El Banco de España insiste en desvincular las pensiones y el IPC
El supervisor también apuesta por incrementar los impuestos al consumo y los medioambientales Advierte de la creciente temporalidad en el empleo y de la reducción de horas trabajadas
En pleno debate del proyecto de Presupuestos del Estado, en los que la clave para el esperado apoyo del PNV a las cuentas ha sido la subida del 1,6% de las pensiones, como el IPC del 2017, y el retraso de dos años en la aplicación del factor de sostenibilidad, el Banco de España ha salido en defensa de la última reforma del sistema de pensiones aprobada por el PP. Sobre todo, ha dado mucho valor, en su informe anual hecho público ayer, al mantenimiento del índice de revalorización anual de las pensiones, «que liga su incremento al equilibrio entre los ingresos y los gastos del sistema», y que para el 2018 hubiese supuesto una subida de solo el 0,25%, antes del acuerdo con el partido vasco que la ha situado en el 1,6%.
En la presentación del informe, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, afirmó que es necesario aumentar la transparencia del sistema de pensiones, una reforma «que refuerce la relación entre las contribuciones y las prestaciones, y, en especial, mantenga un mecanismo de ajuste automático que garantice su sostenibilidad». Para el supervisor, «el envejecimiento poblacional supone un reto de primer orden para la sostenibilidad de las finanzas públicas».
Respecto a los ingresos públicos, el Banco de España apuesta por revisar los impuestos, incrementando el peso de la imposición al consumo en la cesta de tributos, lo que supondría mejorar la recaudación tanto del IVA como de los impuestos especiales, «en especial los medioambientales». En este punto, advierte de la existencia de numerosas exenciones, tipos especiales reducidos y deducciones que «tienden a generar pérdidas de recaudación».
DEUDA EXCESIVA De los puntos / frágiles de la economía española, Linde destaca la ratio de deuda pública, «que se encuentra próxima a su mayor cota histórica», y la posición deudora neta frente al exterior. Y como retos, califica de «especialmente acuciante» la «necesaria disminución del desempleo», para favorecer «un cre- cimiento socialmente sostenible, que promueva una distribución de los beneficios de la recuperación económica entre el mayor número posible de segmentos de la población».
El informe constata que durante la crisis «se produjo un aumento notable de la desigualdad en términos de renta bruta per cápita» y añade que se está revirtiendo esta tendencia durante la recuperación gracias a la reducción de la tasa de paro. Aunque advierte de que para mantener esta línea serán necesarias medidas para mejorar «la empleabilidad del colectivo con menor formación, así como del aumento de horas efectivas trabajadas por los ocupados con menores salarios».
EL RETO DEL DESEMPLEO El informe / señala que la ratio de temporalidad en el empleo continuó aumentando en el 2017 hasta alcanzar el 26,7%, «la más elevada de los países de la zona euro», y que además, hay una menor duración de los contratos temporales, así como un aumento del trabajo parcial involuntario. El efecto de todo ello , advierte, ha sido «una reducción del número de horas efectivamente trabajadas, con consecuencias no solo en la productividad medida, sino también en la desigualdad de los ingresos laborales».
el documento atribuye también al «ajuste de los salarios» las ganancias de competitividad frente al área euro, mucho más que «en el de los márgenes empresariales». El informe explica que «las mejoras de productividad asociadas a la fuerte destrucción de empleo, en los primeros estadios de la crisis, y la moderación salarial, en todo el periodo posterior, han permitido restaurar, en su mayor parte, la competitividad perdida frente a los demás países de la zona euro».
Pese a los problemas, Linde señala que hay muchos otros rasgos positivos en la actual recuperación económica española que «alimentan las expectativas de una expansión duradera», aunque pesa mucho la losa del elevado nivel de deuda pública que hace que «en el medio plazo, la economía española continúe presentando un grado notable de vulnerabilidad ante posibles perturbaciones».
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