La acusación popular pide el embargo de los bienes del ex líder de Vox Francisco Serrano
● El secretario general de Facua aporta 28 nuevos documentos sobre las empresas del juez
La acusación popular que ejerce el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, en la causa abierta al ex líder de Vox en Andalucía Francisco Serrano, que está siendo investigado por presunto fraude de subvenciones de 2,4 millones de euros, ha solicitado al juez el embargo de los bienes para hacer frente a la posibles responsabilidades derivadas del caso.
El propio Rubén Sánchez anunció ayer en su cuenta de Twitter que su abogado, Francisco Tejado Vaca, ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 16 solicitando el embargo de los bienes de Serrano y de sus dos socios, investigados por la ayuda de 2,4 millones que recibieron del programa para Actuaciones de Reindustrialización (Reindus) y que la Policía sospecha que una parte se desvió a “fondos de inversión”, motivo por el cual el magistrado que investiga un presunto fraude de subvenciones ha autorizado la ampliación de la investigación de las cuentas de las sociedades vinculadas a la subvención.
En la mencionada cuenta de Twitter, Rubén Sánchez explica que ha solicitado el embargo de los bienes de los investigados que recibieron esta ayuda e “inflaron el valor de su sociedad limitada para recibirlas y destinaron el dinero a fines distintos al de la ayuda” solicitada.
Además, la acusación popular anuncia que ha aportado 28 nuevos documentos sobre las empresas del juez de Vox y sus ex socios para que se incorporen a las actuaciones y ha pedido asimismo la declaración de una nueva testigo relacionada con este caso.
La ampliación de las pesquisas policiales se ha producido a raíz de una petición de la Fiscalía de Sevilla ante las sospechas de que Serrano desvió a una empresa suya un millón de euros de los 2,4 millones de la ayuda. El Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha remitido recientemente un informe al juzgado, en el que pone de manifiesto que, una vez transferidos los fondos del Ministerio de Industria, se realizaron “diversas operaciones que aminoran la cantidad de fondos disponibles, de modo que son dispuestos 438.000 euros, quedando disponibles 2.051.000 euros”.
La subvención fue íntegramente transferida a una cuenta de la empresa Bio Wood Niebla, de la que un millón fue transferido sucesivamente a la cuentas de Proyectos e Inversiones Serralba –en
El ex político está investigado por un presunto fraude en una ayuda de 2,4 millones
la que están autorizados Francisco Serrano y su socio Enrique Pelegrín– y de Pellex Energía, mientras que “el resto de los fondos ha sido dispuesto mayoritariamente en fondos de inversión, y objeto de sucesivas operaciones en las tres cuentas, de ingreso y retirada”.
La UDEF informa además de varias operaciones que demuestran “cómo los fondos han sido empleados en otras finalidades distintas al proyecto para el que fueron concedidos o bien por personas distintas a las autorizadas”, y en este sentido destaca sendos préstamos realizados al periódico “XYZ” –creado por Serrano–, por importe de 7.000 euros, y otros 13.080 euros a “Serrano Abogados”.
A raíz del procedimiento judicial abierto, Serrano anunció en septiembre su renuncia al escaño en el Parlamento andaluz para defenderse “como cualquier ciudadano ante un juzgado ordinario”. El ex líder de Vox dijo entonces que renunciaba al acta, al escaño y al aforamiento. “No merece la pena aguantar la persecución y presión, y más sin ser un político profesional. Pero, nunca renunciaré a mi libertad, mi devoción por la verdadera Justicia e Igualdad y al amor por España”, dijo.