Un preso rompe un dedo de una patada a un funcionario en la cárcel algecireña
Los trabajadores piden que se les reconozca como agentes de la autoridad
La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) ha denunciado las agresiones, insultos y amenazas sufridas por trabajadores del Centro Penitenciario de Botafuegos, en Algeciras, que a su juicio revelan la necesidad de que sean reconocidos como agentes de la autoridad.
Según relata el colectivo en una nota de prensa, el pasado día 3 de enero, en el departamento de aislamiento, un interno que había sido recientemente trasladado por haber protagonizado días atrás otro incidente en el que agredió a varios funcionarios, volvió a atacar a los trabajadores de servicio. Uno de ellos sufrió la rotura de un dedo de una mano.
Todo ocurrió a la hora de la recogida de las bandejas. El interno, según la APFP, mostraba una actitud agresiva y hostil hacia los funcionarios. Además amenazaba con autolesionarse y agredir a los profesionales de servicio. Tras los requerimientos de estos para que se tranquilizara, aumentó su estado de agresividad, con fuertes golpes en la puerta y amenazas a los que allí estaban.
Los funcionarios decidieron su traslado a aislamiento provisional, con el fin de evitar que se hiciera daño o se lo provocara a alguien. Llegado el momento del traslado, mientras se realizaba el pertinente cacheo personal y requisa de la celda, comenzó a lanzar patadas a los funcionarios, momento en el que fracturó un dedo a uno de ellos. Una vez reducido el interno, tras ser trasladado a su nueva celda, comenzó a golpearse reiteradamente la cabeza contra la pared en presencia del médico de guardia, quien le pidió que depusiera su actitud y sólo recibió insultos y amenazas.
“Este nuevo episodio engrosa unas estadísticas absolutamente preocupantes en el ámbito penitenciario que son maquilladas a través del protocolo específico de actuación frente a las agresiones en los centros penitenciarios, muy restrictivo en cuanto a la calificación de estas y que no parecen preocupar en absoluto a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias”, reza el comunicado, que pide el reconocimiento de los funcionarios como agentes de la autoridad. “Está en juego la integridad física y la vida de las personas” que trabajan en prisiones y permitiría “un servicio más eficiente, seguro y adecuado al de las penas y medidas privativas de libertad que propugnan las leyes de este país”.