TIRÓN DE OREJAS DE TRANSPARENCIA AL GOBIERNO

EL Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) se ha visto de nuevo obligado a corregir al Gobierno por la opacidad de sus informaciones oficiales. Y lo ha hecho de una manera tajante, ordenando al Ministerio de Sanidad que dé a conocer los nombres del comité de expertos para la pandemia de coronavirus al que aludió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. La cuestión no es baladí, pues el Ejecutivo ha sostenido durante los últimos meses que, como no podía ser de otra manera, sus decisiones se han tomado conforme a los más estrictos criterios científicos, asesorado siempre por profesionales de primer nivel. Nadie lo pone en duda, pero desde hace tiempo la prensa, como es su obligación, ha solicitado una y otra vez el nombre de los que forman dicho comité científico, ante lo que siempre ha obtenido como respuesta una incomprensible negativa que no habla muy bien de la calidad democrática de la política de comunicación del Ejecutivo de Sánchez. El Consejo de Transparencia ha considerado que la publicación de dicha lista no vulnera el derecho a la protección de datos de sus componentes y, por contra, favorece el control de la actividad pública por parte los ciudadanos en “decisiones relevantes”. En los últimos tiempos, debido a la pandemia de coronavirus, el Gobierno ha tomado decisiones que han afectado directamente a derechos fundamentales de los ciudadanos, como el de reunión o el de libre desplazamiento. Lo ha hecho conforme a derecho, amparado en todo momento por la Constitución. Pero eso no significa que escatime información sobre las personas que han aconsejado tomar tan drásticas medidas, por muy necesarias que fuesen. Lo único que ha conseguido la ocultación sistemática del Gobierno es fomentar la sospecha de que algo inconveniente a sus intereses se estaba ocultando. La decisión del CTBG, que da satisfacción la denuncia de un abogado, agota todas las vías administrativas, pero aún queda la posibilidad de que el Gobierno recurra a lo contencioso-administrativo. Sería un error. El Gobierno debe reconocer su error y facilitar cuanto antes dicho listado.

La negativa del Ejecutivo a facilitar la composición de su comité científico para la pandemia es incomprensible y habla muy mal de su política de comunicación