¿Hay un sistema fiscal saludable?

La segunda mesa de debate estuvo moderada por el exdirector general de la AEAT y giró en torno a los impuestos y la forma de llevar a cabo la recaudación

Tras el primer parón de la jornada, en el que los asistentes pudieron disfrutar de un desayuno, tuvo lugar la segunda mesa de debate, que fue moderada por un gran amigo del ICOGAM, Ignacio Ruiz Jarabo, divulgador fiscal y ex director general de la Agencia Tributaria (AEAT). La mesa estuvo integrada por el asesor fiscal Bernabé Tomás, el empresario Emilio Varelo y el periodista de investigación Alejo Moreno y discurrió bajo el título «Un sistema fiscal saludable» y en torno a los impuestos, la forma de recaudarlos y otros temas relacionados.

Tras la presentación de los ponentes, Ruiz Jarabo lanzó la primera pregunta, para situar a los asistentes en el contexto actual. Ruiz Jarabo preguntó la opinión de los ponentes sobre los impuestos en España. Bernabé Tomás fue quien rompió el hielo, enumerando toda una suerte de obligaciones fiscales que se han ido imponiendo de un tiempo a esta parte a ciudadanos y empresas. «Quisiera repasar los nuevos impuestos que se han aplicado en los últimos meses, por ejemplo en el sector energético, en el que se establece el 1,2% sobre el importe neto de la cifra de negocio; o el impuesto sobre el sector bancario, que se fija en el 4,8% sobre las comisiones e intereses que se cobran a los clientes. Estos impuestos se aplican sobre ingresos que están gravados en el impuesto de sociedades», argumentó Tomás.

También tuvo palabras para el aumento del impuesto sobre el valor añadido aplicado a las bebidas azucaradas, así como las cuotas de los autónomos, con el nuevo sistema de cotización del RETA y el nuevo impuesto sobre plásticos, sobre primas de seguros, etc.

Tanto nuevo impuesto, en opinión de Bernabé Tomás, «nos lleva a una presión fiscal que en 2020 supuso un aumento del 37%». La cosa no terminó en aquel año, y ya 2022 hemos alcanzado el 42% en presión fiscal, una o dos décimas por encima de la media europea», concluyó Tomás.

Ante esta comparación con Europa, el moderador apuntó que «en Alemania la renta per cápita es de 43.000 euros frente a los 26.000 de nuestra renta, por lo que podríamos preguntarnos si, en esta situación, es justo que se nos exija la misma presión fiscal». Ante esta situación, Alejo Moreno, que coincidió con Ruiz Jarabo, se preguntaba cuánto más aguantará la sociedad y «cuándo se fijará el tope, o dónde acabaremos con este crecimiento de la presión fiscal».

En ocasiones la subida de impuestos viene condicionada por una mejora de los servicios públicos, algo que Moreno pone en duda, pues «si comparamos los servicios públicos y su calidad, vemos que en Europa son muy superiores a los nuestros».

Subida de impuestos

Ruiz Jarabo explicó que en este momento no es posible sostener este argumento de aumento de impuestos por mejora de servicios. «En España», continuó Ruiz Jarabo, «el impuesto por excelencia es el IRPF, que es el que mejor cumple la progresividad fiscal prevista en nuestra Constitución». Sin embargo, la proporción de impuestos que se le exige a un contribuyente que ingresa 26.000 euros no es la misma que se le exige a un contribuyente que en Alemania ingresa 43.000 euros. En Alemania paga más impuestos el que tiene una renta de 43.000 euros». De esta manera se está propiciando progresividad fiscal entre españoles y proporcionalidad fiscal entre españoles y alemanes.

En los últimos tiempos, además de una exigencia fiscal creciente y excesiva, nos encontramos con dos problemas que agravan la situación: el nivel de exigencia formal de obligaciones que hay que cumplir es abrumador y, además, la calidad legislativa de las normas fiscales, que es cada vez menor, opinó.

Bernabé Tomás coincide con este aspecto, y pone el énfasis en el contribuyente, a quien se le exige una pulcritud y excelencia no aplicadas a la propia Administración. «Las normas son cuantiosas, con múltiples administraciones. Y el marco que lo regula es poco claro, pero sin embargo la carga de la prueba es para el contribuyente». Esta situación, para una pyme o un autónomo, supone una carga de trabajo añadido y un coste para subcontratarlo alto. «Para el crecimiento y el desarrollo de los negocios, toda esta situación supone un importante freno», concluyó Tomás.

En este momento, Emilio Varelo quiso traer a la conversación un caso personal. «Es apasionante lo malo que es nuestro derecho tributario, en cuanto a las leyes, en las presunciones y en las personas que lo aplican», sentenció, y continuó comentandoque«elmayorproblema es que no se sanciona aun cuando en un juicio el tribunal dictamina que se ha mentido».

Se intuye que, por la experiencia de este empresario, la presunción de inocencia en el ámbito de la recaudación fiscal brilla por su ausencia. «Todos somos defraudadores o cooperadores necesarios de quienes defraudan, a no ser que se demuestre lo contrario». Según Varelo, esta tesis es la que funciona en nuestro país. «La pequeña empresa intenta sobrevivir en un entorno muy complejo», reconoció.

Diversidad de criterio

Ignacio Ruiz Jarabo quiso situar al auditorio en el caso de Emilio Varelo, que tuvo una empresa dedicada a la fabricación de cerveza, y para lo que construyó una fábrica y una almazara, donde también tenía una bodega de vino. Esta construcción se pudo realizar, en parte, con subvenciones del gobierno de Navarra. «El gobierno comprueba que se cumplen las condiciones exigidas para conceder la subvención y, una vez verificado, le concede y paga la subvención», detalló Ruiz Jarabo.

Continuó la explicación en el momento en que «llega la inspección de Hacienda y dice que todas las facturas presentadas para justificar la construcción de los edificios son falsas. Y, por tanto, toda la deducción de IVA por estas facturas es falsa». Todo esto a pesar de que el gobierno navarro lo comprueba y reafirma, pero «Hacienda declara que es falso todo». La conclusión es que por ese supuesto fraude del IVA a Emilio Varelo le imputan 15 delitos fiscales y piden 37 años de cárcel.

El propio Varelo tomó la palabra y continuó: «De repente me encontré con todo mi patrimonio embar«en

gado. Tenía 60 trabajadores, ahora tengo menos de 40 y me está costando mantenerles. He estado seis años con incertidumbre, con gastos de defensa y con estigmatización social. Y todo para que al final se demuestre que todo se basa en falsas premisas».

Ignacio Ruiz Jarabo puso el dedo en la llaga cuando dijo que «ante una acusación infundada, ni la Abogacía del Estado ni la Fiscalía son capaces de hacer un mínimo cuestionamiento de la acusación», y agradeció al sistema judicial navarro su trabajo, pues «la sentencia puso en su sitio a la inspección, a la Fiscalía y al servicio jurídico». Concluyó deseando que «ojalá siempre tuviéramos el amparo como el que se tuvo en la Audiencia Navarra».

Ejecutividad sin responsables

AlejoMorenointervinoacontinuación con una reflexión poco esperanzadora. «Lo grave», comenzó, «es que esto sucede de forma habitual. habitual. Por eso, en este tipo de sentencias como la que comentas, hay que ver la responsabilidad de los inspectores, de los abogados del Estado y del fiscal» que se hayan podido equivocar. Un argumento que cortó tajantemente el moderador: «Ninguna, y ése es el drama».

Bernabé Tomás vino a ratificar el dato, confirmando que «en el caso de diferencia de criterio, la inspección arrolla. Se ve en los escritos de aplazamientos, que no permiten justificar nada adecuadamente».

En muchos casos ocurre que lo que diga una liquidación tributaria puede acabar con una empresa. El moderador de la mesa explicaba que «en primera instancia administrativa el 50% de las liquidaciones son anuladas. Pero en ese momento ya han pasado varios años y no ha habido responsabilidad alguna del inspector que lo hizo mal». Y, a continuación, se preguntaba: «¿Qué hacemos con este asunto de la ejecutividad, la quitamos?». quitamos?». Ruiz Jarabo aportó una «solución intermedia», basada en que «cuando un empresario retiene el IRPF a sus trabajadores y luego no ingresa, la presunción de veracidad y la ejecutividad son innegables, pero cuando lo que se discute es si se cumplían o no todos los requisitos que dan derecho a una deducción, no se discute un hecho sino una apreciación de requisitos complejos».

En opinión del exdirector de la Agencia Tributaria, «aquí no tiene sentido que prevalezca la opinión de un funcionario que, además, obtiene un premio». Por tanto, la ejecutividad debe tener en cuenta el tipo de hecho al que nos estamos refiriendo.

Con esta reflexión se cerró la mesa de debate, dando paso al resto de ponencias y mesas de este primer congreso en el que ya se atisbaban grandes temas de conversación y debate entre los asistentes.

«Las normas son cuantiosas y el marco poco claro, pero la carga de la prueba es del contribuyente»

«La ejecutividad debe tener en cuenta el tipo de hecho al que nos estamos refiriendo en cada caso»

«Los inspectores, abogados del Estado y fiscales también deben asumir su responsabilidad»

Alejo Moreno Periodista de investigación

«Este modelo de gasto público es insostenible. El sistema es deficiente y obsoleto»

Emilio Varelo Empresario

«Ante una acusación infundada no existe el cuestionamiento de dicha acusación»

Ignacio Ruiz Jarabo Divulgador fiscal

«En el caso de diferencia de criterio ante una inspección, la autoridad siempre gana»

Bernabé Tomás Asesor fiscal