El diálogo se afianza en puertas del juicio del 1-O
Gobierno y Generalitat impulsan un foro de partidos paralelo a la mesa de ambos ejecutivos Calvo y Aragonès se vuelven a citar en una semana para abordar una «propuesta política»
Cada pequeño avance en el camino del diálogo entre el Gobierno del PSOE y el Govern independentista de Quim Torra viene precedido de complicados ejercicios de equilibrismo en ambas partes. Y tras el avance, los desmentidos, los matices y los malentendidos acaban por echar agua al vino una y otra vez. Ayer, después de tres horas de reunión en Madrid entre la vicepresidenta Carmen Calvo, su homólogo Pere Aragonès y la ‘consellera’ de Presidència, Elsa Artadi, se emitió una nota breve pero esperanzadora en términos de negociación. Pocos minutos después, una y otra parte hacían interpretaciones distintas y la desconfianza volvía a instalarse en el clima, pero lo cierto es que ambos gobiernos ya se han citado de nuevo para la semana que viene en Barcelona y al diálogo bilateral entre ejecutivos se añadirá próximamente un nuevo canal de comunicación entre partidos.
El contexto inmediato que precedía la cita de ayer no era positivo. Las 16 detenciones de independentistas –entre ellos dos alcaldes– el miércoles sin orden judicial, según el TSJC, habían enrarecido el ambiente. No en vano, dos horas y media antes de iniciarse la reunión en la Moncloa, la Generalitat anunciaba la interposición de una denuncia por detención ilegal contra el Cuerpo Nacional de Policía. Los mensajes del soberanismo más pactista, entre ellos el del diputado del PDECat en el Congreso Carles Campuzano, eran claros: la actuación policial –desproporcionada según el criterio de diversos juristas– perjudicaba las aspiraciones de un acuerdo con el Ejecutivo central para tramitar los Presupuestos del Estado del 2019.
Durante todo el miércoles, los mensajes del ‘president’ Quim Torra –un sobrino del cual estuvo entre los detenidos– y de todos los dirigentes del soberanismo habían sido contundentes. A primera hora de la mañana, en TV-3, el presidente del Parlament, Roger Torrent, denunciaba una «vulneración flagrante de derechos y libertades» y pedía «perseguir» la actuación judicial. «Hubiera hecho lo mismo», sostuvo respecto al plante de los grupos independentistas a las sesiones parlamentarias del miércoles.
Así daba inicio la reunión en Madrid, que llegaba 72 horas después de que el ‘expresident’ Carles Puigdemont pusiera una condición clara
para una posible tramitación de las cuentas del Estado: una mesa de negociación sobre el conflicto catalán con la presencia de algún observador «neutral». Ello, acompañado de una mesa de verificación de las promesas del texto presupuestario.
Sin embargo, tras tres horas de reunión, llegaba un comunicado conjunto en el que se habla de mecanismos para vehicular «una propuesta política sobre el futuro de Catalunya» y, para ello, «se valora la posibilidad de establecer dos espacios de diálogo diferenciados: uno entre gobiernos, a partir de la comisión bilateral Estado-Generalitat, y otro entre partidos, todavía por concretar».
La versión del Gobierno socialista es que la mesa de partidos es la que se inauguró en el Palau de la Generalitat, a instancias del PSC, con ERC, el PDECat y los ‘comuns’. Pero el Ejecutivo catalán no disimuló su enojo por esta interpretación del comunicado y sostuvo que la mesa de partidos consiste en todo caso en una plataforma en la que esté el PSOE, los independentistas y los partidos estatales que quieran participar en la misma. Por ejemplo, Podemos.
INTERMEDIARIO «NEUTRAL» Es más, la formación de Pablo Iglesias podría jugar el papel de intermediario «neutral» que reclamaba Puigdemont. En todo caso, insistían en la Generalitat que durante la reunión había quedado claro que al hablar de partidos se referían al PSOE, a nivel estatal. En cambio, fuentes del Gobierno central sostenían que esta mesa la formarían partidos catalanes, que así ha quedado claro en la reunión y que esto va en sintonía con lo que ha planteado reiteradamente Pedro Sánchez a favor de un diálogo entre catalanes.
En paralelo, al Gobierno tampoco le hacía gracia que, al margen del comunicado conjunto, la Generalitat explicara que la primera parte del encuentro de ayer se dedicase a la cuestión de los detenidos el miércoles en Girona. No gustó que se informara al respecto ni que el Ejecutivo central se detallara que Calvo había alegado que la actuación de la Policía tenía que ver con el Consejo General del Poder Judicial y no con el Ministerio del Interior. Precisamente, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sostenía ayer que los agentes actuaron por mandato judicial, justificaciones que no eran aceptables para la Generalitat, que insistía en pedir más explicaciones y la comparecencia en el Parlament de la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera.
Así las cosas, el mensaje desde la presidencia de la Generalitat era de «wait and see» (esperar y ver), recordando que la condición básica para tramitar los Presupuestos del Estado es, sí, una mesa de diálogo, pero que incluya específicamente la cuestión del derecho de autodeterminación. Fuentes de Palau apuntaban ayer que la próxima reunión a alto nivel fijada para la próxima semana en Barcelona debe ser ya deteterminante cara a la posición sobre las cuentas del 2019.
Antes de la reunión, el Govern anunció una denuncia contra la Policía por las detenciones de soberanistas
TENSIÓN INTERNA Y EXTERNA Esa próxima cita llegará rodeada de un contexto de tensión interna y externa. Interna, porque es conocido que en la posconvergencia existen opiniones claramente partidarias de propiciar la tramitación de los Presupuestos. En este sentido, según fuentes conocedoras de la reunión del pasado lunes en Waterloo, el ‘expresident’ Carles Puigdemont fue muy receptivo a todas las sensibilidades existentes en el seno del partido.
Y tensión externa porque al PP y a Ciudadanos les faltó ayer tiempo para atacar al Gobierno. El partido de Albert Rivera deploró la reunión en sí misma. Y el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, comparó lo que, a su juicio, ha sido la transparencia de los acuerdos con Vox en Andalucía con el «pacto oculto» del Ejecutivo de Sánchez con Catalunya, que sería «una cobardía y una traición a España». «Que tenga la valentía de ponerlo por escrito. Nosotros hemos sido valientes y lo hemos puesto por escrito», afirmó el número dos del PP.
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