Celaá llama a la calma y asegura que los concertados “no tienen nada que temer”
La ministra de Educación intenta tranquilizar a las familias, pero no explica qué criterio se seguirá en la renovación de los conciertos
La ministra de Educación, Isabel Celaá, mandó ayer un mensaje de calma a los colegios concertados ante el proceso de renovación de los acuerdos y la próxima escolarización. Un intento de tranquilizar a los titulares de estos centros y a las familias con hijos en ellos que, sin embargo, no vino acompañado de una aclaración sobre cómo afectará la nueva ley de la enseñanza –que entró en vigor la semana pasada– a la hora de planificar la oferta educativa.
Celaá realizó dichas declaraciones ayer en el programa de Canal Sur Radio La Mañana de
Andalucía, que presenta Jesús Vigorra. Al ser preguntada por la afección que la reforma (la octava de la democracia) puede tener en el actual proceso de renovación de los conciertos educativos que se lleva a cabo en esta comunicad autónoma, la ministra aseguró que “la concertada no tiene nada que temer”.
“Los abusos es lo único que la ley retira”, afirmó Celaá, quien recordó que fue una reforma socialista, la de 1985, la que dio inicio a los conciertos con la enseñanza privada. “No vamos a retirar la enseñanza concertada, sino que intentaremos que el sistema se desarrolle con mayor transparencia”, abundó.
Según la ministra, lo que la Lomloe pretende es que haya un reparto “más justo” del alumnado en los dos tipos de enseñanza que conforman la oferta pública. “Se trata de unir la libertad de elección de las familias con una escuela más equilibrada”, incidió Celaá, quien con estas palabras se refirió al hecho de que los alumnos que presenten necesidades educativas especiales –no sólo cognitivas, sino también sociales– se encuentren distribuidos de forma homogénea entre colegios públicos y concertados, de manera que todo el peso de esta atención no recaiga, “como hasta ahora”, en los primeros.
Sin embargo, estas declaraciones no aclaran la incidencia de la nueva ley en la planificación de la oferta educativa y, en especial, en un año como el actual, que ha comenzado con la renovación de los conciertos. La Lomloe califica a la enseñanza concertada de subsidiaria de la primera, un cambio de denominación que adquiere especial incidencia en el mencionado periodo, sobre todo, en una época marcada por la bajada de la natalidad, ya que, en último extremo, en caso de que haya que cerrar unidades por falta de niños, los primeros centros en sacrificarse han de ser los concertados, pese a que registren más demanda que los públicos. Éste es uno de los principales cambios de la ley Celaá, el cual ha generado una campaña de protestas en la concertada.
La ministra, en este sentido, optó por no entrar en la polémica y se limitó a asegurar que “las necesidades educativas no van a ser menores, sino mayores, ya que la ley apuesta por una atención personalizada”. Este argumento fue, precisamente, el que defendieron muchos directores de centros concertados y de familias, que pidieron que se aproveche la bajada de la natalidad para reducir la ratio en las aulas, con lo que aumentaría la calidad de la enseñanza y se evitaría también el cierre de unidades. Una línea de pensamiento que casa con el hecho de que la concertada sea complementaria de la enseñanza pública y no subsidiaria, como ahora contempla la Lomloe.
Los profesores de FP Otra de las cuestiones que no ha aclarado es la relativa al futuro de los profesores técnicos de FP que carecen de titulación universitaria. La ley Celaá establece que los que se encuentran activos seguirán trabajando, pero pasarán a formar parte de un cuerpo “a extinguir”. A partir del desarrollo de la normativa estatal, para impartir esta enseñanza (tan demandada los últimos años) los docentes han de contar con estudios superiores. La ministra ha empleado casi las mismas palabras que para los colegios concertados: “Los técnicos tienen un lugar importante. No tienen nada que temer”.
Una afirmación que choca con las pretensiones que recoge la Lomloe y que ha provocado las críticas de este cuerpo, donde existen especialidades que no se enseñan en la universidad, como soldadura, automoción y peluquería. Celaá, lejos de explicar el motivo por el que se incluyó este requisito para dicho cuerpo, se ha limitado a avanzar que ya se está trabajando en una ley de FP y que en ella “buscaremos una fórmula para que estos profesores continúen”.
La nueva ley de FP buscará una “fórmula” para profesores sin titulación universitaria