El Gobierno modera la carga ideológica de sus leyes para el apoyo de Junts y PNV
El primer plan de la legislatura pone el foco en normas pensadas «para generar consenso», según Moncloa La reforma para mejorar la progresividad del sistema fiscal español que quiere Sumar se queda en el cajón
El Gobierno vira hacia una producción legislativa con iniciativas más moderadas. La aritmética parlamentaria obliga a los equilibrios entre los socios de investidura más progresistas (ERC, EH Bildu y BNG) y los más conservadores (Junts, PNV y CC). De ahí que el primer paquete normativo presentado por el Ejecutivo estatal en esta legislatura se centra en leyes pensadas «para generar un amplio consenso», según reconocen fuentes de la Moncloa. La prioridad son los compromisos europeos, que concentran la mitad de las casi 200 iniciativas incluidas en el plan anual normativo de 2024. Se trata tanto de medidas del plan de recuperación como de transposiciones de directivas.
Frente a la hiperactividad legislativa de otros ejercicios, el Gobierno central limita los riesgos en este plan anual con ocho reales decretos ley y seis leyes orgánicas. En 2022, el último año completo de la anterior legislatura, las leyes orgánicas ascendieron a 11 y los reales decretos-ley a una veintena. Después de la negociación agónica con Junts de los tres primeros decretos-ley de la legislatura y el rechazo de Podemos que tumbó uno de ellos, el Ejecutivo ya se comprometió a reducirlos al mínimo. Priorizar los proyectos de ley dando más margen de negociación a los socios y la posibilidad de incluir sus enmiendas.
COMPROMISOS CON SUMAR A mayores, el Ejecutivo optará por normas con menor acento progresista en lo económico para atar el apoyo de Junts y PNV y garantizar la gobernabilidad. Al menos en lo que está en su mano y a la espera de que los partidos independentistas no cambien de estrategia en el Congreso tras los comicios catalanes y el juego de pactos poselectorales. Para ello, el Ejecutivo mete en un cajón compromisos del acuerdo de coalición con Sumar como la «reforma global del sistema fiscal español para mejorar su progresividad». Tampoco se contempla hacer permanentes los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas. Un guiño al PNV, que ha cargado contra este tributo, pero también a los pos
convergentes. Los nacionalistas vascos, con todo, tildan de «ilusorio» que el Gobierno pretenda llevar al Consejo de Ministros en lo que resta de año medio centenar
de leyes. Por un lado, debido a las complicaciones impuestas por el ciclo electoral que rematará con las europeas el 9 de junio y a que entre medias está prevista la tra
mitación de los presupuestos de 2025. Por otro, a modo de aviso, desde el Gobierno «lanzan proyectos de ley sin consensuar con los grupos parlamentarios del Congreso» generando «una mayor ebullición en la legislatura».
En la línea de no romper los equilibrios con los socios de investidura, el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, destacaba ayer como prioridades las normas con un carácter más transversal. Entre ellas enumeraba la ley de industria, la ley del cine, la ley para la transformación de la Administración Pública, la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal, la ley orgánica de medidas complementarias para reforzar la protección frente a la violencia de género, la ley de asistencia jurídica gratuita, la ley integral contra la trata y la explotación de seres humanos, la ley de juventud, o las normas para la protección de los menores en los entornos digitales o de la prevención del consumo de alcohol y de sus efectos en las personas menores de edad.
Las normas más ambiciosas en lo que a tendencia progresista se refiere son las promovidas por los ministerios de Sumar. Entre ellas, la reducción de la jornada laboral, la
MENOR ACENTO PROGRESISTA
reforma del despido o la nueva cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. En estos casos, será principalmente Yolanda Díaz quien deba fajarse en las negociaciones y evitar reveses como el que sufrió con el rechazo al decreto promovido por su departamento sobre el subsidio por desempleo de mayores de 52 años.
Sobre todo, después del aviso de ERC de levantar el listón de exigencia con sus iniciativas, empezando por la ley de familias del ministerio de Derechos Sociales, como respuesta el bloqueo de los Comuns de las cuentas de la Generalitat. Un aviso que se suma a las deterioradas relaciones de Sumar con los diputados de Podemos.
Pese a la moderación normativa, el Ejecutivo mantiene la retórica de grandes transformaciones. El plan aprobado ayer en el Consejo de Ministros, según defienden el Gobierno, «refleja el compromiso renovado del Ejecutivo con una agenda legislativa progresista con la que España siga avanzando cada día, así como con las grandes reformas y la garantía de derechos para esta legislatura».
Otro de los proyectos que el Gobierno ha metido en el cajón es la ley de secretos oficiales. La iniciativa decayó en la pasada legislatura con la convocatoria electoral.