Peticiones de condena que llegan hasta ocho años
En la recta final del juicio del “procedimiento específico” de los ERE, el Ministerio Público sólo introdujo cambios menores en su escrito de conclusiones definitivo. Así, la Fiscalía Anticorrupción mantuvo la acusación contra los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y contra 19 ex altos cargos más, y la retiró contra Antonio Estepa Giménez, que se enfrentaba inicialmente a una petición de diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. Los fiscales delegados de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra reclaman una pena de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación para el ex presidente Manuel Chaves y otros seis ex altos cargos –Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, José Salgueiro, Francisco del Río y Antonio Vicente Lozano– y penas de cárcel de entre seis y ocho años de prisión para los otros 15 acusados, a los que atribuye además un delito de malversación, entre ellos el ex presidente José Antonio Griñán, que se enfrenta a seis años de cárcel. El fiscal rebajó de ocho años de prisión a seis la pena que solicitaba inicialmente para dos ex altos cargos: el ex director de IDEA Jacinto Cañete y la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina Varo. El principal reproche de Anticorrupción a los ex presidentes y a los otros acusados sigue siendo que no tomaran a la vista de las actuaciones de la Intervención General de la Junta –que alertaban de las deficiencias en el pago de las ayudas durante una década– “decisión alguna en el ejercicio de sus funciones que pusiera freno al procedimiento” seguido por la Consejería de Empleo para la gestión presupuestaria de las ayudas sociolaborales y ayudas a empresas en crisis mediante la utilización de las controvertidas transferencias de financiación del programa 31L. Y esa pasividad, según la Fiscalía Anticorrupción, tuvo lugar a pesar de que tenían “conocimiento de las irregularidades” que se recogían en los informes de la Intervención y de cuentas anuales de los auditores externos del IFA-IDEA, pese a lo cual siguieron “procediendo a la aprobación de los anteproyectos de presupuestos de los ejercicios siguientes y de sus modificaciones presupuestarias, en su caso”.