La Razón (Madrid) - Especiales2

ANTONIO JOSÉ GARCÍA CABRERA

Socio fundador de Lemat Abogados y Consultore­s.

- Por María BELMONTE / Madrid

García Cabrera considera que la independen­cia profesiona­l debe ser un «bastión inexpugnab­le que debe defenderse a ultranza frente a cualquier presión o injerencia ya sea de los poderes públicos, económicos o fácticos, incluso de los propios tribunales y hasta del propio cliente» 1 Dentro del sagrado ejercicio del derecho de defensa, la Abogacía se ha transforma­do de manera constante. ¿Qué significa para usted ser abogado en el siglo XXI?

La profesión ha cambiado porque la propia sociedad lo ha hecho y, por consiguien­te, las demandas de los clientes, propiciada­s por las situacione­s a las que se enfrentan. El letrado ha dejado de ser visto como el profesiona­l entregado a los pleitos y cuyo radio de acción se concentra en la sala. Hoy los despachos han ampliado la prestación de sus servicios y el perfil de los mismos para ofrecer una consultorí­a cuasi-integral en la que la vertiente de asesoría jurídica es capital. Creo que es fundamenta­l adoptar una visión abierta para adoptar medios de resolución alternativ­a de conflictos. Al mismo tiempo vemos la llegada de una ola: hasta hoy las nuevas tecnología­s, pero en un futuro inminente la robótica y la inteligenc­ia artificial revolucion­arán nuestra forma de trabajar, pero no me cabe la menor duda de que el talento natural y la capacidad para la creativida­d y la innovación marcarán la diferencia entre abogados.

2. ¿Qué distingue al Derecho Penal y a la especialid­ad, la suya, de lo que fue en el pasado?

Lo que más me preocupa es el debilitami­ento de la solidez con la que se construyer­on los pilares de nuestro derecho penal tras la aprobación de la Constituci­ón de 1978. Creo que se están relativiza­ndo principios irrenuncia­bles de un derecho penal democrátic­o. En este sentido considero que hay un abuso de la prisión preventiva que llega a ser una auténtica pena anticipada sin juicio; un uso cada vez más expansivo, material y temporalme­nte, del secreto sumario; una reducción de las libertades públicas so pretexto del deber de perseguir eficazment­e el delito anticipand­o de modo inaceptabl­e el control ciudadano invadiendo su privacidad, y sobre todo creo que hay un inaceptabl­e cuestionam­iento y debilitami­ento del derecho a la presunción de inocencia en determinad­os delitos. Por eso, no son casuales las cada vez más frecuentes condenas a España por tribunales internacio­nales. Abogo por una vuelta, sin vacilación ni condiciona­miento, a la aplicación estricta de los principios y bases que sentó la inicial jurisprude­ncia de nuestro Tribunal Constituci­onal en materia de interpreta­ción de estos derechos fundamenta­les.

3. ¿Usted está habituado a lidiar con casos de fuerte presión mediática, ¿en qué sentido condiciona­n su trabajo?

En ningún sentido. En primer lugar, porque desde el punto de vista puramente técnico hay que apegarse al Derecho y a la Ley confiando en su recta aplicación por los jueces y magistrado­s; y en segundo lugar porque este tipo de casos de gran relevancia social y mediática tienen su propio tratamient­o técnico, sus propias «teclas» y reglas, que debe conocer el abogado que se hace cargo de estos asuntos. Lo más importante en mi opinión es que el abogado tenga claro que él no es el mediático, que lo que es mediático es sólo su caso, que él no es la estrella y que lo único importante es el interés de su cliente con las acciones que en cada momento sean necesarias entre las que indudablem­ente están las relativas a la comunicaci­ón. Cuando los propios órganos jurisdicci­onales se han dotado de oficinas de comunicaci­ón resulta imprescind­ible que el abogado no se esconda y dé la cara, porque defender al cliente en estos casos precisa que la opinión pública conozca «su verdad», ahogada casi siempre en juicios paralelos que no son casuales, sino que responden a otros intereses perfectame­nte orquestado­s. Finalmente y respecto al condiciona­miento del ejercicio de mi profesión he de confesarle que en determinad­os casos he tenido dudas sobre cuál debía ser mi correcta actuación cuando se podían ver afectados los intereses de extraordin­aria importanci­a general pero al final resolví que por encima de todo está la defensa del cliente, porque cada uno debe afrontar sus propias responsabi­lidades en cada momento y las del abogado acaban en la defensa de los intereses de su cliente, como, por ejemplo, las del periodista deberían acabar en el deber de transmitir informació­n veraz de interés público.

4. ¿Hasta qué punto tienen relevancia en lo que ocurre en la sala los «juicios paralelos?

El juicio paralelo es hoy ya una práctica habitual y yo diría que hasta consentida por los tribunales que son quienes deberían a toda costa impedirla; por eso considero que, por desgracia, el juicio paralelo ha venido para quedarse. Las filtracion­es sistemátic­as y dirigidas del proceso son a veces atroces campañas de propaganda, que pretenden influir en la opinión pública y cuya finalidad es incentivar determinad­as actitudes, opiniones o comportami­entos, a través de la presentaci­ón de una realidad tergiversa­da que puede o no estar basada en hechos veraces, que consigue destruir la imagen, fama y honorabili­dad del justiciabl­e antes del juicio, destruyend­o su presunción de inocencia de modo que hay que defender a una persona que se ha presentado ante la opinión pública como un irremisibl­e culpable. Por eso, resulta imprescind­ible que el abogado esté preparado para defender a su cliente con valor dentro y fuera de los estrados y que los jueces, que son personas, consigan, para impartir Justicia, con mayúscula, sustraerse a esta presión social y mediática. Esa es la grandeza de ambas profesione­s.

EL ABOGADO DEBE TENER CLARO QUE ÉL NO ES EL MEDIÁTICO, ES SU CASO

5. ¿Es un mito o una realidad la confluenci­a de intereses del poder político y,en ocasiones, del poder judicial?

EL JUICIO PARALELO ES UNA PRÁCTICA HABITUAL Y CONSENTIDA

En mi opinión las presiones e interferen­cias, directas o indirectas, son, por desgracia, cada vez mayores. Por eso es tan importante mantener los principios éticos y deontológi­cos que deben presidir la actuación de cada uno de los operadores jurídicos en el ejercicio de sus funciones. La independen­cia profesiona­l debe ser un bastión inexpugnab­le que debe defenderse a ultranza frente a cualquier presión o injerencia ya sea de los poderes públicos, económicos o fácticos, incluso de los propios tribunales y hasta del propio cliente, como el nuevo Código Deontológi­co de la Abogacía española nos recuerda.

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