Roca y Muñoz aceptan seis meses de prisión por fraude y prevaricación
● El ex alcalde de Marbella y el ex asesor municipal aceptan las penas por prevaricación en varias operaciones urbanísticas
El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y el ex asesor urbanístico y cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, reconocieron ayer fraude y prevaricación en relación con varias operaciones urbanísticas en Marbella, por lo que llegarton a un acuerdo de conformidad con la petición de pena del fiscal.La Fiscalía Anticorrupción pidió seis meses de prisión y cinco años de inhabilitación para cada uno de ellos por un delito de fraude y a Julián Muñoz, que compareció por videoconferencia, se le ha solicitado además doce meses de prisión y cinco años de inhabilitación por prevaricación administrativa y urbanística.
A Roca por el delito de prevaricación administrativa, al considerarlo inductor, se le pide cinco años de inhabilitación. Esta petición supone una rebaja de lo reclamado por el Ministerio Público, que ascendían a penas que oscilaban de uno a tres años de prisión, e inhabilitación de siete a diez años por delitos de fraude, malversación y prevaricación, según el escrito acusatorio.
El juicio comenzó ayer en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga, y en el banquillo de los acusados estaban doce personas más, miembros de la Corporación municipal, ex ediles del GIL y empresarios.
Durante la vista oral, que quedó suspendida para dos empresarios con los que no se ha llegado a un acuerdo, se retiró la acusación para dos de los implicados. Los exconcejales del GIL también reconocieron los hechos y se han conformado con las penas que ha pedido el fiscal y que oscilan entre los nueve a quince meses de prisión, según a la corporación municipal a la que pertenecieron, además de cinco años de inhabilitación por prevaricación urbanística.
El presidente del Tribunal, José Godino, fue nombrando uno a uno a los acusados para comprobar si se conformaban con la pena y todos ellos han dicho que sí, aunque Julián Muñoz, tras expresar su conformidad, ha pedido a la Sala si se podía suspender ya la ejecución de su pena, porque le afecta a su libertad condicional. El magistrado le ha explicado que es su abogado el que tiene que presentar un escrito al respecto. En el relato acusatorio se explica que el fallecido Jesús Gil ideó un reparto de papeles en el que él gobernaba el municipio desde su empresa, y Julián Muñoz, en su condición de primer teniente de alcalde, actuaba de manera habitual entre 1999 a mayo de 2002 como alcalde accidental.
Aunque tras la condena de Jesús de que los distintos concejales y la posterior alcaldesa, Marisol Yagüe, aparecían subordinados a su poder de decisión. Su dominio en todo fue así hasta su detención el 29 de marzo de 2006, por lo que cualquier actuación urbanística en Marbella tenía que contar con el visto bueno de Roca, ya que controlaba no solo la revisión del planeamiento municipal, sino también los eventuales convenios urbanísticos que los interesados quisieran pactar con el Ayuntamiento.
Roca aprovechó esta circunstancia para lucrarse económicamente con este “urbanismo a la carta”, y Julián Muñoz, como alcalde accidental, y los demás integrantes de la comisión de gobierno se limitaron a ratificar con su firma, de manera automática, pero en todo caso plenamente conscientes de su manifiesta ilegalidad y el perjuicio para Marbella, señala el escrito. En este contexto, los empresarios acusados, dedicados a la promoción y construcción, hicieron varias operaciones inmobiliarias en la que se vio perjudicado el Ayuntamiento y, pese a las irregularidades, fueron aprobadas por la comisión de Gobierno.
Los ex ediles del GIL reconocieron los hechos y se conformaron con las condenas