Las leyes de PP y Vox superan el primer escollo tras un pleno bronco
Los partidos que componen el Consell aprobarán este jueves la tramitación de las cinco normas que enmiendan la política impulsada por el Botànic
PP y Vox están un paso más cerca de aprobar las cinco proposiciones de ley que suponen una enmienda prácticamente total a los ocho años de gestión del Botànic. La mayoría que sustenta el Consell aceptará este jueves la toma en consideración de las cinco normas que dan completamente la vuelta a proyectos impulsados por la izquierda en las dos legislaturas en las que gobernó, como son À Punt, el plurilingüismo, la memoria democrática y las políticas en transparencia, inclusive, la Agencia Antifraude.
Los anunciados votos favorables hacen prever que estas cinco proposiciones de ley pasarán el primer filtro y comenzará su trámite parlamentario con enmiendas a la totalidad de la oposición, enmiendas parciales y posterior aprobación. Ese es el camino que habrá hasta julio, cuando los socios del Consell esperan su aprobación final. Pero el primer debate fue ayer, y pese a que concordia estaba en el menú parlamentario del día (quizás el plato estrella) esta solo estuvo presente en el nombre de la ley.
El choque entre bloques, con PP y Vox por un lado y PSPV y Compromís por otro, se evidenció desde antes de empezar el pleno porque en las declaraciones previas lo que para unos la jornada parlamentaria era un «impulso legislativo» de «verdadero progreso», para otros implicaba una «involución» en un «día de la infamia». Así empezó cada intervención de los socialistas. «Día de la infamia, capítulo primero», en referencia al número de ley debatido. Así, hasta el quinto episodio de la jornada.
La única por separado
Ese fue sobre la ley que reforma la Agencia Antifraude, la única que no firman PP y Vox conjuntamente, pero que los voxistas, pese a anunciar enmiendas, apoyarán. No lo hará ningún partido de la izquierda (no respaldarán ninguna), que reprocharon que se trate de un «traje a medida» para elegir al sucesor de Joan Llinares al habilitar la mayoría absoluta si no hay acuerdo de tres quintos del pleno como hasta ahora. Para ese punto, por la tarde, las referencias al juicio de Eduardo Zaplana, a ETA, al «alzamiento nacional», a Bildu, a la «imposición lingüística» o a la República ya se habían registrado varias ocasiones en el diario de sesiones. Especialmente las vinculadas a la historia contemporánea a partir del 1931, fecha marcada en el debate porque desde ahí empezará a contar la ley de concordia, sobre las que más tinta y saliva se había gastado.
No hubo mención a los futuros recursos judiciales, aunque el PSPV aseguró que va a «luchar con todas las armas democráticas para parar esta ley» que Compromís, a través de su síndica adjunta, Isaura Navarro, calificó de «bazofia» y «porquería». Opinión distinta la de los síndics de PP y Vox, que defendieron que esta contempla a «todas las víctimas, las de un bando y las del otro». «Se equipara a las víctimas y a sus verdugos y se blanquea un régimen genocida», respondió Mercedes Caballero, del PSPV. «No añade ni un derecho extra a las víctimas del terrorismo», agregó Navarro sobre la mención de incluir a las víctimas de ETA en esta ley.
«Asalto» a À Punt
La de concordia sirvió para cerrar los debates de la mañana, con fotografía incluida del grupo Vox al completo con el hemiciclo vacío. Una sesión que abrió la ley sobre el modelo lingüístico de enseñanza y que sustituirá a la actual de plurilingüismo. Esta supondrá la recuperación de las líneas que para PP y Vox supone «dar libertad de elección a las familias» y para la izquierda implica «segregación». Los socios del Consell justificaron que su norma «promociona» el valenciano frente a la «imposición del Botànic», mientras PSPV y Compromís afearon que no haya «motivos pedagógicos» en la ley sino que sea «puro sectarismo», argumentaron. Palabras similares se oyeron sobre la reforma de À Punt. Los partidos que componen el gobierno regional cargaron contra el «modelo fracasado» de la radiotelevisión pública y calificaron sus cifras de audiencia de «quiebra social y económica», mientras la oposición alertó del «control político» que supondrá el cambio con la elección del nuevo consejo de administración por mayoría absoluta en Les Corts así como que eliminar el mínimo del valenciano.
Transparencia
Completó la mañana el cambio de la ley de transparencia, con perfil más bajo dada la sucesión de temas, algo que desde la oposición consideran que PP y Vox han buscado con el registro de las cinco normas a la vez. Sobre esta, los promotores aseguran que se apuesta por una «transparencia real y efectiva», mientras que Compromís y PSPV criticaron que se van a «rebajar los controles» y supone «retrotraer a lo que se vive en la Ciudad de la Justicia», en referencia a los casos de corrupción y en especial, el de Zaplana, mención constante en el debate, y de actualidad en estos momentos.