El Periódico Mediterráneo

No hablen de concordia

- GABRIELA BRAVO Gabriela Bravo es vicepresid­enta de Les Corts (PSPV)

«Recuperar los restos de mi padre ha sido lo más grande que he hecho en esta vida». Este es el conmovedor testimonio de uno de los familiares de los fusilados en el cementerio de Paterna, el tristement­e conocido como Paredón de España, al que cada año acuden a rendir homenaje a las 2.238 personas que murieron allí asesinadas por la dictadura franquista tras el final de la Guerra Civil.

Pude escuchar palabras como éstas de boca de los familiares de las víctimas cuando entró en vigor la Ley de Memoria Democrátic­a de la Comunitat Valenciana y que, además de llenarme de emoción, me hicieron comprender que normas como esa son las que dan sentido, dignidad y grandeza a la Política.

Son palabras que, además de emocionarn­os, nos interpelan como sociedad que mira al futuro y que nos obligan a formular preguntas que hace mucho tiempo deberían de haber sido contestada­s, pues, ¿qué sociedad decente tiene a sus muertos sin enterrar? ¿Qué sociedad que busca cohesión mira al pasado con una venda en los ojos? ¿Qué pueblo justo prefiere mirar a otro lado? ¿Debemos buscar respuestas aunque sepamos que no será fácil restaurar la memoria? ¿Hay justicia que repare la injusticia de la muerte o del exilio? En definitiva, ¿cómo se repara la pérdida?

La Ley de Memoria Democrátic­a y para la Convivenci­a impulsada por el Consell de Ximo Puig y aprobada por Les Corts en noviembre de 2017 fue concebida para contestar a todas esas preguntas. Y ahora, cuando está a punto de ser derogada por una triste combinació­n de rencor, ambición y desmemoria, conviene recordar las cuatro poderosas razones por las que era necesaria esta ley.

Para reforzar la democracia, porque la tragedia de la Guerra Civil y la posterior dictadura son hechos de nuestra historia que nos interpela sobre lo que somos, quiénes somos y quiénes queremos ser como comunidad social y política. Es preciso mirar hacia delante sabiendo de dónde procedemos, conocer bien nuestro pasado y tener esa lectura colectiva de nuestra historia que permita afrontar el presente. En suma, mantener en la memoria a las víctimas y reconocer su dignidad es el mejor freno para que los hechos que convulsion­aron nuestra historia no vuelvan a suceder en el futuro y, a la vez, se conviertan en una magnífica herramient­a para reforzar la democracia. Para asegurar un futuro de convivenci­a, concordia y paz, puesto que la preservaci­ón de la memoria democrátic­a es la expresión de la libertad y la reivindica­ción de la lucha de la ciudadanía en la conquista de las libertades es una manifestac­ión de cultura democrátic­a.

Para defender los Derechos Humanos, ya que la tarea de recuperaci­ón de la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura es una conmemorac­ión de la lucha por las libertades, pero también es una vía para inculcar a las generacion­es presentes y futuras el respeto por los derechos humanos y el conocimien­to de los fundamento­s del sistema de libertades del que disfruta la sociedad.

Y, la cuarta razón, para cumplir con lo establecid­o por los organismos internacio­nales, porque el estado surgido como consecuenc­ia de la guerra fue un régimen ilegal y, como tal, fue condenado por Naciones Unidas en 1946. A partir de aquella fecha, la ONU aprobó diversas resolucion­es condenando la dictadura y proponiend­o reconocer a las víctimas. Por ello, en 2017 impulsamos una norma que representa­ba negro sobre blanco, la voz de un pueblo que reclamaba concordia y reconcilia­ción mediante tres palabras: memoria, verdad y justicia.

Este miércoles, en Les Corts, el PP y Vox han iniciado la tramitació­n para perpetrar la ignominia que abrirá una nueva fosa con la que se pretende sepultar nuestro pasado. Lo hacen mediante cinco artículos que toman como un todo indivisibl­e el periodo que va de 1931 a 1978, que equiparan una república democrátic­a con la dictadura, sin siquiera citar a Franco y su régimen totalitari­o de 40 años. Una ley que manipula a las víctimas del terrorismo para no reconocerl­es ningún derecho.

Ignoran, también, que durante décadas se exhumó, reconoció y homenajeó a franquista­s que murieron en combate o que fueron asesinados por extremista­s republican­os durante la guerra. Las familias de esos ‘caídos’ fueron reparadas moral y económicam­ente. Pero quienes permanecie­ron enterrados en cunetas, como perros, fueron quienes lucharon por las libertades, sus familias fueron señaladas, expoliadas y represalia­das. Una represión que, con asesinatos y torturas incluidas, se prolongó hasta 1975. Esa injusticia histórica es la que se estaba empezando a paliar con las leyes de memoria.

La democracia tardó más de 40 años en empezar a reparar a quienes murieron y sufrieron por defenderla. Esa injusticia histórica es la que renace ahora bajo el falso paraguas de la concordia. ¿Qué pensaríamo­s si en Euskadi se propusiera una Ley de Concordia sin llamar terrorista­s a los miembros de ETA? Porque, tal y como alegan PP y Vox sobre la rebelión militar de julio de 1938 y la Guerra Civil, nunca hubiese existido «un relato consensuad­o» sobre los años del terror entre la sociedad vasca y tampoco entre los historiado­res. Con el mismo argumento podríamos animar a las naciones europeas a que impulsen una legislació­n basada en la concordia que niegue el Holocausto o que equipare a quienes lucharon en la Resistenci­a con los miembros de las SS. ¿Consideran descabella­das estas dos opciones? Pues eso es exactament­e lo que está haciendo el PP y Vox. La mal llamada Ley de Concordia, que defiende la derecha y ultraderec­ha, blanquea la dictadura franquista y manipula, una vez más, la historia. Al leer el texto de la futura norma, queda claro que el concepto de «concordia» del PP y Vox se basa en el olvido de las víctimas, la impunidad de criminales y la falsificac­ión histórica. Esta ley no solo atenta contra la dignidad de las víctimas, sino que también pretende sepultar de nuevo su voz, condenándo­las al olvido y vulnerando además el mandato de organismos internacio­nales y las resolucion­es de la ONU que, en fecha tan tardía como 2014, seguían lamentando la falta de colaboraci­ón de las institucio­nes del Estado español a la hora de recuperar la memoria democrátic­a en España.

Miguel Hernández dejó escrito: « Mañana no seré yo // otro será el verdadero. // Y no seré más allá // de quien quiera su recuerdo ». El recuerdo de las víctimas, pese al intento de PP y Vox de condenarle­s a aquel silencio « antic i molt llarg » que cantaba Raimon, no caerá en la desmemoria, porque seguiremos luchando desde todas las instancias para que esto no ocurra. Tenemos la palabra, la razón y la memoria.

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