Junqueras no es eurodiputado
● La JEC argumenta que está condenado “por sentencia firme” ● ERC se reúne hoy para valorar las últimas decisiones judiciales
La Junta Electoral Central (JEC) rechazó otorgar la credencial de eurodiputado al presidente de ERC, Oriol Junqueras, por estar condenado por sentencia firme por el Tribunal Supremo por su implicación en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, lo que, a juicio del citado órgano, supone una causa sobrevenida de inegibilidad. La JEC adoptó esta decisión por siete votos a favor y cinco en contra y a pocas horas del comienzo de la investidura de Pedro Sánchez.
En el escrito sobre la decisión, la JEC declara que en el caso de Junqueras procede la causa de inelegilibidad sobrevenida contemplada en la Ley Orgánica Electoral General al haber sido condenado en sentencia firme por el Supremo a 13 años de prisión. En concreto, la resolución de la JEC subraya que la condena mediante sentencia firme a una pena privativa de libertad implica ope legis la pérdida de mandato parlamentario por incurrir en la causa de inelegibilidad establecida en el artículo 6.2 a) de la LOREG. “Son inelegibles: a) Los condenados por sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el período que dure la pena”, señala el citado artículo.
Según explica el órgano arbitral, la situación de Junqueras dejó de ser la de prisión provisional que tenía cuando resolvió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para pasar a ser “la de condenado por sentencia firme a pena privativa de libertad”.
De este modo, el organismo declara la pérdida de la condición de diputado del Parlamento Europeo, “con anulación de su mandato”, con efectos “desde la fecha de este acuerdo”.
Paralelamente, ERC convocó de urgencia una reunión de la Ejecutiva para mañana a primera hora, en paralelo con el inicio de la investidura, para valorar posibles consecuencias de las decisiones de la JEC sobre Junqueras y el president Quim Torra. Fuentes republicanas anunciaron que han convocado a su cúpula de forma extraordinaria para analizar las decisiones de la JEC, coordinar la respuesta y “valorar las consecuencias en el calendario político inmediato”.