LA ENÉSIMA PROMESA
● La declaración de la industria como sector estratégico en el Congreso se quedará en mera retórica si no va acompañada de medidas concretas
La Triple A. Astilleros, aeronáutica y automoción. Ésta es la base sobre la que la Bahía de Cádiz se erigió en uno de los polos industriales de España. El balance hoy es agridulce.
La aeronáutica se encuentra amenazada como consecuencia de la pandemia y los errores de planificación de Airbus. La compañía tiene que pronunciarse sobre el futuro de la factoría de Puerto Real, que se encuentra en un atolladero tras el fracaso del A380, cuya producción fue cancelada meses antes del estallido de la crisis sanitaria. A ello se suma la falta de demanda del resto de aviones civiles del catálogo de Airbus en los que participa la planta. El CBC de El Puerto también afronta duros tiempos ante la ausencia de pedidos militares y los problemas del Boeing 737MAX, para el que fabrica los recubrimientos de los motores, por los dos accidentes en los que se vieron implicados este modelo y que llevó a las autoridades a retirar su permiso para volar. Ambas plantas tienen en vigor un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE): hasta el 31 de mayo en Puerto Real, y durante todo 2021 en el caso de El Puerto. Sin embargo, la compañía mantiene en marcha sus planes para suprimir 151 puestos de trabajo en Puerto Real y otros 135 en El Puerto a lo largo del próximo año.
Si Airbus estornuda, la industria auxiliar se resfría. Cada empleo en la empresa tractora genera tres en sus proveedores, según los cálculos de la propia Airbus. El sector gaditano ya inició 2020 con 500 puestos de trabajo perdidos, y pese a que los ERTE han permitido capear el temporal del coronavirus, la situación de muchas empresas auxiliares es muy difícil, como ha advertido en numerosas ocasiones el Consejo Empresarial Aeronáutico de Cádiz.
La A de astilleros cuenta por ahora mejores perspectivas, aunque se ciernen dudas a medio y largo plazo para un sector que también depende de la industria auxiliar para sobrevivir. Navantia Puerto Real, que cuenta con uno de los mayores diques secos de Europa, retomará la construcción naval con el nuevo Buque de Acción Marítima de Intervención Subacuática (BAM-IS) para la Armada. Los Presupuestos Generales del Estado de 2021 reservan una partida de 53,4 millones de euros, lo que permitirá iniciar unos trabajos muy esperados para una factoría falta de encargos tras la culminación de los tres contratos off-shore en los que ha trabajado a lo largo de 2020. El astillero de San Fernando sigue enfrascado en la construcción de las corbetas para Arabia Saudí. Ya ha botado dos y las otras tres están en diferente fase de desarrollo. Las dudas sobre la factoría isleña se ciernen a medio plazo ya que en breve terminará de cortar chapa para el quinto y último buque. Y Cádiz está pendiente de la reanudación de la navegación de los cruceros, en cuya reparación y reforma había logrado hacerse un hueco en los últimos años.
En cuanto a la automoción, tras los traumáticos cierres de Visteon y Delphi, la presencia de este sector se limita a pequeños oasis como Oetikker, uno de los frutos que aún perviven de la declaración de la Bahía como Zona de Urgente Reestructuración por parte del primer Gobierno de Felipe González, en 1984.
Este es el contexto en el que se ha fraguado esta semana la declaración de la industria de Cádiz como sector estratégico el
Congreso de los Diputados. La propuesta, que salió adelante con el voto a favor de todos los grupos salvo PNV y Vox –que se abstuvieron–, fue llevada a la Comisión de Industria, Turismo y Comercio en forma de Proposición No de Ley por Unidas Podemos. Fue fruto del compromiso de esta formación de recoger las reivindicaciones de la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM), un colectivo que llevó a cabo en agosto un paro en la industria auxiliar de la Bahía que no contaba con el apoyo de los sindicatos mayoritarios ni de los comités de empresa de las tres factorías de Navantia. Esta huelga fue desconvocada finalmente tras una votación secreta y visada ante notario realizada en los tornos de acceso a los centros de trabajo.
La iniciativa parlamentaria como sector estratégico se plasmó en una Proposición No de Ley. Entre otras cuestiones, insta al Ejecutivo a “declarar la industria del metal en la provincia de Cádiz como sector estratégico para el sostenimiento de la economía regional y para la conservación del conocimiento que atesora su masa laboral, cuya pérdida nos debilitaría como nación”.
También reclama al Ejecutivo que se respeten las bolsas de trabajo con criterios objetivos con la intención de que se reduzca la subcontratación. Asimismo, exige una auditoría externa sobre “la merma de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadores de empresas del metal” de titularidad pública, como Navantia, y participadas como Airbus y Alestis, en las que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) son accionistas minoritarios. Y por último, pide al Ejecutivo reforzar la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para identificar “posibles incumplimientos” del convenio del metal, tanto en las empresas tractoras como auxiliares, “y en particular, de todas las empresas que prestan servicios para Navantia en cualquiera de sus tres centros de trabajo en la Bahía”.
La fuerza ejecutiva de una Proposición No de Ley es prácticamente nula. Su fuerza radica en su valor simbólico, sobre todo al haber logrado un apoyo casi unánime en la Cámara Baja. “Pero por muchas declaraciones políticas que se hagan, no vamos a volver a la industria tradicional. Ayudan a poner cosas en el candelero, pero la solución es mucho más compleja”, advierte José Ruiz Navarro, catedrático emérito de Organización de Empresas de la Universidad de Cádiz, que ha dedicado casi toda su carrera profesional al análisis del emprendimiento y la atracción de empresas. No en vano, fue director de la Zona de Urgente Reindustrialización (ZUR) de la Bahía de Cádiz, un ente que estuvo en activo entre 1985 y 1988 y que fue clave para afianzar la presencia de General Motors, en lo que después fue conocido como Delphi, y la filial de componentes de Ford, inicialmente denominada como Cádiz Electrónica y que cerró años después ya como parte de Visteon. Ruiz Navarro es un convencido de las posibilidades de la provincia. “Cádiz tiene unos intangibles que ni conocemos. Cuando llegó Ford, le pregunté a uno de sus directivos cómo llamarían a la fábrica y me sorprendió al decirme que sería Cádiz Electrónica porque Cádiz era conocida en la empresa ya que fue la primera localización de Ford en Europa”, relata.
Para José Antonio Barroso, ex alcalde de Puerto Real y uno de los defensores históricos de la presencia de la industria en la Bahía, el valor de esta declaración es que se hable “por primera vez de esta manera en el Congreso”. “Pero se puede quedar en mera retórica si no hay un seguimiento de ese pronunciamiento por parte de las fuerzas políticas que lo han apoyado en forma de inversión y ayudas a la industria”, resalta Barroso. En su opinión, el fallo de la Bahía de Cádiz es que “nunca ha habido un plan industrial de verdad, sino incentivos puntuales que no han tenido el objetivo de crear un tejido permanente”. “Hubo un momento en el que perdimos la batalla los que defendimos el sector industrial por encima de cualquier actividad frente al turismo”, recuerda Barroso, que aplaude que ahora “empiece a cundir la idea de que para la Bahía de Cádiz en particular y la provincia en general, siempre será mucho mejor la industria como forma de desarrollo que el sector servicios”.
La ZUR fue el primero de una larga saga de acrónimos con los que las administraciones han intentado sacar a la comarca del pozo de los peores datos de desempleo de España. Sirvió especialmente para dar cobertura a la reconversión naval y a modernizar la factoría de CASA en Puntales, germen de las plantas de Airbus en Puerto Real y El Puerto.
“Era un plan urgente para frenar una crisis muy profunda. Y se logró parar la deslocalización de la industria naval. Fue una medida coyuntural y yo insistí en que tenía que tener una continuidad estructural”, recuerda José Ruiz Navarro, que focalizó su tesis doctoral y un libro a esta materia. Le siguieron las Zonas de Acción Especial (ZAE), que contemplaban ayudas a fondo perdido para nuevas iniciativas empresariales, complementándose con otras del Instituto de Fomento de Andalucía.
La Cámara Baja se pronunción en una Proposición No de Ley, una figura que no obliga a nada a los poderes públicos
Entre 1995 y 2005, unos 300 proyectos de la Bahía, Jerez y el Campo de Gibraltar recibieron unos 90 millones de euros que permitieron consolidar 22.500 puestos de trabajo. Una lluvia de millones que sin embargo no consiguió frenar el traumático cierre de Delphi, empresa que había obtenido desde 1986 hasta su cierre en 2007 62,1 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía.
Una de las iniciativas que más tiempo lleva en vigor es el Programa Reindus del Ministerio de Industria. Sin embargo, el monto que han recibido las empresas gaditanas se ha reducido considerablemente. En la convocatoria de 2020, apenas cuatro proyectos pasaron el corte y se les adjudicaron ayudas por un importe de 2,2 millones de euros.
A ello se suma los escándalos sobre el uso y control de estos fondos, Por ejemplo, Torrot recibió 8,5 millones de euros para una planta de motos eléctricas en la Zona Franca de Cádiz de la que desistió hace un año. Y un juzgado de Cádiz acaba de cerrar la instrucción del caso Bahía Competitiva, una trama que presuntamente desvió 14 millones de euros de ayudas a la reindustrialización en Cádiz.
El responsable provincial de industria en CCOO, Jesús Serrano, recuerda que las administraciones se comprometieron a buscar un tercer sector que complementara la industria naval y la aeronáutica cuando cerraron Delphi y Visteon.
“Ese compromiso no era sólo con los trabajadores sino con la sociedad. Y no se ha cumplido”, lamenta.
Para José Ruiz Navarro, el problema de Cádiz radica en el “ecosistema”, un concepto que engloba tanto el elevado fracaso escolar –en Cádiz ocho puntos por encima de la media española, según apunta– como la falta de emprendedores o las trabas burocráticas. “En la Bahía no tenemos empresas ni empresarios. Contamos con grandes establecimientos industriales pero las decisiones no se toman aquí. El camino es crear un ecosistema con un tejido empresarial propio que tiene que salir de nuestro talento, de gente que se quede aquí a vivir”, insiste. “Necesitamos empresarios que sean capaces de utilizar el cambio tecnológico, administraciones más ágiles y un sistema educativo más integrado en el emprendimiento, desde la educación básica a la universidad”, resalta.
La crisis del coronavirus ha
“En Cádiz no tenemos empresas sino establecimientos industriales en los que las decisiones se toman fuera”
abierto una ventana de oportunidad. “El Covid ha demostrado la debilidad de la deslocalización por la rotura de las cadenas de producción. Y a su vez, hay un cambio en los flujos de inversión, que buscan ahora proyectos más especializados pero con un alto potencial de crecimiento”, señala el catedrático emérito de la UCA.
Las miradas están puestas ahora en los fondos Next Generation de la Unión Europea. España será el país más beneficiado con unos 140.000 millones de euros llamados a revertir la crisis del Covid apostando por proyectos relacionados con la descarbonización de la economía, las nuevas tecnologías.
Pero las primeras iniciativas surgidas desde Cádiz han llevado a los sindicatos al desánimo. “No entendemos cómo es posible que los políticos pretendan usar las ayudas de Europa para cambiar la piedra ostionera de las murallas de Cádiz o arreglar goteras de los polideportivos”, señala Jesús Serrano. “Esas ayudas tienen que ir a fortalecer el tejido productivo porque es lo que quiere Europa”, recalca el responsable de industria de CCOO-Cádiz, que llama la atención sobre la abstención del PNV en el Congreso. “No votó a favor porque le parece una competencia a su industria. Pero dentro de seis meses nos rasgaremos las vestiduras porque al País Vasco le han concedido una serie de ayudas que aquí no llegan. Y es que las administraciones ya están trabajando allí de forma conjunta. No como aquí”, sostiene el representante de CCOO.
Para Antonio Montoro, secretario general de FICA-UGT-Cádiz, un primer paso en esa unidad de acción es el apoyo recibido por parte de la casi todas los partidos políticos y las instituciones a la concentración celebrada ayer en el centro de Cádiz en defensa de la industria. “Esa declaración de industria estratégica es sólo un título. Ahora nos queda el trabajo de darle contenido. Si no, no sirve para nada”, advierte.