CASADO AÑADE FAVORES A SÁNCHEZ
PEDRO Sánchez se ha cobrado un nuevo trofeo, para gloria propia y vergüenza ajena: el impúdico control del Consejo General del Poder Judicial. Y se lo ha concedido su principal adversario político, Pablo Casado, el hombre que parecía dispuesto a regenerar el gran partido conservador. Los favores del PP al líder socialista son impagables. Primero, con la fantasmagórica espantada de Mariano Rajoy que facilitó su llegada a la Moncloa sin el refrendo de las urnas –aunque su investidura fuera legítima– y, ahora, con el entreguismo en la composición del órgano de gobierno de la judicatura, que revela la incapacidad del tierno mandamás popular para deshacerse de la atestada mochila de causas que atribulan a su partido. La conclusión ofrece pocas dudas: el Gobierno de Sánchez se ha apoderado del gobierno de los jueces con la insólita complicidad del PP.
Cuando en 1985 el Ejecutivo de Felipe González aprobó la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por la que los veinte vocales del órgano director de los jueces son elegidos por las Cortes Generales (diez por el Congreso y diez por el Senado), existía un motivo claro que respaldaban la inmensa mayoría de las fuerzas democráticas: acabar con los reinos de taifas ultraconservadores procedentes de la dictadura y cumplir el mandato constitucional sobre la Justicia que emana del pueblo, en su caso también a través de las Cámaras que representan la soberanía nacional. Tenía su lógica, ya que una cosa es la práctica jurídica como poder independiente y otra la intendencia orgánica de ese poder que, al igual que el Ejecutivo, deriva de la voluntad popular.
La fórmula, con sus pros y sus contras, ha resultado válida hasta ahora y, aunque todos los gobiernos han colocado a sus peones en el complejo entramado judicial, al menos lo hacían con discreción y cierta contención, sabedores del potencial de nuestra magistratura y de la excepcionalidad del sistema de elección del CGPJ comparado con los demás países de la Unión Europea. Y así podía haber continuado hasta que un Gobierno sólido y sensato abordara la reforma de la citada ley orgánica, adaptándola a un tiempo distinto del que la alumbró. Pero ni el Gobierno de Sánchez ni el PP de Casado son robustos ni consecuentes, y en su afán partidista, intervencionista y manipulador no solo no han reparado los ya debilitados anclajes del Poder Judicial, sino que han desgarrado el crédito de la institución.
Lo más ofensivo del majadero pacto entre el PSOE y el PP –con Podemos de asesor influyente– es el nombramiento anticipado del que será presidente del Consejo, el prestigiado jurista, eso sí, Manuel Marchena, cargo que, según la Constitución (art. 122 y 123), nombra el Rey a propuesta de los 20 vocales. Tanta desfachatez reventó el grano del secreto. Y decía Voltaire que “el que revela el secreto de otros pasa por traidor, pero el que revela el propio pasa por imbécil”. Sabido es que la imbecilidad en el poder conlleva siempre un grave peligro.
El entreguismo en la composición del CGPJ revela la incapacidad del tierno mandamás del PP