Los inversores de ATLL acusan al Govern de ilegalidad y fraude
Pioneer, socio de la concesión, dice que el caso daña la imagen externa de Catalunya Acciona y sus aliados exigen una nueva liquidación del contrato de gestión
El socio extranjero de Acciona en la empresa ATLL, inmersa en un accidentado proceso de devolución a la Generalitat, ha estallado. Pioneer Point Partners, en un comunicado, afirmó ayer que el Govern actúa en este proceso de forma «injusta, ilegal e incluso de forma fraudulenta».
La de ATLL fue la mayor privatización de la Generalitat, con un valor de 1.000 millones, y fue anulada por el Tribunal Supremo tras una batalla judicial iniciada por el otro licitante, Aigües de Barcelona (Agbar).
El pronunciamiento se produce tras presentar Acciona y sus socios en la concesionaria alegaciones a la segunda propuesta de resolución del contrato en la que el Ejecutivo catalán admite pagarles 53,8 millones de euros en vez de reclamarles los 38,4 que les exigió en una propuesta inicial.
A juicio de la sociedad que explota ATLL (para la gestión de la cual el Govern ya creó la nueva sociedad ATL, con su propio consejo de administración), la Generalitat mantiene la tesis, desechada por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), de que el contrato fue considerado nulo y, por tanto, no surtió efectos. En las alegaciones se afirma que este era anulable, pero no nulo y que, por tanto, sí que surtió efectos. Por eso deberían activarse los 305,2 millones de euros de compensación, que resulta de calcularla tal como establece el contrato, ya que además la Adminisrración fue la repsonsable de que se invalidara el concurso. La propia Generalitat en su cuentas del 2015 incorporaba una reserva por un importe similar, que en presupuestos posteriores eliminó. Además, Acciona y sus socios, que reclaman una nueva propuesta de resolución, exigen otros 769,5 millones por daños y perjuicios que podrían ser objeto de negociación. Según la sociedad concesionaria, el Govern no solo lesiona «derechos fundamentales» sino que practica la «confiscación del beneficio concesional» y una «incautación ilegítima». Pioneer recuerda que lleva 25 años como inversor activo en España. Acusa a la Generalitat de actuar con «estrechez de miras» si es que su meta es que «Catalunya se convierta en un estado respetable de la UE».
DAÑO DE IMAGEN A LARGO PLAZO Y alerta de que defenderá sus intereses en todas las instancias legales «españolas, europeas e internacionales» en un caso que «supone una ruptura de la confianza y los estándares internacionales» y que «provocará daños a largo plazo» a la imagen de Catalunya como «lugar para hacer negocios». A su vez recuerda que la concesionaria pagó 300 millones en el 2012, cuando el Govern estaba asfixiado y «ha invertido otros 100 millones en Catalunya en infraestructuras físicas desde la privatización».
El Govern debería haber tomado las riendas de la compañía el 1 de enero. La dirección de Patrimonio de la Generalitat decretó la ocupación de los activos, pero la sociedad concesionaria solicitó unas medidas cautelares que aún están pendientes. A su vez, está en marcha un proceso de desahucio administrativo que aún puede tardar unos días. Los 350 empleados están dados de alta por dos sociedades distintas en la Seguridad Social, pero es de prever que el sueldo lo vuelva a pagar este mes la actual concesionaria. De hecho, esta ya pagó en diciembre el canon anual a la Generalitat por el 2018.
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