LOS COMITÉS DE EXPERTOS
ENTRE las críticas al discurso de Pedro Sánchez sobre rendición de cuentas del pasado martes se incrustan no pocas referencias al “grupo de análisis metodológico”, autor del informe del que emanan las razones que le llevan a autocalificar su gestión de sobresaliente. “Quien no rinde cuentas no merece confianza”, declaraba sin ningún pudor sobre los recelos a la independencia de criterio de un nuevo “comité de expertos” nombrado por el gobierno para evaluarse a sí mismo. No importa que sus miembros hayan trabajado de forma gratuita. Su utilidad declina con los inevitables calificativos de tendencioso y propagandístico, pese a lo cual el gobierno amenaza con repetir la iniciativa todos los años. No entramos en el discurso de Sánchez, pero nos interesamos por la figura de los comités de expertos que los propios gobiernos (central y autonómicos) nombran ad hoc para revestir de rigor científico algunas decisiones complejas o interesadas y para la evaluación de sus políticas.
Casi al mismo tiempo se daban a conocer los nombres del “comité de expertos” que decidió sobre los criterios para pasar de fase durante el desconfinamiento. Resulta que los científicos de reconocido prestigio e independencia eran, todos menos uno, personal del Ministerio de Sanidad. No se duda ni de su competencia profesional, ni de su compromiso personal con la tarea encomendada, pero resulta que eran “de la casa” y debían decidir sobre cuestiones de fuerte calado político en aquel momento, además del estridente conflicto de transparencia que la obstinada negativa del gobierno a identificarlos estaba provocando.
300 profesionales de salud firmaban hace unos días un manifiesto en el que se demandaba la creación de una agencia independiente para la evaluación de las políticas sanitarias. De fondo la sospecha de que tras la arbitrariedad de algunas decisiones durante la pandemia había motivaciones políticas que tendrían que haber permanecido al margen. Lo que proponen es que en materia de sanitaria las cosas se hagan de otra manera: “despolitizar la política”, al menos en algunas de sus parcelas. Si se trata de velar por el interés general, no por el de los gobiernos, los comités de carácter técnico y de control han de ser independientes y disfrutar de autonomía presupuestaria (nada de trabajar gratis) y funcional (recursos y nombramientos sin interferencias).
Tanto la creación de comités de expertos sobre temas complejos que deben permanecer inmunes a la contaminación política (partidista), como de agencias para la evaluación de políticas públicas son deseables y convenientes, siempre que sean independientes e imparciales. La Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) constituye una referencia ejemplar de agencia evaluadora de políticas, mientras que el reto de la reconstrucción económica y social del Covid-19 con el fondo NextGeneration proporciona una valiosa oportunidad para la delegación de la gestión en un comisariado competente e independiente, pero también sometido a la correspondiente evaluación sobre si el programa funciona adecuadamente o debe corregirse. De momento no existen indicios de coincidencia con las preferencias del gobierno.