Informe de sobre la pederastia en la Iglesia

AllíAllí acuden, donde por hay desgracia, niños y adolescentes, los pederastas y abusadores. Les interesan los sitios donde puedan acceder a muchos, especialmente a los más vulnerables.

Centros de menores, centros deportivos, asociaciones de barrio con actividades infantiles, colonias, campamentos... Y luego están los que abusan de los menores en su entorno familiar o semi-familiar. Además, hay nuevas formas de depredar usando Internet y el móvil.

¿Cómo es que de repente en España se ordena una investigación de la Fiscalía, y otra del Congreso al Defensor del Pueblo (de recursos limitados) para investigar la lacra de los abusos a menores limitándose exclusivamente a entornos religiosos, y no en otros entornos? ¿Les interesa prevenir abusos, proteger a los niños y reparar a las víctimas?

¿O sólo interesa golpear a la Iglesia una y otra vez? ¿Son distintas las víctimas de colegios públicos que las de colegios religiosos, las de campamentos religiosos son distintas a las de campamentos municipales? Esto es lo que investiga un análisis de la asociación E-Cristians, que ha difundido con el título “Informe a la mayoría: La Iglesia como chivo expiatorio y el ocultamiento de la pederastia”, que reproducimos a continuación.

INFORME e-Cristians sobre la pederatisa en la Iglesia

Es muy extraña, a poco que se piense, la persistencia en situar el foco de la pederastia solo en la Iglesia católica, como si fuera solo en ella donde se concentrara tal perversión, o algunos de sus miembros aportaran un gran número de casos en relación con este mal.

Hay un segundo motivo de extrañeza: la permanencia y reiteración en el tiempo, dado que las primeras acciones contra la organización católica se inician en el año 1992 en el área anglosajona. Es decir, hace tres décadas. Desde entonces han proseguido, a pesar de la evidencia de que la mayoría de estos casos estaban prescritos y además correspondían a los años anteriores a los ochenta.

Al mismo tiempo, esta insistente mirada atrás es estrábica, porque la cultura moral que eclosiona en el “Mayo 68” proclama la necesidad de legitimar la pedofilia, pero esta dimensión social y cultural y las personas que la lideraron siempre han quedado fuera de foco. Pero ni los medios de comunicación ni las instituciones políticas y de gobierno parecen interesadas en recordar el contexto cultural, cuya semilla ha determinado un crecimiento exponencial de la pederastia oculta.

El papa emérito Benedicto XVI reflexionaba en 2019 en estos términos: “Podría decirse que en los 20 años de 1960 a 1980, las normas hasta entonces vinculantes con respecto a la sexualidad colapsaron por completo, y surgió una falta de norma que hasta ahora ha sido objeto de laboriosos intentos de interceptación (…). Parte de la fisonomía de la Revolución del 68 fue que la pedofilia también se diagnosticó como permitida y apropiada”.

Una inexplicable ignorancia de las instituciones políticas

Existe una notable bibliografía científica sobre esta cuestión. Señalemos solo algunos de los autores relevantes a título de ejemplo. Se trata de las obras de Pierre Verdrager, L’enfant interdit: Comment la pédophilie est devenue scandaleuse (2013), y de Anne-Claude Ambroise-Rendu, Histoire de la pédophilie: XIXe-XXIe siècles (2014). (Citados por Javier Elzo en Deusto Journal of Human Rights/Revista Deusto de Derechos Humanos http://dx.doi.org/10.18543/djhr-4-2019pp203-225).

En estos textos, entre otros, puede constatarse cómo parte de las elites intelectuales francesas, en especial las de la izquierda, justificaban la pedofilia en los años 70 y 80, incluso había personajes notorios (Michel Foucault, Daniel Cohen-Bendit) que afirmaban que habían mantenido relaciones con niños. La tesis de esta ideología tenía dos premisas básicas: el niño debe ser considerado como adulto, incluso con fines sexuales, y lo contrario representaba la represión y el dominio a manos de los adultos. La otra gran cuestión era el ataque contra la familia hasta proclamar la necesidad de su destrucción por ser el lugar privilegiado de dominación y opresión.

El argumento antropológico básico para llegar a la conclusión de que las relaciones sexuales entre adultos y niños existían es que eran ampliamente aceptadas en otras sociedades y, por lo tanto, su rechazo actual en nuestro marco cultural occidental era contingente y arbitrario.

Un ejemplo práctico de esta concepción lo encontramos en enero de 1977, con motivo de la apertura de un juicio contra tres acusados de relaciones sexuales consensuadas y sin violencia con niños en 1973, y que habían permanecido tres años en prisión preventiva. El 26 de enero de 1977 Le Monde publicó una carta firmada por sesenta personas, entre ellos intelectuales tan destacados como Louis Aragon, Roland Barthes, Simone de Beauvoir, Patrice Chéreau, Gilles et Fanny Deleuze, André Glucksmann, Guy Hocquenghem, Bernard Kouchner, Jack Lang, Jean-François Lyotard y Jean-Paul Sartre, protestando por una prisión provisional tan larga y dejando ver que ya no merecían una pena mayor por tener relaciones sexuales con menores, niños y niñas, o por haber favorecido y fotografiado sus juegos sexuales. “La ley francesa se contradice a sí misma cuando reconoce la capacidad de discernimiento para un niño de trece o catorce años que puede ser juzgado y condenado, mientras que esa ley niega esta capacidad con respecto a su vida emocional y sexual… Tres años de prisión por abrazos y besos es suficiente” (citado por J. Elzo. Ob. Cit.).

En la Declaración de los Derechos del Niño de la ONU, de 1959, no hay referencia al abuso sexual, y hay que esperar treinta años, hasta 1989, para que tal cuestión aparezca.

Toda esta permisividad, o relativización, fue cambiando con el tiempo. En todo caso lo que debe resaltarse es que en nuestra sociedad tal práctica ha gozado, en un periodo no muy lejano, de una determinada aceptación cultural y una inacción política evidente. No es gratuito considerar que los minoritarios casos de pedofilia y pederastia a cargo de miembros de la Iglesia se dan precisamente antes de la década de los ochenta, y esta es la causa por la que las indagaciones actuales, más que perseguir responsabilidades penales, hagan más bien un relato histórico, porque solo mediante esta acumulación se consigue un número suficiente de casos. Pero, al concentrar tanto el foco de atención, están ocultando la historia y la extensión de la pederastia en nuestra sociedad durante aquellos mismos años.

Cabe recordar que hoy en día todavía existe la organización Nambla, que significa North American Man/Boy Love Association. Esta organización, radicada en Nueva York y San Francisco, defiende que no debe haber una edad mínima para mantener relaciones sexuales entre personas. Es, por tanto, una organización de activismo pedófilo que fue creada en 1977. Pero, lo más interesante del caso es que formaba parte de ILGA, la Asociación Internacional de Gais y Lesbianas desde 1983. Era un miembro de pleno derecho y solo fue excluida de la internacional gay y lésbica cuando esta entidad pidió ser miembro de las organizaciones no gubernamentales de Naciones Unidas. Este hecho comportó numerosas protestas y condujo a la internacional homosexual a excluir a Nambla de su organización, porque de lo contrario no habría logrado el reconocimiento que buscaba.

Cabe también recordar en este sentido que en 1985 la ILGA votó una resolución que señalaba que “los jóvenes tienen derecho a decidir por sí mismos su vida sexual y social” y que “las leyes sobre la edad de consentimiento tienden más a oprimirlos que a protegerlos”. En nuestro país, la revista Lambda no tuvo inconveniente en publicar un reportaje en el que se explicaba cómo un adulto seducía a un menor. A pesar de estos hechos, hoy en día se evita curiosamente relacionar la homosexualidad con la pedofilia y la pederastia, aunque, precisamente en el caso de los presuntos o reales culpables eclesiásticos, en su inmensa mayoría y a diferencia de otros grupos de población, como los maestros y profesores, se caracterizan por ser relaciones pederásticas con chicos menores de edad.

En una fecha tan reciente como en 1998 se publicó un notable estudio, bajo el patrocinio de la Asociación Americana de Psicología (APA), en el que tres investigadores discreparon de «la creencia común de que el abuso sexual infantil causa un daño intenso, independientemente del género» (Rind, Tromovitch, Bauserman 1998). Los autores criticaron además el uso de términos convencionales como víctima y perpetrador, y recomendaron que «un encuentro voluntario con reacciones positivas» se etiquete como «simplemente sexo adulto-niño». En buena medida, también compararon el sexo consensuado entre adultos y niños con comportamientos de «masturbación, homosexualidad, felación, cunnilingus y promiscuidad sexual» que “la APA alguna vez consideró patológicos, pero ya

no lo hace”. Este enfoque presentaba el sexo «adulto-niño» como una realidad que algún día se normalizaría en los círculos terapéuticos, como había sucedido con aquellos otros precedentes de prácticas sexuales consideradas antes como patológicas.

Un caso espectacular de la impunidad ha sido el del presentador de la BBC Jimmy Savile. En una fecha muy tardía, diez años después de su muerte, la emisora que lo encumbró emitía el reportaje “Depredador” que entonces sí ponía fin a años de silencio e informaba de los múltiples y reiterados abusos sexuales que cometió en ejercicio de su cargo y teniendo a favor su notoriedad y sus relaciones con políticos y famosos. En realidad, en 2013 la Policía Metropolitana de Londres revisó casi 500

denuncias por violación. La conclusión era que, como mínimo, había cometido 214 delitos contra la libertad sexual, de los que habían sido víctimas 70 mujeres y niñas, una de ocho años. La fama le facilitó la oscuridad para sus abusos. Solo un año después de su muerte, en el 2011, empezaron las investigaciones. Una auditoría independiente estableció que “la cultura corporativa de la BBC permitió a Savile pasar desapercibido”.

¿Cómo se hace para pasar desapercibido con 70 mujeres y niñas abusadas y 500 denuncias? Solo cuando todos colaboran mirando hacia otra parte. Y esta “generosidad” con Lavin contrasta con esta información del año 2001, con el presentador en plena acción depredadora, en la que El País -siempre El

País y la Iglesia católica- informa que una Comisión -siempre una comisión-concluye que la “policía debería investigar a fondo el pasado de los clérigos y voluntarios laicos que colaboran con la Iglesia católica en el Reino Unido para evitar abusos de menores ”(Un informe sobre pederastas en la Iglesia católica aconseja que la policía investigue a los curas. El País. 18/4/2001). El contraste es escandaloso: hay que vigilar a los católicos que colaboran con la Iglesia, el resto -la mayor parte- del problema no importa. Si esto no es “marcar”, criminalizar a todo un grupo de población debido a su confesión religiosa, ya nos dirán. Y la cuestión siempre es la misma, ¿Por qué solo los católicos?

El caso de España. El mirar hacia otra parte de los gobiernos

Ya en 1994 el Ministerio de Asuntos Sociales encargó al Dr. Félix López un informe que, entre otras cosas, apuntaba que los abusos a menores cometidos por maestros y profesores afectaban al 23% de las niñas y al 10% de los niños. No abundan los estudios, pero, los pocos que hay, deberían haber promovido el escándalo al mostrar el desinterés de los poderes públicos hacia una práctica desbocada. El Dr. Félix López Sánchez, catedrático de Psicología de la Sexualidad de la Universidad de Salamanca, avala aquel ratio referido a España. En el libro, Abusos sexuales a menores: lo que recuerdan de mayores (1996), refiriéndose a los menores de 17 años, refiere la cifra del 15,2% de los varones y del 22,5% de las mujeres. Es el único estudio de prevalencia realizado en el ámbito estatal. Esto ya da idea del desinterés político, académico y mediático. En el País Vasco encontramos el estudio realizado por De Paúl, Milner

y Múgica (1995) en el que se refleja una prevalencia en varones de un 9,7%, frente a un 14% en las mujeres en población universitaria de la UPV/EHU (ob. cit. pág. 7).

Si, desde medianos de la década de los noventa, es público y notorio que los abusos sexuales en la infancia afectan entre el 14% y 22,5 % de las niñas y en torno al 10% de los niños, ¿por qué los gobiernos, defensores del pueblo, medios de comunicación como El País, lo han ignorado?

Una de tantas escandalosas constataciones de este no querer ver, de este ocultar la pederastia en España por parte de los poderes públicos, lo muestra la publicación de los documentos del VIII Congreso Estatal sobre la “Infancia maltratada” realizado en Santander, en una fecha tan próxima como 2006, y cuyo Comité de Honor presidía Jesús Caldera, Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno de Rodríguez

Zapatero. En la extensa documentación que aportó el Congreso hay una sola referencia a los abusos sexuales, consistente en unas pocas narraciones de unos casos individuales. No hay ni un solo abordaje al problema, ni de su dimensión, ningún diagnóstico, nada. Ahora, eso sí, hay dos aportaciones extensas dedicadas a la violencia de género. De hecho, y en este enfoque, el abuso sexual, tan extendido, no forma parte o es marginal al maltrato infantil. ¿Cómo se pasa un gobierno socialista (Rodríguez Zapatero) de este “no ver, no saber”, a ver “solo” (Sánchez) lo que atañe a la Iglesia católica?

Y llegamos a la situación actual. Un estudio realizado entre 2009 y 2019 de la Fundación ANAR, dedicada desde 1970 a la ayuda de los niños y adolescentes en riesgo, muestra que los presuntos delitos cometidos por miembros de la Iglesia solo significan el 0,2% del total, de acuerdo con sus observaciones, que pueden elevarse al 0,4%, según la referencia que se tome del estudio. En cualquier caso, el resultado es obvio: se trata de un grupo muy marginal en la autoría de estos delitos. De hecho, la misma fuente permite constatar que por cada delito de abuso cometido por un sacerdote, 5 han sido cometidos por monitores, 18 por maestros y profesores, 26 por relaciones iniciadas por internet, 50 por su pareja o expareja y 72 por un amigo o compañero.

En la actualidad es noticia el hecho de las numerosas imputaciones de personas que trabajan en la Generalitat Valencia, acusadas presuntamente de encubrir abusos sexuales a jóvenes tutelados, y un afer de características parecidas, también en su reiteración, pesa sobre el Gobierno Insular de las Baleares por el mismo motivo. Más dudosos, pero también noticia de prensa, son los casos de la Comunidad de Madrid.

La omisión reiterada, a pesar de los datos, demuestra irresponsabilidad gubernamental, y está por ver que no constituya un ilícito penal, sobre todo, a partir del momento en que sí se investiga el delito colectivo, pero solo referido a una ínfima minoría de casos: aquellos que pueden afectar a la Iglesia católica. Porque esta acción abre una especie de proceso general contra la Iglesia y contra los católicos a ella vinculada, porque son los únicos sujetos a escrutinio. No se está indagando sobre un delito, sino señalando como sospechosos de este a aquellos que manifiestan una determinada fe religiosa. Es obvia su utilización como un chivo expiatorio, que permite continuar sin abordar un abuso tan extendido en la sociedad, como lo mostraban las cifras anteriormente citadas.

En toda esta historia, unos puntos señalados por los hechos son evidentes:

• El primero es que hace demasiado tiempo que dura. Se sitúa el foco solo sobre la Iglesia Católica, dando vueltas a un molino que poco nuevo aporta, con el agravante de que esta institución es de las pocas en todo el mundo que desde hace más de una década viene tomando medidas para subsanar, prevenir e indemnizar los casos que pueden producirse. No hay ninguna otra institución que haya abordado con tanta constancia e intensidad este problema. No lo han hecho las corporaciones profesionales dedicadas, por ejemplo, a la enseñanza o práctica deportiva, en las que son numerosos los casos de abuso. No lo han hecho los poderes públicos a pesar de que abundan los casos en los ámbitos de su responsabilidad, y ni siquiera lo ha hecho Naciones Unidas, sobre la que, no solo pesan abundantes denuncias de abusos, sino también de explotación sexual de menores con cargo a miembros que se encontraban en el ejercicio de misiones bajo la responsabilidad de esta institución.

• El segundo hecho es que a estas alturas ya es evidente que la Iglesia desempeña el papel de un chivo expiatorio de una enfermedad social muy extendida y de la que ella tiene una responsabilidad marginal. La pedofilia, la pederastia, el tráfico de pornografía infantil son un mal extendido que corroe a nuestra sociedad, y que los poderes públicos y los medios de comunicación no abordan en toda su dimensión. Probablemente porque cuando el mal está tan extendido, una parte de quienes deberían abordarlo están implicados, directa o indirectamente, en el problema.

• En este sentido, tercer hecho, es evidente que situar el foco de la pederastia en la Iglesia permite ocultar la inmensa masa sumergida del iceberg del problema.

• Cuarta consideración. En la cultura heredera del Mayo 68 toda una corriente era partidaria de despenalizar la relación sexual con los niños, y muchos de sus líderes eran líderes intelectuales sobre todo en Francia. ¿Por qué no se censuran ahora las actitudes de personajes como Michel Foucault Simone de Beauvoir, Gilles Deleuze, André Glucksmann, Bernard Kouchner, Jack Lang, Jean-François Lyotard o Jean-Paul Sartre? ¿Por qué no se pasan cuentas con esta cultura del pasado reciente y la surgida de determinados ámbitos homosexuales, como se ha apuntado más arriba? En estos temas y protagonistas, la ideología de la cancelación no se aplica como sí que se hace en otros muchos campos. La razón de su inmunidad se debe a que son exponentes de la perspectiva liberal progresista, que hoy domina en nuestra sociedad.

A este escenario general, que hace 30 años que dura, se le añade ahora la anomalía española basada en la coincidencia en el tiempo, de una iniciativa parlamentaria del PSOE, es decir, del Gobierno, para que el Defensor del Pueblo asuma la investigación de los casos que ha habido de pederastia, pero solo en la Iglesia católica, y la iniciativa de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, de que se abra una investigación de índole parecida. La finalidad que persigue la investigación es “la determinación de los hechos y responsabilidades, la reparación de las víctimas y la planificación de las políticas públicas para la prevención de estos casos”.

1. La de propia coincidencia de las dos vías, la parlamentaria y la fiscal. 2. El objeto de la investigación. Los presuntos delitos de pederastia, pero solo si han sido cometidos por personas vinculadas a la Iglesia católica. 3. La rectificación operada en relación con este tema por la Fiscalía. 4. El hecho de que todo ello responda exactamente a los fines enunciados por la campaña realizada por un medio de comunicación, El País.

A las que debe añadirse una más: el hecho de que, para Catalunya, el Síndic de Greuges, equivalente autonómico del Defensor del Pueblo, ya constituyó por iniciativa propia una Comisión en 2019, también y solo limitada a los casos que pudieran afectar a miembros de la Iglesia católica, con resultados concretos muy pobres en cuanto al número de casos encontrados. Tan pobres que se sintieron en la necesidad de afirmar, sin ningún fundamento, que los denunciados “deberían ser” “solo el 10% de los casos reales”, la mayoría cometidos antes de 1980. Pero por lo visto con esto no basta y es necesario volver a empezar.

La coincidencia de la vía parlamentaria y fiscal

Lo habitual es todo lo contrario: evitar el solapamiento parlamentario y fiscal para evitar situaciones de indefensión y contaminaciones cruzadas, que puedan perjudicar a las partes afectadas, promoviendo la “pena de telediario”, en la que desaparece la presunción de inocencia. Lo que se hace en este caso, es concentrar aún más toda la cuestión de la pederastia en la Iglesia católica de manera deliberada.

¿Pederastia solo de personas vinculadas a la Iglesia católica?

¿Cuál sería la reacción si se planteara en el Congreso la constitución de una Comisión para estudiar los delitos de robo con violencia, pero solo los cometidos por gitanos o inmigrantes? Con razón se acusaría a la iniciativa de racismo y xenofobia, incluso podría dar pie a considerar un posible delito de inducción al odio hacia el grupo de población estigmatizado. Pues esto mismo es lo que se hace en relación con los miembros vinculados a la Iglesia católica y el delito de pederastia. Al actuar de esta manera se fuerza ante la opinión pública un señalamiento que vincula exclusivamente la pederastia a las personas vinculadas a la Iglesia, puesto que de no ser así no se concentrarían sobre ellas unas diligencias parlamentarias, por una parte, y fiscales, por otra. Este señalamiento afecta al buen nombre no solo de la Iglesia como institución, sino

de todos sus miembros, al convertirlos en objeto único de la indagatoria parlamentaria y fiscal. Esto comporta un perjuicio grave que, si no es inmediatamente rectificado, puede dar lugar a reclamaciones judiciales y políticas, en razón que se vulneran elementales derechos civiles y políticos. La anomalía surge de cuatro evidencias

Adviértase que no se trata de la investigación sobre la pederastia lo que se cuestiona, sino el hecho de que se focalice en un grupo particular. Precisamente lo que se reclama es que se investigue de acuerdo con los propósitos que enuncia la iniciativa socialista: “determinación de los hechos y responsabilidades, la reparación de las víctimas y la planificación de las políticas públicas para la prevención de estos casos”, y esto requiere actuar sobre todos los casos, única manera de que tales fines se vean satisfechos.

Esta iniciativa criminalizadora es todavía más grave si se considera que los datos objetivos señalan, además, que este tipo de casos constituyen una ínfima minoría del total de delitos de este tipo, como ya se ha establecido más arriba.

Contradiciendo a esta práctica irregular, que consiste en indagar en un grupo un determinado delito y no el delito en sí, la opinión pública tiene las ideas más claras. En la encuesta realizada por DYM para el periódico 20 Minutos los días 16 a 20 de febrero, por tanto, en plena polémica, tiene como resultado que el 87,6% de las respuestas señalan que la investigación de los abusos de menores debería extenderse a más ámbitos que la Iglesia, y solo un 5,8% opina lo contrario. Estas cifras señalan una clamorosa unanimidad por parte de los ciudadanos, que además se distribuye de manera bastante homogénea entre todos los votantes de los partidos: PSOE (89,8%), PP (91,3%), Vox (89,8%), UP (94%) y Cs (98,2%).

En definitiva, para los ciudadanos es incompresible que no se extienda la indagación a todos los casos.

La irregular actuación de la Fiscalía

La investigación ordenada por la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, muestra así mismo, un criterio perjudicial dudosamente compatible con la “defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley”, porque actúa con la misma inequidad que la

propuesta del PSOE, acentuando su carácter sesgado: cuando era Fiscal General la señora María José Segarra Crespo, siendo ministra de Justicia la actual titular de la Fiscalía, ya se ordenó un procedimiento semejante, pero sobre todos los casos, y no solo de aquellos que tenían como presunto autor a un hombre de Iglesia. Aquella tarea quedó en nada y, ahora, al reemprenderla, la señora Delgado solo se dedica al 0,2%. ¿A qué se debe este cambio y restricción tan extraordinario?

El seguimiento de las instituciones públicas de la campaña de El País

Todo ello no es otra cosa que el corolario de una campaña iniciada por el diario El País, que tiene como objeto “marcar” a los miembros de la Iglesia católica, asociándolos a la pederastia y dejando fuera de foco la dimensión social de este delito y, de hecho, encubriendo la importancia de otros sujetos mediante el uso de un chivo expiatorio en las personas vinculadas a la Iglesia católica. La campaña ha llegado a un extremo tal que ha habilitado un teléfono para denuncias anónimas, estimulando casi todo tipo de abusos y arbitrariedades, que el propio periódico alienta y recoge. Nada más lejos de la deontología mínima de un medio de comunicación. Al actuar de esta manera, la actual

dirección de El País ha demostrado aquella carencia de principios deontológicos, y nada explica que tal déficit se limite solo al caso que analizamos. La ética, se tiene o no se tiene.

La pederastia es un delito muy grave y por desgracia muy extendido en nuestra sociedad. Precisamente por ello es necesario que los poderes públicos actúen, pero con probidad y justicia, y vayan al fondo del problema. Esto requiere cuatro tipos de medidas:

Primera y decisiva: que se estudien todos los casos cometidos, y no solo el de una arbitraria ínfima minoría por el hecho de pertenecer a la Iglesia católica.

Segunda: que se precise el objeto, la tipificación de los presuntos delitos, el perfil de las víctimas, menores masculinos o femeninos, la relación corporativa de los autores, las responsabilidades de las administraciones públicas y el periodo de tiempo que debe comprender la investigación. La metodología es decisiva y no puede dar lugar a arbitrariedades.

Tercera: que la indagación de la Fiscalía incorpore así mismo todos los casos de pederastia.

Cuarta: que la Comisión no inicie sus tareas hasta que la instancia fiscal haya finalizado las suyas y presentado su informe.