La Cámara de Cuentas detecta múltiples irregularidades en la Diputación que presidió Bendodo
● Señala contrataciones no ajustadas a la ley y escasa formación y precariedad en la plantilla
Un informe demoledor que hace trizas la gestión del Patronato Provincial de Recaudación de Málaga en el ejercicio de 2016, justo cuando la Diputación estaba presidida por Elías Bendodo, hoy todopoderoso consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía y portavoz del denominado Gobierno del Cambio. El estudio está realizado por la Cámara de Cuentas de Andalucía, órgano del Parlamento Andaluz, y no deja lugar a dudas sobre el número e importancia de las irregularidades cometidas en diversos planos. En general, pone de manifiesto la precariedad del 80% de la plantilla y la escasa cualificación de los trabajadores en función de las complejas tareas que deben realizar. El informe acusa directamente al Patronato de tener empleados activos no incluidos en la plantilla, por lo que se incurre en una irregularidad grave. Peor aún si cabe es que insiste en que no se han seguido los requisitos de mérito, transparencia y capacidad en la selección del personal y que, en general, la gestión recaudatoria no resulta conforme a la normativa vigente.
El informe, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), contiene 70 páginas en las que se detallan las irregularidades, fruto de una inspección concienzuda, y se precisan los preceptos que se incumplen.
El Patronato es una agencia pública administrativa local creada por la Diputación Provincial de Málaga que tiene suscritos convenios con 99 ayuntamientos. Además, tiene firmado un convenio con la propia Junta por el que asume en la vía ejecutiva la recaudación de los ingresos de derecho público de la Administración andaluza. La responsabilidad de la Cámara de Cuentas de Andalucía es expresar una opinión basada en la auditoría realizada sobre si la gestión recaudatoria llevada a cabo por el Patronato cumple con la normativa de aplicación. La conclusión general es rotunda: el cumplimiento es “desfavorable”.
La plantilla no recoge todas las plazas que deberían estar dotadas: “Durante el ejercicio fiscalizado han prestado sus servicios en el Patronato 134 laborales (4 fijos y 130 indefinidos), mientras que la plantilla solo prevé 116 plazas de personal laboral”. Ese mismo 2016, el Patronato recurrió a la contratación de personal laboral temporal: 42 trabajadores en enero y 56 en octubre y noviembre. “En tales casos se incumplió la Ley de Presupuestos Generales del Estado que establece que durante 2016 no se procederá a la contratación de personal temporal (...) salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales”. El informe
afirma que el director de Recursos Humanos no justificó debidamente las contrataciones de acuerdo con la ley vigente.
Quizás, una de las irregularidades más graves sea que “la incorporación de personal de nuevo ingreso, en función de las necesidades de recursos humanos del organismo, se debe articular mediante la oferta de empleo público. Tal oferta debe ser aprobada anualmente por los órganos de gobierno de la entidad. El
Patronato ha incumplido sistemáticamente estos preceptos pues, a pesar de que en la
Agencia Pública había 113 funcionarios interinos y 130 laborales indefinidos, no ha convocado oferta de empleo público. Y precisa que la última oferta de empleo público se aprobó en el ejercicio
1990: “Desde entonces la incorporación de nuevo personal se ha venido efectuando al margen de los cauces ordinarios previstos en la legislación de función pública (oferta de empleo público)”.
La Cámara ofrece datos concretos sobre el acceso irregular de los trabajadores a las plazas: “55 empleados del Patronato (32 funcionarios interinos y 23 laborales indefinidos) han accedido al empleo público sin que se conozca el procedimiento seguido para ello, pues el propio organismo no tiene información sobre el sistema de acceso que, en su momento, se utilizó para su incorporación al Patronato.
También hay 9 funcionarios interinos y 10 laborales indefinidos, en total 19 trabajadores, que se incorporaron a la organización mediante una entrevista personal. En todos estos supuestos (un total de 74 trabajadores de los 331 que trabajaban en la Agencia pública a 31 de diciembre de 2016, que representan el 24% del personal del Patronato) se han incumplido los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad y los de transparencia, imparcialidad, independencia y agilidad”.
Acto seguido el propio informe
hace sus valoraciones: “Debido a la importancia de los incumplimientos descritos en el párrafo
Fundamentos de la opinión de cumplimiento desfavorable, la gestión recaudatoria llevada a cabo por el Patronato de Recaudación Provincial de Málaga no resulta conforme con la normativa que le es de aplicación”. Sobre la gestión de los recursos humanos, se afirma: “El Patronato de Recaudación Provincial de Málaga carece de un instrumento de planificación de sus recursos humanos que permita la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad, tal y como establece el artículo 69 del Estatuto Básico del Empleado Público. Tampoco existe una estrategia de recursos humanos, pues no se han implantado de manera adecuada instrumentos de gestión para supervisar y evaluar el impacto del desarrollo profesional del personal al servicio del Patronato.
El número de empleados del Patronato que tiene la condición de personal estable o fijo (funcionarios y laborales fijos) representa el 19% (64 funcionarios y 4 laborales). El 81% restante se encuentran en una situación de provisionalidad o inestabilidad [funcionarios interinos (113), laborales indefinidos (130) y temporales (55)], aunque vienen desarrollando funciones de naturaleza estructural y de carácter permanente”. Sobre la escasa cualificación del personal laboral, dice el informe: “Solamente el 8% de las plazas requieren para su desempeño una titulación universitaria (grupos A1 y A2 de funcionarios y la categoría 1 de laborales). Por el contrario, para el 83% de las plazas del organismo se exige solamente el graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente (grupo C2 de funcionarios y categoría 4 de laborales). Esta circunstancia contrasta con la naturaleza compleja, técnica y específica de las funciones que asume la Agencia
pública (asesoramiento jurídico, técnico y económico a los ayuntamientos en materia de tributos, formación y mantenimiento de los padrones, liquidaciones tributarias, inspección tributaria, recaudación en periodo voluntario y en vía de apremio, embargo de bienes y derechos de los obligados tributarios, etc.). La situación de precariedad del 81% del personal al servicio del Patronato, así como la escasa cualificación que se exige a los trabajadores para el desempeño de sus funciones, ponen de manifiesto la falta de una adecuada estrategia en materia de recursos humanos que se lleva prolongando en el tiempo, prácticamente desde la creación del organismo”.