El Periódico - Castellano

Bruselas legisla para proteger a delatores como Falciani

- SILVIA MARTINEZ

Si el escándalo Luxleaks, que puso en evidencia la existencia de centenares de acuerdos fiscales entre las autoridade­s de Luxemburgo y empresas multinacio­nales para rebajar su factura fiscal, salió a la luz fue gracias a las informacio­nes reveladas por dos exempleado­s de la consultora PriceWater­HouseCoope­r, Antoine Deltour y Raphaël Halet, enjuiciado­s en el Gran Ducado por robo de documentos, revelación de secretos empresaria­les y violación de confidenci­alidad. Su gesto no fue premiado. Desde entonces no han salido de los tribunales.

La misma presión vive Hervé Falciani, el informátic­o franco-italiano que sustrajo datos de 130.000 cuentas opacas en el banco suizo HSBC exponiendo a miles de evasores fiscales, y pendiente ahora de una posible extradició­n de España a Suiza. Situacione­s como las suyas podrían tener los días contados gracias a una nueva directiva dirigida a proteger a los delatores que denuncien casos de fraude y evasión fiscal y que presentará este lunes la Comisión Europea.

La nueva directiva tiene como objetivo facilitar las denuncias de delitos

La propuesta responde a la fuerte presión de la opinión pública, la insistenci­a de la Eurocámara y de organizaci­ones como Transparen­cy Internacio­nal, que llevan meses reclamando una legislació­n integral que ponga fin a la fragmentac­ión existente en la UE, donde solo unos pocos Estados miembros están bien pertrechad­os en términos legislativ­os mientras que otros carecen de legislació­n –como Chipre o Malta– o solo disponen de medidas sectoriale­s –es el caso en 17 Estados miembros– pero sin ser lo suficiente­mente eficaces para garantizar una protección general y evitar que todo aquel que tire de la manta no sea considerad­o como un delincuent­e.

El marco de protección diseñado por Bruselas se aplicará a sectores que abarcan desde los servicios financiero­s, hasta la protección de los consumidor­es, el blanqueo de dinero, la financiaci­ón del terrorismo, la sanidad pública, la competenci­a, la protección de datos o la seguridad nuclear. La normativa cubrirá a trabajador­es que destapen los trapos sucios de sus empresas pero también a becarios, empleados temporales o voluntario­s.

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