A la posibilidad de volver a instar la entrega con otra euroorden

prácticamente por perdida.

El argumento principal del Supremo es que en marzo procesó a los reclamados, junto con otros 20 líderes del proceso secesionista, entre ellos, el expresidente catalán Carles Puigdemont, y en ese auto se expresaban los hechos y argumentos jurídicos por los que se les quiere juzgar. En ese momento el instructor, el juez Pablo Llarena, adoptó la medida cautelar de prisión contra todos los exconsellers huidos. A petición de la fiscalía, también volvió a librar las ordenes europeas de detención con «una clara resolución de soporte, como es el auto de procesamiento».

Desde la Sala de lo Penal se insiste en que esa resolución «es la que en el ordenamiento jurídico» español cuenta «con más desarrollo argumental, a excepción de la sentencia», por lo que «solo el desconocimiento» de nuestro sistema judicial «permite obviar el auto de procesamiento en el que descansa la euroorden», argumenta. No menciona la razón por la que la fiscalía belga se ha opuesto a la entrega: no haber dictado Llarena una orden de detención nacional contra los reclamados. Al requerimiento de información planteado por el ministerio público de ese país, el juez contestó que seguía en vigor la dictada por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

Fuentes fiscales apuntan

Nueva euroorden

En cualquier caso, si la única pega que existe para la entrega es esa, Llarena siempre podría dictar esa orden de detención y volver a librar una euroorden, para que las autoridades belgas se pronunciaran en el que sería el tercer procedimiento de estas características instado por España, una posibilidad apuntada por fuentes fiscales, que aún esperan a conocer la decisión judicial belga para adoptar una posición definitiva.

Sobre todo ante el temor de que la decisión adoptada por las autoridades judiciales belgas sea extrapolable, como previsiblemente intentará la defensa, a otros países, como Alemania o Escocia, donde se encuentran Puigdemont y Clara Ponsatí.

El alto tribunal español aún debe estudiar con detenimiento la resolución alemana para decidir si vuelve a intentar la entrega de Comín, Serret y Puig, opción que a día de hoy no parece probable, o al menos cómo evita algo semejante con los otros huidos.

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