Un mapa cultural por hacer
Más allá de la prometida actuación en equipamientos emblemáticos, el verdadero reto sigue siendo la gestión equilibrada en un territorio desigual
En lo que a materia cultural se refiere, y especialmente en lo que tiene que ver con el rédito electoral, se puede decir que el PSOE llega al 2D con los deberes hechos. El aprovechamiento de un Gobierno socialista en Madrid, por efímero que pudiera parecer, era una cuestión inexcusable y allá que comparecieron a finales de agosto el consejero del ramo, Miguel Ángel Vázquez, y el ministro correspondiente, José Guirao, para anunciar lo que llamaron el “desatasco” de diversos proyectos culturales andaluces, referentes sobre todo a equipamientos e infraestructuras necesitadas (a menudo con carácter de urgencia) de nuevas sedes o de la rehabilitación de las ya empleadas, como es el caso del Museo de Bellas Artes de Sevilla, los Museos Arqueológicos de Sevilla, Huelva y Córdoba, y las Bibliotecas Provinciales de Córdoba y Málaga, además de la gestión de centros como el Museo de Arte Íbero de Jaén o el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Consejero y ministro aseguraron haber fijado partidas, plazos y programas para la mayor parte de estas actuaciones, aunque no los hicieron públicos; pero, dado que de aprovechar se trataba, el primero no perdió la oportunidad de acusar al PP del “castigo sistemático a Andalucía” sostenido durante la Presidencia de Mariano Rajoy, en contraposición a la celeridad con la que el nuevo Ministerio parece tomarse en serio a Andalucía (sin olvidar el matiz del origen andaluz de Guirao).
Sin embargo, sin salir del epígrafe de los equipamientos, Vázquez no ha llegado a adjudicarse todos los tantos que pretendía. Su reciente intento de reactivar el proyecto de construcción del Auditorio de Málaga, con la bendición de nuevo del Ministerio, dio al traste con la negativa del alcalde, Francisco de la Torre, a asistir a la reunión convocada por el consejero para la constitución de un nuevo Consistorio o consejo administrativo tras acusar a Vázquez de perseguir fines electoralistas. El Centro Lorca de Granada, en cuya gestión participa la Junta dentro de otro consejo rector (junto al Ministerio de Cultura, la Diputación y el Ayuntamiento), sigue a la espera del nombramiento de su director y de la aprobación de sus presupuestos, en un retraso que ha causado ya el aplazamiento de las primeras exposiciones y actividades. Y es que la financiación suficiente para la puesta en marcha y la continuidad de grandes proyectos, en los que interviene la Consejería a menudo a través de consorcios y fundaciones, sigue siendo una cuestión pendiente para cuya resolución se tienen puestas todas las esperanzas en una ley de mecenazgo que el anterior Ejecutivo fue incapaz de llevar a buen puerto y que el actual no parece considerar entre sus asuntos prioritarios. Dejando a un lado el tótem patrimonial de la Alhambra, cuyos últimos problemas en cuanto a gestión quedaron solucionados sólo parcialmente, las buenas noticias en lo que a museos se refiere vienen para la Consejería desde el Picasso de Málaga (gestionado por una fundación participada también por la Junta), el más visitado de la comunidad, que sigue ganando af luencia con más de 635.000 entradas despachadas en 2017 y promesas de superación para el balance de 2018. Precisamente, el Picasso es en Andalucía el emblema del llamado binomio/cultura ,un territorio que la Junta, según ha apuntado en varias ocasiones el propio Vázquez, quiere explorar en el resto de provincias. La propia Málaga, sin embargo, puede servir de ejemplo respecto a los peligros que esta explotación conlleva, en relación a la gentrificación, la pérdida de identidad cultural y la frustración del tejido local.
En cualquier caso, más allá de las grandes iniciativas que los distintos partidos puedan prometer a partir de esta situación, el verdadero reto político es la articulación del mapa cultural andaluz, enormemente desigual, de manera equilibrada y hasta cierto punto descentralizada. El primer ejemplo lo constituyen los museos dependientes directamente de la Junta: ya sean los más veteranos (los citados de Sevilla y Córdoba) o los más recientes (el de Málaga), todos necesitan un ambicioso plan de actividades, modernización, puesta a punto y dotación de recursos. Las orquestas sinfónicas en cuyos consorcios figura el Gobierno andaluz no han superado sus particulares crisis y, en los casos de Granada y Córdoba mantienen problemas acuciantes de financiación (en la Orquesta Filarmónica de Málaga, el consorcio aparece oficialmente compartido al 50% por el Ayuntamiento y la Junta, pero el primero aporta más que la
segunda). En lo relativo a las artes escénicas, la prometida ley para la regulación del sector, actualmente en fase de anteproyecto, atraviesa una situación de punto muerto dados algunos problemas de definición del mismo sector que se pretende regular (entre otros); aunque más oportuna resultaría, en todo caso, la recuperación del Centro Andaluz de Teatro (su última producción, La evitable ascensión de Arturo Ui de Brecht, se estrenó en enero de 2015 después de otro largo paréntesis) como verdadero instrumento impulsor y vertebrador de las actividades escénicas en toda Andalucía, algo que, estrictamente, nunca llegó a ser. El programa Teatros Romanos de Andalucía ha prodigado en los últimos años algunas experiencias interesantes, pero aún así insuficientes para atender tanto a la demanda del público como a las aspiraciones de los creadores. La Ley del Cine si entró ya en vigor, aunque todavía falta lo fundamental: dotarla de contenido y de financiación con vistas al cumplimiento de sus objetivos, por no hablar de una promoción más eficiente de Andalucía como escenario de rodajes internacionales. Hasta el flamenco merecería ser objeto de una acción cultural más decidida y extendida geográficamente desde la Junta en su reivindicación como patrimonio andaluz. Retos para hacer política no faltan. Otra cosa es, claro, ganar las elecciones.
A pesar del anunciado ‘desatasco’ con ayuda del Gobierno, las cuentas pendientes son muchas