Villa Patricia, todavía
NO es tarea fácil torcer la voluntad del poder con la palabra. Durante casi treinta años, con mis palabras, he tratado de impedir la destrucción del patrimonio histórico de nuestra ciudad, en particular de su patrimonio arquitectónico, facilitada, cuando no provocada, por el poder municipal, ejercido –en mi opinión– al margen de la ley.
Todos mis esfuerzos, de los que han dado –y dan– fe las hemerotecas de los diarios publicados en la comarca, han sido inútiles. Todos, hasta ahora, con una excepción que ya tuve ocasión de hacer pública expresamente en un trabajo anterior publicado en este diario (Europa Sur, 30 de julio de 2019), en el que explicaba cómo las alegaciones presentadas a la mutilación del yacimiento de la Factoría Romana de Salazones de la calle San Nicolás, propuesta por el Ayuntamiento de la ciudad y la Delegación Provincial de Cultura, fueron aceptadas, garantizando así la integridad del yacimiento, declarado Bien de Interés Cultural, aunque todavía –más de quince años después– hurtado al disfrute de los ciudadanos.
Para tratar de impedir un atentado más a nuestro patrimonio, tomé de nuevo la palabra y manifesté mi oposición al acuerdo de aprobación inicial del proyecto de modificación puntual del PGOU para descatalogar Villa Patricia, tomado en el pleno celebrado el día 31 de enero del año en curso.
Lo hice primero públicamente, en una carta abierta al alcalde (Europa Sur, 27 de abril de 2020), y después, con fecha 18 de junio, oficialmente, presentando alegaciones al acuerdo, reiterando en ambos casos la manipulación y la falta de rigor de los argumentos utilizados en la propuesta de descatalogación, presentada por la propiedad y asumida y defendida por el gobierno municipal.
En mis alegaciones solicité al Ayuntamiento Pleno que, teniendo en cuenta las razones expuestas, acordase: 1º) rechazar definitivamente el Proyecto de modificación puntual del PGMOU; 2º) modificar la ficha nº 3.42 del Catálogo del PGMOUA vigente, de modo que se actualicen sus contenidos, de conformidad con la mejor información actualmente disponible; y 3º) exigir a los propietarios de la edificación la realización de las obras de intervención que procedan, conforme a lo establecido en las legislaciones autonómica y nacional en materia de Urbanismo y de Patrimonio Histórico y, en particular, las exigidas en los capítulos 5 y 6 del Catálogo del PGMOU de Algeciras y en la propia ficha 3.42 del citado Catálogo.
Ni el alcalde como tal –haciendo uso del derecho que le asiste a responder a las cartas de quien le parezca– ni como presidente del Pleno –incumpliendo el deber de dar respuesta a las alegaciones que al Pleno se presenten conforme a la legalidad vigente– ha dado respuesta a mi carta ni a mis alegaciones.
El pasado lunes, sin embargo, pude leer en la prensa, con sorpresa, que “después de que la modificación [puntual] haya recibido tres alegaciones, el Consistorio ha renunciado a llevar a cabo el plan” y que “ahora se abre un proceso de diálogo en el que la Comisión de Urbanismo estudiará una rehabilitación total o parcial del viejo palacete y una posible actuación para conectarlo con la Plaza del Coral (Europa Sur, 30 de noviembre).
Nada de lo publicado ha sido desmentido en estos días. Es, pues, obligado concluir que todo es cierto. Y todo conforme con el más puro estilo de gobierno bananero: sin dar respuesta alguna a las alegaciones presentadas conforme a lo que la ley establece, faltando al respeto debido a quienes alegamos; sin exigir las responsabilidades que procedan a los responsables políticos, funcionarios y técnicos que defendieron como propias propuestas contrarias al interés general; propiciando el diálogo con quienes durante 25 años han incumplido sistemáticamente las leyes que les obligan, desde siempre, a conservar su propiedad en condiciones de salubridad, seguridad, higiene y ornato.
En consecuencia, no callaré. Ante el Pleno primero, ante todas las administraciones competentes en materia de Urbanismo y Patrimonio Histórico, y ante los tribunales de justicia, si fuese necesario, reclamando el derecho que me asiste a recibir del Gobierno municipal una respuesta razonada a las alegaciones presentadas en su día, tal como las leyes aplicables establecen.