Los frustrados intentos de ilegalizar la organización

«Difundir el conocimiento de Francisco Franco» y «contribuir a la proyección de su ideario sobre el futuro de la vida española». Son los fines de la Fundación Francisco Franco.

Entre sus funciones se incluye la conservación del archivo personal del dictador, que obra en su poder, o la gestión de las visitas al Pazo de Meirás, propiedad de la familia Franco y Bien de Interés de Cultural. Y una intensa actividad en redes sociales para homenajear al dictador y exaltar su figura e incluso ofrecer asesoría jurídica a los alcaldes que no quieran aplicar la Ley de Memoria Histórica.

El PSOE, padre de la Ley de Memoria Histórica, se ha propuesto ilegalizar la fundación. Pero ha registrado para ello una moción en el Senado, donde la mayoría absoluta del PP reduce sus posibilidades de prosperar.

Los socialistas buscaban que el PP se retratara, e incluso barajaban la opción de que, con su mayoría en la mesa del Congreso, la tuvieran «durmiendo el sueño de los justos» para acabar desechándola sin llegar a tramitarla. Sin embargo, la moción ha pasado el primer trámite y se debatirá en la comisión de Justicia, aún sin fecha fijada.

Los socialistas recuerdan que ya llevaron a la Cámara Baja una proposición de ley de reforma de la ley de memoria histórica que incluía la posibilidad de ilegalizar la fundación.

El Gobierno vetó la iniciativa, y el PSOE culpa también a Ciudadanos y su «problema ideológico». Fuentes del partido naranja aseguran que son «partidarios de que se abra el debate para estudiar si la fundación tiene encaje legal», pero hacerlo también con otras que sean «contrarias a los valores constitucionales».

Desde Podemos defienden «no ilegalizar, sino prohibir la apología del franquismo». Y han llevado varias iniciativas a la Cámara, como la reforma en la ley de fundaciones que pedían las asociaciones de memoria y que, 16 meses después, sigue pendiente de Pleno.