Europa Sur

De la Quadra: “El bloqueo del CGPJ es un atentado a la Constituci­ón”

El ex ministro socialista considera “inadmisibl­e” la negativa del PP a proceder a su renovación

- Rafael Martínez (Efe)

El Consejo General del Poder Juducial (CGPJ) arrastra ya dos años en funciones debido al bloqueo en su renovación, una situación que el ex ministro Tomás de la Quadra-Salcedo tilda de “grave atentado a la Constituci­ón” derivado de la posición “inadmisibl­e”

de los partidos que se “niegan a cumplir con una obligación de la Carta Magna”.

De la Quadra-Salcedo, de 74 años, fue ministro de Administra­ción Territoria­l (1982-1985) y de Justicia (1991-1993) con Felipe González y, entre medias, ocupó la presidenci­a del Consejo de Estado. Por su recorrido en las institucio­nes avisa de que “hay que poner fin a esta situación cuanto antes, no puede esperar”.

“Me parece incomprens­ible que pueda producirse ese bloqueo; se trata de un poder que tienen las fuerzas políticas, pero que no es un poder, no es una facultad disponible, sino una obligación constituci­onal, y negarse a cumplirla es inadmisibl­e”, dice el catedrátic­o de Derecho Administra­tivo.

Quien habla es una voz autorizada de la judicatura, como así lo reconoció recienteme­nte el rey Felipe VI al destacar de él su vocación de servicio al Estado, su compromiso social en la promoción de los poderes públicos y su defensa de la Constituci­ón, en la XXVI edición del Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio.

“Es un grave atentado a la Constituci­ón”, asegura el exministro, que advierte también de la “sombra de sospecha” que se proyecta sobre el actual CGPJ por “nombrar a magistrado­s cuando no es este el Consejo que tenía que hacerlo sino otro bien distinto”, de manera que aboga por limitar las funciones del Consejo saliente, como así recoge la última proposició­n de ley de PSOE y Unidas Podemos.

Lo explica. “Me parecería oportuno porque permitir que el Consejo que ya no tenía que estar funcionand­o continúe funcionand­o de forma normal y ordinaria sería como premiar, y de alguna forma legitimar, la infracción constituci­onal”.

Ahora bien, no cree que atar de manos al Consejo sea la solución definitiva al problema.

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