El Gobierno achaca la caída de la criminalidad al Plan contra el Narcotráfico
Entre enero y noviembre se contabilizan 35.211 detenciones en las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga junto con 4.543 operaciones
La delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, defendió ayer la bajada de la criminalidad registrada en el Campo de Gibraltar y en el resto de territorios sobre los que se aplica el Plan Especial de lucha contra el narcotráfico.
El Plan se amplió por parte del Ministerio del Interior durante el pasado ejercicio a toda la provincia de Cádiz, Huelva y Málaga. Así, la tasa de criminalidad conjunta en estas zonas entre enero y noviembre de 2020 se situó en el 37,3% (calculada teniendo en cuenta las infracciones penales entre diciembre de 2019 y el pasado noviembre), cuando en 2019 fue del 43,7% y en 2018 del 43,8%.
La tasa es el resultado de multiplicar por 1.000 las infracciones penales conocidas entre enero y diciembre y dividir por la población del padrón municipal a fecha de 31 de diciembre, tanto en 2018 como en 2019.
Asimismo, se han practicado 35.211 detenciones en las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga entre enero y noviembre de 2020 (los últimos datos disponibles) frente a las 42.589 registradas en los doce meses de 2019.
En este mismo periodo se han efectuado 4.543 operaciones contra el narcotráfico y el contrabando, además de que las aprehensiones de drogas han alcanzado en el mismo periodo de tiempo los 323.267 kilogramos, sobre todo de hachís (245.324), por delante de la cocaína (15.024 kilogramos), la marihuana y otras drogas de las que se han aprehendido 62.919 kilogramos en los once primeros meses del pasado año.
Para García, cuando el PSOE llegó al Ejecutivo central en junio de 2018 tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, “había una absoluta pérdida de la autoridad en el Campo de Gibraltar”. La delegada subrayó que por parte del nuevo Gobierno “la primera medida que se tomó al respecto fue recuperar la autoridad, con medios económicos y con medios materiales”.
Aunque destaca la vertiente del plan dedicada a la lucha contra el narcotráfico en la zona, éste
“es mucho más amplio y mucho más ambicioso, porque va en paralelo con unas medidas sociales, educativas y también de infraestructuras”, según abundó la delegada en una entrevista con Europa Press. Entre otras iniciativas, según Sandra García, en el plan integral se incluye “todo el refuerzo en la mejora de infraestructuras como la Algeciras-Bobadilla”.
Se trata de que “la sociedad vea que el Gobierno en su conjunto está implicado desde un punto de vista también económico y social, no sólo desde un punto de vista coercitivo, policial y de persecución de esta actividad ilícita que es el narcotráfico”, y que “también vean una alternativa dentro de la ley”, según ha continuado.
Sandra García explicó que, pese al estado de alarma decretado en marzo del año pasado para contener la expansión de la pandemia de Covid-19, “desgraciadamente la delincuencia no ha respetado el confinamiento, aunque ha tenido muchas más dificultades”, y, en ese sentido, durante el primer estado de alarma, que amparó el confinamiento domiciliario, hubo “mucho menos actividad” delictiva en materias como el narcotráfico, como “era lógico”, porque “había una limitación de la movilidad prácticamente de un 99%”, según ha recordado la delegada.
La delegada del Gobierno en Andalucía defendió que “cada vez más estamos controlando y cada vez más se está incautando estupefacientes, también persiguiendo y poniendo a disposición judicial a más personas que se dedican a esta actividad ilícita del narcotráfico o del cultivo de la marihuana”.
La delegada ha comentado además que desde el Gobierno se persigue “que no sea normal que los jóvenes lo que piensen es en ser narcotraficante”, que vean que “eso es lo anormal, y que lo normal es que estudien y que puedan, en fin, dedicarse a otras actividades que son mucho más beneficiosas para el conjunto de la sociedad”.
“Ese es uno de los elementos fundamentales que también se está trabajando con distintos colectivos del Campo de Gibraltar, con asociaciones, con los municipios”, según ha explicado Sandra García, quien ha aclarado que, para ello, no sólo está implicado el Ministerio de Interior, sino que también “el resto de ministerios”.