EL CONSEJO DE LOS EXPERTOS
CAROLINA MARTÍNEZ ZAMORA Abogada en audipasa
El 2 enero arrancó la fase voluntaria del SII, que ya funcionaba desde el 1 de julio para la fase obligatoria. Pasados unos meses, los problemas a los que nos hemos enfrentado son los previstos de reducción de plazos, cierto incremento en el volumen de la carga administrativa y necesidad de mayor agilidad en la recepción de información de los clientes. La Administración ejerce mayor control y, los despachos profesionales, tenemos mayor responsabilidad.
Este nuevo sistema cuenta con ventajas importantes: al disponer de una información de calidad en un intervalo corto de tiempo, se agiliza el sistema de gestión del IVA y se reducen los plazos de las devoluciones.
Con el tiempo, se espera una disminución de los requerimientos de información por parte de la AEAT, ya que muchos de ellos tenían por objeto comprobar determinadas operaciones.
JOAN ROURA Director Área Legal oficina de JDA/SFAI en Granollers
Con la entrada en funcionamiento del Suministro Inmediato de Información del IVA, resulta destacable el esfuerzo exigido a los departamentos de contabilidad y a los desarrolladores de software para el cumplimiento de esta obligación.
Y a mi parecer, en general, ambos han estado a la altura, y hay que reconocérselo muy a pesar de que es una labor muy poco rentable para las compañías.
No sabemos dónde está el límite de lo razonable en cuanto a las obligaciones exigibles a las empresas, pero ciertamente está llegando a unos extremos que el legislador debería tener en cuenta.
A mi parecer trasladar a las empresas el coste del control de las operaciones a las empresas, poniéndolas al servicio de la Administración tributaria, no favorece precisamente su competitividad.
FERNANDO MATESANZ Managing Director en Spanish VATServices
Nuestra opinión, como despacho especializado en asesoramiento en materia de IVA, es crítica con el SII. Supone un incremento desproporcionado de las obligaciones formales que difícilmente tiene cabida en el Derecho Comunitario. Los Estados miembros pueden imponer obligaciones que aseguren la recaudación, pero siempre respetando el principio de proporcionalidad.
Las obligaciones eliminadas son principalmente anuales, pero se han añadido otras que, en algunos casos, son diarias. Además, las empresas acogidas al régimen de devolución mensual se han visto perjudicadas. Prueba de todo esto es el insignificante número de compañías que han optado voluntariamente por el sistema.
La única ventaja es que las empresas han aprovechado el SII para revisar sus procedimientos de facturación y eliminar errores e incongruencias.