La Razón (Madrid) - Especiales
La cooperación universidad-empresa, motor de desarrollo social y económico
ElEl Sistema Universitario impacta de una forma indudable en la economía del país, y lo hace a través de la dinamización de la economía y de la influencia sobre los factores que determinan su capacidad productiva.
El informe de la CRUE «La contribución socioeconómica del Sistema Universitario Español» estimó a través de las tablas input-output que la inyección de demanda de la actividad del Sistema Universitario Español (SUE) de unos 16.000 millones de euros y los agentes vinculados a la misma (estudiantes, visitantes y los asistentes a congresos) tienen un efecto incremental del output de casi 50.000 millones de euros. Esto es, por cada euro gastado en la actividad universitaria multiplicaría su efecto sobre el output total por 3,1.
Limitando el efecto al ámbito del gasto público, el estudio encontró que cada euro destinado a financiar el SUE se traduce en un aumento del output de 8,3 euros en el conjunto de la economía. Esto por sí mismo justifica plenamente la inversión pública en las universidades.
Pero también existe un efecto cualitativo esencial en el desarrollo económico social por la capacidad de innovación que tiene la investigación universitaria, ya que, según el ranking CYD, más del 70% de la investigación en España se realiza en las universidades.
En este aspecto, el SUE ha mejorado sustancialmente en paralelo con las intervenciones de la Administración General del Estado y, ya en los años 90, de las comunidades autónomas.
La aprobación de la Ley de Reforma Universitaria (LRU) en 1983 asentó un nuevo modelo de universidad, en el cual la investigación y el servicio a la sociedad, por medio de la transferencia de tecnología, pasaron a representar valores importantes, añadidos al tradicional de la formación.
La investigación realizada en la universidad es principalmente investigación básica, que siendo esencial para el desarrollo de la investigación aplicada, no es el objetivo de las empresas por no tener el mismo interés comercial. Eso que es una función sustancial para el desarrollo social ha sido objeto de crítica a menudo, por el distanciamiento entre los objetivos e intereses de los investigadores y el sistema productivo, y la aplicabilidad de los resultados de la investigación, con esa búsqueda de la practicidad que parece impregnarlo todo.
Para que universidad y empresa no parezcan mundos paralelos, sería deseable un mayor acercamiento de ambas instituciones, instituciones, y esta tendencia ya se manifiesta y se articula a través de los mecanismos legales oportunos.
La LOSU, recientemente aprobada, ofrece un canal de colaboración entre universidad y empresa a través de su artículo 60 (como anteriormente lo hacía la LOU en su artículo 83 y con anterioridad la LRU en su artículo 11), donde establece que el profesorado universitario podrá celebrar contratos con personas físicas, universidades o entidades públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter científico, tecnológico, humanístico o artístico, así como para actividades específicas de formación.
En paralelo existen otras figuras de colaboración como las cátedras extraordinarias de investigación, que dan un marco de mayor estabilidad a la colaboración entre empresas y equipos de investigación. En la actualidad, existen 44 cátedras de esta naturaleza naturaleza en la UCM con una financiación aproximada de cuatro millones de euros, lo que demuestra que investigadores y empresas hacen converger sus intereses para alcanzar objetivos comunes a través de la transferencia del conocimiento.
Pero en la función más tradicional de la universidad, la formación, también hay un creciente acercamiento entre universidad y empresa.
Desde hace años los agentes externos, procedentes habitualmente de empresas referentes en la temática de cada titulación, han desempeñado un papel relevante en el diseño de los planes de estudios de las titulaciones universitarias, y han tenido un rol también muy importante en el control de la implantación de los estudios, formando parte de las comisiones de calidad de las Facultades.
Pero su papel no es solo asesor, sino que cada vez asumen un papel más activo en la formación del estudiantado. Esto se plasma de una forma clara en las prácticas externas que los estudiantes realizan en empresas e instituciones públicas para aplicar los conocimientos que han ido adquiriendo en sus estudios y conseguir las habilidades que son necesarias para su futuro desarrollo profesional. Esta actividad formativa suele ser muy bien valorada por parte de los estudiantes que las cursan.
Pero también están llegando innovadoras formas de integración de la formación en la universidad y en la empresa (o instituciones públicas). Quizás los dos casos más destacables son los doctorados industriales y los grados y másteres con mención dual (de los cuales ya se han aprobado los primeros en nuestro país).
La mención de doctorado industrial busca potenciar la interacción entre los ámbitos empresarial y académico, promoviendo la transferencia de conocimiento desde la investigación a la aplicación práctica, participando el doctorando en un proyecto de investigación industrial o de desarrollo experimental a través de un contrato laboral o mercantil con la entidad colaboradora.
Los grados o másteres con mención dual alternan la formación en la universidad con la formación en la empresa o administración colaboradora, para aportar una formación con una orientación muy práctica, aunque el porcentaje de formación desarrollada en la entidad colaboradora está limitada (entre el 20 y el 40 por ciento de los créditos, en títulos de Grado y entre el 25 y el 50 por ciento de los créditos en títulos de Máster Universitario). Esto se formaliza a través de un contrato para la formación en alternancia.
En conclusión, podemos decir que nunca como hoy empresas y universidades han tenido una cooperación tan estrecha en la responsabilidad de la formación, pero seguro que aún tenemos un largo camino que recorrer juntos.