Andalucía y la deriva autonómica

● La comunidad autónoma andaluza tiene ante sí la responsabilidad de rememorar el 4 de diciembre de 1977 para evitar una reparación similar al ultraje del modelo autonómico original

ANDALUCÍA es una isla de estabilidad frente al clima de incertidumbre y desconcierto. Lo repiten continuamente los dirigentes de las dos formaciones políticas que gobiernan la Junta, pero ¿es realmente así? Y, si así fuera, ¿cabría esperar alguna forma de ventaja o protección frente a las perversas influencias derivadas de la inestabilidad en el resto de España?

Las respuestas no pueden ser ajenas a la decisión del PSOE de modificar su posicionamiento estratégico en el campo batalla político, pese a lo acordado en el comité federal del partido a finales de 2015. Claramente instalado en el espacio del constitucionalismo hasta las elecciones del 10N y, por lo tanto, intransigente frente a los planteamientos de la izquierda más radical y el nacionalismo más egoísta, aceptó un drástico cambio de rumbo en su hoja de ruta hacia la Moncloa, propiciando una conmoción absoluta en el panorama político del país. Las alianzas ideológicas a favor o en contra de la Constitución del 78 se han desmoronado súbitamente, dando lugar al retorno del viejo enfrentamiento entre las izquierdas y las derechas que, a la vista de la escasez de fortalezas que ambas exhiben, los nacionalismos excluyentes no dudan en aprovechar, arrimando votos a la coalición de izquierdas, más tolerante con sus demandas.

En este precipitado escenario, el nuevo antagonismo entre las izquierdas y las derechas encuentra en la Junta de Andalucía al principal baluarte defensivo de las tesis de las segundas en la disputa sobre el futuro modelo territorial de España. Cabe pensar que la comunidad de Madrid, de similar tamaño y con las responsabilidades añadidas del factor capitalidad y de la condición, acrecentada de un tiempo a esta parte, de motor económico del conjunto, será una formidable aliada en la defensa de temas trascendentales, pero los madrileños carecen de la legitimidad que los agravios históricos otorgan a Andalucía, además de a castellanos, extremeños y algunos otros, frente a la acumulación insaciable de privilegios en los territorios más prósperos del país.

Andalucía tiene ante sí, por tanto, la responsabilidad de rememorar el histórico 4 de diciembre de 1977 ofreciendo, no sólo a los andaluces, sino al conjunto de España, una nueva vía de reparación similar a la del ultraje contra la igualdad que los muñidores del modelo autonómico original estaban dispuestos a consentir, hace ya 42 años. Una diferencia importante con respecto a entonces es que ahora se dispone de una documentada perspectiva histórica que nos permite afirmar que, pese a haber permitido a España convertirse en una de las economías más dinámicas del mundo y de situar la transición política española como modelo internacional de referencia sobre como salir de una dictadura y entrar en una democracia sin graves traumas, el balance de satisfacción con la experiencia autonómica está plagado de frustraciones.

Canadá, Estados Unidos, Alemania o Suiza proporcionan estimulantes razones a favor de la descentralización política, aunque en otros casos, como México o Brasil, las experiencias son menos positivas. El problema no reside, por tanto, en el modelo, sino en la forma en que se gestiona su desarrollo y en el caso de España se ha consentido que a medida que se avanzada en su implantación se debilitasen los mecanismos de coordinación. Para comunidades como la andaluza, y seguramente también para el conjunto de las más atrasadas, el principal motivo de frustración probablemente sea que la autonomía política apenas ha servido, a pesar de los cuantiosos recursos empleados en conseguirlo, para corregir el perfil grueso de las desigualdades territoriales y reducir las diferencias en materia de bienestar y desarrollo relativo. La estructura piramidal de la jerarquía regional en España mantiene las mismas capas y en similares condiciones de ordenación y distancia que hace cuatro décadas, cuando se ponía en marcha el Estado de las Autonomías. En la cúspide los mismos territorios que entonces, Madrid, País Vasco y Cataluña, mientras que Andalucía se mantiene en los estratos inferiores, probablemente incluso con menor peso político que entonces. Las consecuencias de la persistencia de esta estructura se reflejan, entre otras cosas, en la desigual forma en que los equipamientos estratégicos en la formación de vanguardias (centros avanzados de investigación, universidades punteras o los mejores equipamientos sanitarios) se distribuyen por el territorio nacional y contribuyen a consolidar los liderazgos y las periferias.

Al deficiente desarrollo del modelo autonómico hay que atribuir buena parte de la frustración que ha generado la experiencia de autogobierno entre los andaluces, aunque no deba enmascararse tras ello la responsabilidad que corresponde a nuestro consentimiento cómplice en el desarrollo de un sistema de bienestar insostenible con el tamaño y las posibilidades de nuestra economía.

En la coyuntura política que vivimos, Andalucía no puede confiar en que del enfrentamiento a la deriva irresponsable que pudiera tomar un hipotético Gobierno central de ideas antagónicas, pudiera derivarse algún tipo de inmunidad frente a sus consecuencias. Si hay crisis, también alcanzará a Andalucía, sin que de una gestión prudente de la coyuntura pueda esperarse algo más que una capacidad de resistencia mayor que en ocasiones anteriores. Mucho más preocupante es la descarada opacidad negociadora en torno la investidura, donde todo parece indicar que se han puesto sobre la mesa temas sensible a los intereses de los andaluces a medio y largo plazo. Pensemos en énfasis en el bilateralismo como modelo de relaciones entre el estado y las comunidades de País Vasco y Cataluña, cuyo único posible desenlace sería un desmantelamiento todavía mayor de los mecanismos de coordinación de las autonomías, a los que tanta responsabilidad suele atribuirse del fracaso autonómico. Percibiremos el alcance de ello cuando se inicie el debate sobre el futuro modelo de financiación autonómica y el independentismo catalán vuelva a plantear su demanda de pacto fiscal con el estado. Debe sonar bastante ingenuo, pero me reconforta pensar que no será posible mientras los andaluces no lo consintamos.

No se puede confiar en que un enfrentamiento al Gobierno evitará una crisis en Andalucía

Reconforta pensar que el pacto fiscal catalán será imposible si los andaluces lo impiden