o «márgenes comerciales del 30% no justificados». Según expuso en su informe, detectaron «déficits» en el cumplimiento del ordenamiento administrativo sobre contratación pública en contratos de la Conselleria de Sanitat, pero no «fraude o corrupción» en esas operaciones.
Indagaron en 11 adjudicaciones de suministro de material sanitario realizadas entre marzo y junio del año 2020, por valor de 18 millones de euros. Pese a no detectar pruebas de delito, Antifraude recomendó a Sanitat «revisar de oficio los contratos adjudicados a esas mercantiles que no acreditaron su capacidad y solvencia para ser adjudicatarias de la administración pública.
Ahora, al recibir la segunda remesa de investigaciones tras considerar Fiscalía de nuevo que no hay conducta delictiva, Antifraude continuará indagando si se han producido irregularidades
administrativas como las destapadas en el ejercicio del 2022. Según Llinares, el informe estará disponible «en poco tiempo», señaló.
MÁS INVESTIGACIONES Bajando a los números de la memoria entregada ayer, arrojan un aumento de las denuncias a las que tuvo que hacer frente Antifraude durante 2023. La agencia investigó 556 denuncias el año pasado, un 22,73% más que el ejercicio precedente, una de ellas por «trampas» de cinco policías locales de La Nucía (Alicante) que accedieron al cargo falsificando certificados de estudios.
En total suponen un importe
recuperable de 5,1 millones de euros. Un 40% de las denuncias presentadas se refiere a la gestión de recursos humanos, y dentro de ellas los procesos selectivos, y el 11% corresponde a contratación pública y el urbanismo, según el resumen ejecutivo de la memoria.
BALANCE El importe recuperable es de 5.145.193 euros y el coste real ejecutado de la Agencia fue de 3.818.569 euros (ratio de retorno de 134,74%). En conjunto, desde el funcionamiento de Antifraude la cantidad recuperable sin contar activos reputacionales supone más de 34 millones.