La Diputación exigirá al Gobierno que asuma todo el coste de las desaladoras
El ejecutivo provincial impulsa una moción en rechazo a que los municipios se hagan cargo de la inversión y pide revisar los convenios firmados en su día
La Diputación de Castellón exigirá al Gobierno de España que asuma todo el coste de las infraestructuras, las instalaciones y la puesta en marcha de las desaladoras de la provincia. Precisamente el equipo de gobierno de la corporación ha elevado una moción al pleno ordinario de julio, que se celebra hoy, encaminada a iniciar todos los trámites oportunos para que estas infraestructuras pertenezcan en su totalidad al dominio público hidráulico del Estado y, con ello, que las administraciones locales no tengan que sufragar los costes derivados de su construcción.
«Necesitamos que el Gobierno central escuche las demandas de nuestra provincia y no ahogue a los ayuntamientos con la asunción de unos costes que no se corresponden con las necesidades actuales», subrayó la presidenta, Marta Barrachina, quien valoró que los convenios entre Acuamed y los ayuntamientos en 2006 y 2007 son «unos acuerdos firmados dentro de hipotéticas previsiones de un escenario de desarrollo y crecimiento urbanístico futuro que nunca llegó a materializarse, pero que entonces eran requisito indispensable para poder aprobar las programaciones urbanísticas de crecimiento que proponían los municipios afectados».
Alternativas
«Estos convenios obligan a los ayuntamientos que los suscribieron al pago de cantidades altísimas por la amortización de las instalaciones claramente sobredimensionadas», prosiguió Barrachina. Por este motivo la moción también reclama la revisión de esos acuerdos y realizar un estudio sobre las alternativas a las desaladoras.